(NOTI-RIO) Momentos acalorados de intercambios de opinión, fue lo que se vivió en la tensa reunión informativa para conocer los alcances de la presentación del proyecto echo por el FpV, de la modificación a la ordenanza fiscal e impositiva para cobrar derechos de publicidad y propaganda, que llegaba a recaer al comerciante.
Conformaron la misma un centenar de comerciantes, encabezados por las autoridades de la Cámara de Comercio, el presidente de la Federación de los comerciantes, ediles del Concejo Deliberantes e integrantes del ejecutivo municipal.
Las mayores críticas fueron apuntadas sobre el edil Martín Castro (FpV) y llegaron hasta el secretario de gobierno Marcelo Casalla.
Una vez leído a los presentes en su totalidad el proyecto original del expediente 7430 que aplicaba los distintos valores a la cartelera en el exterior y en el interior de los comercios, el presidente del bloque del oficialismo (Martín Castro) con varias documentaciones en mano y fotocopias de cheques cobrados por otras municipalidades, contraatacó manifestando que “Está en vigencia la ordenanza 212/78 y una modificación en la ordenanza 1309/10 que ya fijaba estos gravámenes” y trató de justificar el texto presentado la semana pasada “No la presentamos con las modificaciones que se les están haciendo, porque nos acusarían a mí (Castro) y a Luciana Olivi de corporativos”
A su turno Darío González (Cámara Comercio) expresó “La mayoría de las publicidades de firmas nacionales que están puesta por los comerciantes son cuestiones estéticas y lo más probable que cuando a la firma se la notifique para cobrarle ese espacio las hagan sacar o la tendrá que pagar el comercio. Tendrían que hacer un estudio más profundo para ver que los puntos que se fijen en la ordenanza no recaiga contra el comercio y tengan en cuenta que los carteles que tienen iluminaciones, en muchos casos es la luz de la cuadra que bastantes oscuras están”
A pesar de las distintas modificaciones que ya se realizaron al proyecto original, continuaron sin conformar a los comerciantes que en forma unánime pidieron que se de marcha atrás con el proyecto.
Mientras que desde el bloque FpV propusieron incorporar a distintos sectores a la comisión de hacienda para seguir colaborando en más modificaciones y con la presión ejercida en el recinto dejaron deslizar que se podría llegar a dejar en el “Freezer” la puesta en vigencia, si continúan las quejas.