Monotributistas, jubilados y trabajadores informales: el detalle de los bonos que anunciaron el Presidente y Guzmán

El presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciaron esta tarde un paquete de bonos para reforzar los ingresos de monotributistas, trabajadores informales y jubilados, en un intento por compensar parte de la caída generada por el alza de la inflación. El ministro confirmó además que, para financiar el bono, el Gobierno planea imponer un nuevo impuesto. Aunque no lo definió de ese modo. En palabras de Guzmán, se tratará de “un mecanismo para poder capturar parte de la renta inesperada producto no de inversiones, sino del shock que implica la guerra en Ucrania”.

Los trabajadores “informales y monotributistas: $18.000 lo recibirán en 2 cuotas; para quienes perciben hasta 2 Salarios Mínimo Vital y Móvil – categorías A y B del Monotributo; el Bono para jubilados: $12.000 en 1 cuota, para quienes perciben hasta 2 jubilaciones mínimas”. En este caso, “complementa el bono anterior otorgado de $6.000 y de esta manera se equipara con el bono que se otorga a las y los trabajadores”.

Cabe recordar que la jubilación mínima se ubica actualmente en $32.630 y el salario mínimo en $38.940.

El anuncio se concretará en una conferencia prensa encabezada por Martín Guzmán, que estára acompañado por los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, donde el Gobierno anunciará esta tarde una serie de anuncios de refuerzo de ingresos para trabajadores de bajos recursos.

El anuncio en principio está programado para alrededor de las 18, según dijeron fuentes a Infobae. El universo de destinatarios todavía es difícil de precisar. Lo que es claro es que será mucho más limitado que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), cuyas tres rondas en 2020 alcanzaron cada vez a cerca de 9 millones de personas.

En pasillos oficiales aclaran que la cantidad de beneficiarios será considerablemente menor. Que se busca un ingreso de emergencia para trabajadores de bajos recursos, monotributistas, empleados en negro y hasta personas que perciben el salario mínimo serían el blanco de la iniciativa.

Los anuncios tienen que ver con lo que estuvo trabajando el ministro junto a su equipo durante el fin de semana en Chapadmalal, en la costa bonaerense. “Es para mejorar los ingresos de los trabajadores”, aclararon desde cerca de Guzmán.

En pasillos oficiales aclaran que la cantidad de beneficiarios será considerablemente menor al del IFE. Que se busca un ingreso de emergencia para trabajadores de bajos recursos, monotributistas, empleados en negro y hasta personas que perciben el salario mínimo serían el blanco de la iniciativa

Se trata de una medida de emergencia activada por el Poder Ejecutivo tras conocerse el dato de inflación de marzo, de 6,7%, que marcó un récord en los últimos 20 años en términos mensuales. El Gobierno teme que la escalada inflacionaria de los últimos meses se traduzca en un desplome del poder de compra de los salarios.

Para eso, por un lado, juntó a gremios y empresarios para acordar un adelantamiento de las negociaciones paritarias de una veintena de sindicatos claves que marcan el ritmo de los reajustes salariales en el universo laboral registrado. Por otra parte, aceptó anticipar las conversaciones con gremios de empleados públicos para buscar una recomposición de ingresos de ese sector.

Quedaba, como sector más desprotegido, la porción del mercado laboral que trabaja de manera informal. En la Casa Rosada admitían hasta hace pocas semanas que las posibilidades de conseguir un efecto positivo concreto sobre este segmento laboral es muy limitado, incluso con una actualización del salario mínimo.El Gobierno busca evitar un desplome en el poder de compra de los salarios por la aceleración inflacionaria (REUTERS)

Por esa razón, el ministro Guzmán adelantó la semana pasada -en su primera reaparición pública tras los trascendidos de cambios en el gabinete que incluían al Ministerio de Economía- que su equipo trabajaba en una medida para recomponer salarios para los sectores más vulnerables, y que eso sería financiado con una modificación tributaria para que el Estado pueda recaudar parte de lo que Guzmán llamó la “renta inesperada” de algunos sectores por el shock de precios internacionales que siguió a la guerra en Ucrania.

