El plan Castello que la Legislatura de Río Negro analiza en sesión esta misma mañana es una buena idea. Aunque nada indique por ahora que pasará de ser sólo eso.
El debate en comisiones del empréstito se centró en el listado de obras que supuestamente se harán cuando lleguen los 580 millones de dólares, cómo se repartirá el dinero entre la Provincia, los municipios y los comisionados de fomento, qué parte se devolverá y cuál absorberá el Estado rionegrino.
En fin… un bello y enorme castillo de cristal. ¿Y a quién no le gustan los castillos de cristal? Salvo que suelen ser producto de la fantasía más que de la ingeniería o la política.
Pocas referencias han estado dirigidas a las posibilidades reales de que alguna entidad financiera le otorgue a una provincia endeudada y deficitaria un crédito millonario o –lo que es lo mismo- adquiera los bonos que emita, a cambio de recibir en su momento parte de la coparticipación federal de impuestos o las regalías hidrocarburíferas, hidroeléctricas y mineras.
Hace apenas un par de meses, cuando se trató el presupuesto para este año, el gobierno rionegrino culpó del déficit del 2016 a que el Ejecutivo Nacional le había enviado menos coparticipación de la prevista. Allí radicaba –según Weretilneck y su gente- el problema registrado en el funcionamiento de los organismos públicos y las dificultades para cumplir con las mínimas obras y mantenimientos previstos. Es más: el presupuesto 2017 no incluyó obras grandes. Sólo algunas de mediano costo. ¿Cómo entender que, ahora, proponga reducir voluntariamente esos ingresos provinciales durante años -para lo que le resta de gestión al gobierno actual y para varios de los que vendrán-?
Para el gobierno de Alberto Weretilneck, en un año electoral, el proyecto del Plan Castello le permitió salir a prometer obras transformadoras para el desarrollo provincial, algo que ha sido marcado como un déficit de su gestión. Hasta ahora, en los casi cinco años y fracción que lleva de gobierno, se ha limitado a administrar un Estado sobredimensionado en su estructura de personal, engrosándola cada vez más, y sin lograr siquiera eficiencia en la gestión.
El aval de los intendentes era indudable. ¿Cómo oponerse a una promesa semejante? Es lo que han estado reclamando hasta ahora, todo junto y más aún. El año electoral también pesa para ellos, y la situación financiera de las comunas les impide a la mayoría de ellos contar con un plan de desarrollo que pueda alentar el voto de los contribuyentes.
Y, para la oposición, una trampa. Aun cuando crean que el gobernador está “vendiendo humo”, como suele decirse, no resulta cómoda ante sus propios intendentes y militantes la posición de negarse a aprobar un proyecto que –si se cumpliera- mejoraría la calidad de vida de mucha gente.
Por la oportunidad en que fue planteado y por la magnitud extraordinaria del objetivo que se propone, el Plan Castello recuerda aquel fantástico programa de irrigar cinco nuevos valles en la provincia, presentado por el entonces gobernador Miguel Saiz al final de su segundo mandato. ¿Se acuerdan? Proponía cederles por un montón de años 200 mil hectáreas a la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang para que realizara las obras para regar esas tierras, y le pagaría con la soja que se produjera, les quitaría impuestos. En realidad, Saiz buscaba –después de un gobierno gris- generar optimismo de futuro para mejorar las posibilidades electorales de su candidato a sucederlo que –tal vez tampoco se acuerden- era el bolsonense César Barbeito.
En definitiva, es probable que, hoy, Río Negro tenga una nueva ley. Llevará el número 5201 o 5202. Que deje de ser un texto escrito y pase a convertirse en realidad hará falta mucho, pero mucho, mucho más que el gesto de levantar la mano en un recinto por parte de una mayoría especial de legisladores de Río Negro.
Mientras tanto, será un hermoso castillo… de cristal.
Alicia Miller.