La disputa del Gobierno con los gremios sigue activa. Tras la marcha de la CGT a Plaza de Mayo contra las políticas oficiales, Mauricio Macri tomó de inmediato cartas en el asunto y con el afán de demostrar su poder, le quitó el manejo de la caja de las obras sociales a los sindicatos y desplazó a dos funcionarios cercanos a los referentes gremiales: Luis Scervino y Ezequiel Sabor. Sin embargo, parece que estas no van a ser las únicas consecuencias ya que desde el Ejecutivo exploran los caminos institucionales para hacer públicos los patrimonios de los jefes de las prepagas sindicales.
La búsqueda de un método para exponer las declaraciones juradas de los titulares de los sindicatos encontró una vía de investigación este fin de semana. Se trata de la Ley de Obras Sociales (23.660), cuya resolución de reglamentación de 1993 obliga a sus directores y administradores detallar los bienes que componen su patrimonio en un sobre cerrado ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
En el escenario de confrontación abierto, el Gobierno primero comprobará si la imposición se viene cumpliendo y analizará medidas para dar a publicidad esa información. En este sentido, la Oficina Anticorrupción recomendó un nuevo decreto para equiparar la presentación a la de los funcionarios públicos; mientras seguirán afinando la búsqueda.
Desde el oficialismo mantuvieron que podría ser un buen comienzo, más allá de que con el marco legal actual los datos no son públicos y en muchos casos no alcanzarían directamente a los jefes gremiales. Aunque algunos pesos pesado como Hugo Moyano figuran en el directorio.
El ex titular de la CGT y titular de la obra social Camioneros fue uno de los que quedó enfrentado a la Casa Rosada luego de la manifestación del martes, con su hijo Pablo como uno de los fogoneros y con discurso más encendido, pese a que los canales de negociación no se cortaron del todo.
“Los que manejan recursos públicos de los trabajadores deben presentar sus declaraciones juradas, por ahora no está contemplado en la ley. El Estado tiene la información sobre los administradores de las obras sociales y en principio lo que se está estudiando es cómo hacerla pública”, explicó a Clarín uno de los abocados a esa tarea.
“La mejor solución sería avanzar con una ley del Congreso”, sostuvo otro funcionario encargado del análisis, aunque en caso de ponerse en marcha ese recorrido sería más trabajoso.
La diputada Elisa Carrió presentó el año pasado una iniciativa para que las autoridades de las organizaciones gremiales, las empresariales y las obras sociales presenten sus declaraciones juradas de los cinco períodos fiscales anteriores a la sanción de la ley, aunque no avanzó su tratamiento.
La tenacidad en el control de los fondos de los sindicatos (sólo la Superintendencia maneja un presupuesto de unos $7.000 millones anuales) como respuesta al reclamo de la CGT ya se había demostrado con la designación de los reemplazantes de Ezequiel Sabor -ex viceministro de Trabajo, con vínculos con Luis Barrionuevo y Moyano- y Luis Scervino, hombre de José Luis Lingeri desplazado de la SSS.
En el primer caso Macri eligió a Horacio Pitrau, impulsor del voto electrónico, el cumplimiento del cupo femenino y otras medidas para transparentar las elecciones sindicales. Al frente de la millonaria caja de las obras sociales quedó Sandro Taricco, también hombre del ministro Jorge Triaca y con el antecedente de haber trabajado en el PAMI con Graciela Ocaña.
“El Presidente trazó una raya entre los que están dispuestos a construir futuro y los que se atan al pasado y a las prebendas”, alertó Triaca. En la Casa Rosada celebraron el escenario que alumbró la marcha en plena etapa electoral.
“Si nos peleamos con los gremios de inmediato subimos 10 puntos”, se envalentonaba un ministro cuando todavía el Gobierno buscaba frenar la protesta. Lo que generó después un incremento visible de la confrontación, se verá hasta qué punto.