(NOTI-RIO) Transcurrieron ya veintisiete años de los asesinatos de Sergio Sorbellini (19) y Raquel Lagunas (17) ocurrido un día como hoy en 1989.El hecho que todavía continua impune, a pesar que por el trabajo realizado por la comisión policial (1997-2001) el caso estaba esclarecido policialmente, aunque presumiblemente intereses políticos como privados permitieron que los autores materiales e intelectuales de los aberrantes asesinatos que conmocionó a la provincia continúan gozando de impunidad.
Los distintos gobiernos de turnos, tantos provinciales como locales, en fechas cercanas a lo electoral impulsan el caso con falsos movimientos, que terminaron por desilusionar los corazones de la población.
Al remontarnos a aquel 12 de marzo de 1989, Sergio fue ultimado con varios balazos a unos dos kilómetros del casco céntrico, en un descampado muy cerca del ex basural, mientras que Raquel murió varias horas más tarde luego de soportar larga tortura.
Sus cuerpos fueron hallados al día siguiente por un tío del muchacho.Desde ese momento los funcionarios policiales de la Unidad Once, con la complicidad de las fuerzas judiciales y políticas comenzaron a escribir las páginas más tristes en la historia, que llegó a sacudir algunos cimientos de las principales instituciones provinciales.
En 1998, como hecho inédito, se conformó una Comisión Investigadora Legislativa que a su vez llevó la creación de la comisión policial que se dedicaría exclusivamente a la causa.
Los datos recogidos por “NOTI-RIO”, hasta ahora desconocidos, dan cuenta que los responsables constituidos ocho años después de los asesinatos, trabajaron durante casi 4 años y llegaron a reunir testimonios inéditos de unas 85 personas.
Todos las pruebas recolectadas vinculan como testigos a los dos jóvenes, victimas con el contrabando de ganado al sur de la barrera sanitaria del Rìo Colorado, conjuntamente con el paso de droga.
Tras el exhaustivo trabajo de la Comisión Policial se llegó hasta una mujer, bahiense, empresaria de la noche apodada “la Tana”, que tras un largo como peligroso proceso de investigación, señaló a uno de los tres posibles “sicarios” que fueron contratados para “hacer el trabajo de limpieza”.
Dentro de los expedientes establece que a Sergio lo mataron en el mismo lugar donde se encontró, mientras que Raquel fue trasladada a otro sitio cercano, donde fue torturada, debido a que tenía quemaduras en su cuerpo y hasta orina. Por falencias en las pericias como en las autopsias, nunca se pudo determinar si existió abuso sexual contra la chica.
El trabajo de investigación apunto a uno de los sospechosos, Ceferino Horacio Ledesma por entonces con 37 años, quièn cuenta con un “pesado y frondoso prontuario policial.”El hombre había estado preso en Sierra Chica y en Florencio Varela por consumo de droga, robo a mano armada, portación de armas y asesinato.”
En enero de 2001, Ledesma había sido detenido nuevamente en la localidad de Gervasio Pavón, en Morón, por la Policía local y fue trasladado a Roca luego que el entonces, juez de la causa Juan Torres emitiera la orden de detención en su contra.
Los registros indican que la comisión de cinco efectivos policiales encargados de ir hasta la localidad Bonaerense, para traerlo para declarar en la causa frente al Juez, “fue como carne de cañón”.
Los uniformados viajaron a buscar a “Un testigo clave y no a un pesado”, sin los resguardos correspondientes, ni el vehículo adecuado y prácticamente desarmados.
Durante el interminable viaje de regreso desde Morón hasta Rio Colorado, intervino Monseñor Laguna, quién influyó para garantizarles un “viaje seguro.”, aunque los agentes igualmente debieron soportar reiteradas amenazas de muertes y de sobornos.
