Vialidad Nacional presentó una demanda por daños y perjuicios contra Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner (primo de Néstor) y Lázaro Báez, entre otros imputados, por $ 22.500 millones, a modo de resarcimiento “por el daño ocasionado por los hechos de corrupción”.
El número es en concepto de las obras otorgadas al empresario K que nunca concluyó. El pedido se hizo ante el juez Julián Ercolini, quien aceptó al organismo que dirige Javier Iguacel como “actor civil” en la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral, del empresario santacruceño.
Vialidad Nacional había denunciado el desvío de fondos a favor de Austral Construcciones y otras firmas del holding. Y ahora, como actores civiles, exigen el resarcimiento “por el daño causado por el accionar de los ex funcionarios y Báez desde 2005 a 2015”, reiteró Iguacel.
Así, con una extensión de 300 páginas, el organismo Vial que depende del Ministerio de Transporte presentó la primera parte de la demanda ante Ercolini por daños y perjuicios. Explican que es “por las obras que se financiaron con fondos públicos y nunca concluyeron generando pérdidas para el Estado”.
La exigencia del resarcimiento económico, algo que había anticipado Clarín, se realiza después de que el juez Ercolini los aceptó como “actor civil” en la causa donde se investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. En dicho contexto, se realizó la demanda como instancia previa para que la misma sea elevada a juicio oral y público.
Según describieron los fiscales de la causa Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes ya pidieron la elevación a juicio, se instauró una “maniobra de corrupción” desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con los cuales “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez”.
Fueron 52 contratos por más de $ 46 mil millones, “plagados de irregularidades”. A modo de resarcimiento, las nuevas autoridades de Vialidad Nacional reclaman 22.500 millones de pesos de los fondos que percibió Báez.
Para determinar la suma del resarcimiento de la demanda que se sumó a la causa penal, se realizó un peritaje que se incorporó a la causa del que participó un organismo técnico, especializado y la UBA. Se tuvo en cuenta el dinero volcado a favor del Grupo Austral, las obras no concluidas, los años que se presupuestaron, daños ocasionados por el retraso en las mismas, y los costos administrativos, entre otros aspectos.
Ahora, el juez Ercolini les dará tres días a todos los acusados para que se notifiquen de la demanda realizada por Vialidad, y después la causa será elevada a juicio oral y público.
