La Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura aprobó el dictamen del proyecto de declaración para manifestar el “más enérgico repudio a las amenazas anónimas realizadas al cura Cristian Bonin, de la localidad de Choele Choel, y solidaridad con todas las personas que se han sentido intimidadas por acompañar el reclamo para que se esclarezca lo sucedido con relación a la desaparición de Daniel Solano”.
La iniciativa es impulsada por los legisladores Marcelo Mango, Carina Pita, Nicolás Rochás, Elvin Williams, Raúl Martínez, Jorge Vallazza, Mario Sabbatella y María Grandoso.
Durante agosto, el párroco Cristian Bonin denunció haber sufrido “una seguidilla de amenazas e intimidaciones anónimas, a través de persistentes llamados telefónicos y actos vandálicos, por su compromiso y apoyo a la familia de Daniel Solano”.
Según los legisladores, las amenazas incluyeron el ingreso de desconocidos a la Capilla del Santísimo Sacramento, quienes defecaron en el lugar y con las heces escribieron expresiones ofensivas e insultos contra su persona. También denunciaron en su nombre el supuesto robo o extravío de su teléfono móvil, lo que originó que la línea fuera inhabilitada. Es decir que personas ajenas a su entorno poseen los datos personales del religioso.
El párroco local, Cristian Bonin se presentó ante la Justicia a denunciar haber sido víctima de “aprietes” , que relacionó con su actuación en favor del esclarecimiento de la desaparición del trabajador salteño, Daniel Solano.
Según trascendió “en los últimos diez días aproximadamente ha recibido múltiples llamadas al teléfono fijo de la parroquia desde distintos números donde en algunos casos se escuchan respiraciones y toses”, y en otros no se escucha nada.
También hubo un ingreso a la capillita del Santísimo en la parroquia, donde han defecado y escrito ofensas dirigidas a su persona.
Finalmente el viernes a la noche alguien denunció en su nombre y seguramente con muchos datos personales el extravío o robo de su celular y la compañía lo dio de baja. El cura ha sido desde su llegada un acompañante permanente de la familia de Solano y de los abogados Sergio Heredia y Leandro Aparicio.
Se espera la decisión de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la competencia de la causa. Si la decisión es que vaya al fuero judicial federal se debería en gran parte de la causa volver a cero. Si en cambio recae en el fuero provincial podría ser elevada a juicio oral. Pero, además, desde el máximo organismo de justicia del país se le ordenó al poder judicial de Río Negro seguir investigando el caso.