Varias fueron los trascendidos y sospechas, los motivos que llevó a reunir en el puesto caminero de ruta 22 , a una multitud ansiosa de personajes públicos, entre los que se encontraba toda la cúpula mayor de la Policía de Rio Negro, integrantes del gobierno de Pablo Verani y varios legisladores Rionegrinos, para recibir a una comisión estresada que trasladaba a un testigo, durante la madrugada del viernes 26 de enero del 2001,
Tras un breve descanso, llevaron a Ledesma hasta la alcaldía de Choelel Choel a descansar y a media mañana lo trasladaron hasta Roca, donde lo esperaban para tomarle declaración.
Otro dato revelador da cuenta que el cuestionado ex Juez de la Causa Juan Torres, horas antes de tomarle la declaración al detenido, habría recibido una contundente amenaza contra la vida de un hijo y su novia que en esos momentos estudiaban en La Plata.
La primera indagatoria practicada a Ledesma, lo situaba en el lugar de los asesinatos en 1989, tras su propia imputación, brindó nombres de sus otros dos cómplices que llegaron a esta localidad para “cumplir con el trabajo” y dio los nombres de las personas que los contrataron y que le pagaron para cometer los delitos.
Sospechosamente el detenido tras la declaración fue trasladado y alojado en un destacamento policial de la ciudad de Cipolletti, de donde “se escapa durante la madrugada” y nunca más se lo buscó.
Cuando Ledesma fue detenido en Morón, había afirmado en un escrito de puño y letra que estuvo en el lugar del crimen, que había visto todo y conocía al autor de las muertes, después desde la justicia se informó que el detenido y después fugado se habría comprobado que su versión era falsa y que todo había sido para cobrar la recompensa.
Desde ese momento la causa se paralizó y solo se utiliza esta fecha como un recordatorio de la impunidad.
ULTIMOS MOVIMIENTOS
El último movimiento fue en 2014 cuando el ex ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Oscar Albreiu, llegó a Río Colorado y junto al ex intendente Carlos Pilotti, anunciaron con bombos y platillos “la reapertura del caso con la conformación de una Comisión de Seguimiento para esclarecer el crimen”
Con el trascurso de los días todo se fue diluyendo, para terminar en un nuevo fracaso más.
LA COMSION POLICIAL
La comisión policial que trabajó en el caso contó con 4 integrantes, hoy dos de ellos se retiraron de la institución, uno falleció y el cuarto que aún está en actividad, Pedro B. con 26 años en la fuerza, llamativamente desde el año pasado afronta una causa menor por supuestos apremios, que puede llegar a ser exonerado de la Policía.
La comisión legislativa que trabajó en la revisión de la causa, estuvo integrada por Eduardo Chironi (Frepaso), Alcides Pinazo (PJ) y Marta Mayo (UCR),
CADENA DE SOSPECHAS
El entonces juez de Instrucción Fernando Bajos, al mando de la deficiente investigación policial, ordenó la detención de Mario González y Raúl García que posteriormente un juicio oral en 1990 los condenó a prisión perpetua, mientras que Fabián Llavel fue declarado inocente.
Tres años después los detenidos fueron liberados al comprobarse su inocencia y el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro comprobó que los habían incriminado con pruebas falsas, las pericias balísticas habían sido adulteradas, nunca se les había hecho una autopsia a las víctimas y las actas policiales habían sido manipuladas.
Pedido al Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra los jueces de la Cámara III del Crimen de Roca, Aldo Rolando, Raúl Bosch y Rafael de la Rosa. Ellos juzgaron y condenaron, en 1990, a Mario González y Raúl García, declarados inocentes y dejados en libertad en 1992, por gruesas irregularidades en el proceso.
Fue destituido el juez de primera instancia Fernando Bajos, y procesados los policías Andrés Ferreras por mentir en las autopsias de los dos cuerpos en la que nunca participaron. El perito balístico Julio César Arriola.
Y cinco policías acusados de “asociación ilícita” porque presuntamente se confabularon para realizar el “ocultamiento o destrucción de pruebas” como los comisarios Juan Carlos Moyano y Rodolfo Bohlman, el comisario inspector retirado Héctor Almendra; y los suboficiales Viterbo Castro y Raúl Reynaldo Pérez.