El Gobierno blindó los detalles sobre cómo operaría ese cambio impositivo para financiar las nuevas medidas salariales de emergencia, aunque por la naturaleza de esa decisión, el oficialismo descuenta que deberá hacerlo pasar por el Congreso, lo que implicará una parada difícil para el Frente de Todos. No solo por los propios problemas internos de la coalición de gobierno, sino porque la oposición ya se manifestó en contra de la creación o incremento de impuestos.

Este lunes el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta mencionó que “ante las intenciones del Gobierno Nacional de crear un nuevo impuesto o subir uno existente que gravaría la ‘renta inesperada’, quiero dejar claro que estamos absolutamente en contra y que cuando llegue al Congreso lo vamos a rechazar”.

El Gobierno aún no dio pistas sobre qué considerará como “renta inesperada”. Solo la definió como aquella que tuvo lugar para determinados sectores (agroindustrial, minería o energía) por el salto de precios internacionales como consecuencia del conflicto bélico en el este europeo

“La Argentina no soporta un impuesto más a la producción. No hay más margen para aumentarles tributos a los que trabajan, quieren invertir y generar empleo. Es exactamente al revés, hay que dejarlos producir, crecer y poner en movimiento la rueda. El Gobierno tiene que hacerse cargo de la realidad económica, dejar de poner parches que no resuelven los problemas de los argentinos y construir un plan económico claro que marque un rumbo sostenible de crecimiento”, dijo Rodríguez Larreta.

El Poder Ejecutivo no dio pistas sobre qué tipo y tamaño de ganancias considerará como “renta inesperada”. Solo definió como ingresos “extraordinarios”, a aquellos que tuvieron lugar para determinados sectores (agroindustrial, minería o energía) por el salto de precios internacionales como consecuencia del conflicto bélico en el este europeo y que no responden a incrementos en la inversión o en aumentos en la productividad o contratación de personal.

El alcance de las nuevas medidas, se espera, será más limitado al que tuvo durante la primera parte de la pandemia el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que alcanzó a 8,9 millones de personas.

De ese universo total, según datos oficiales, a unos 2,4 millones el IFE les correspondió solo por el hecho de cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH). La mayor parte de las personas que cobraron el ingreso de emergencia fueron trabajadores informales o desocupados. Este sector explicó seis de cada diez IFE pagados por Anses. Otro 27% fueron beneficiarios de AUH y AUE, 700.000 son monotributistas, 180.000 empleados de casas particulares y 120.000 titulares del plan Progresar.

Como anticipó LA NACION, los bonos para los trabajadores se pagarán en dos cuotas mensuales de 9000 pesos y no en un solo aporte. Para los jubilados el aporte será de 12.000 pesos, que se sumarán a los $6000 que ya cobraron.

“¿Dónde sentimos que está fallando nuestro proyecto? En la distribución, porque la inflación se come gran parte de los aumentos salariales que se han dado y los incrementos que se han fijado para los sectores más vulnerables. Lo que estamos haciendo es atacar ese problema. Y con políticas que anunciaremos en los días sucesivos iremos viendo cómo atacamos la génesis de la inflación”, sostuvo Fernández.

“Excepcional”, fue una de las primeras palabras que pronunció Guzmán al iniciar su presentación sobre los nuevos bonos en el salón Blanco de la Casa Rosada. “Tienen como objetivo evitar que este shock que está sufriendo la economía argentina y mundial tenga consecuencias desigualadoras”, advirtió.

“Las dos cuotas [de $9000 para los trabajadores activos] serán pagadas en los meses de mayo y junio”, agregó el ministro. “Los jubilados y jubiladas que reciban hasta dos jubilaciones mínimas recibirán un bono de $12.000 pesos en mayo”, completó.

El otro capítulo de anuncio pasó por la necesidad de financiar los bonos. Allí se centra la expectativa sobre la implementación de un nuevo impuesto en torno a la “renta inesperada” que, según argumenta el Gobierno, tuvieron algunos sectores. No se trata solo del campo, como se especuló tras la entrevista que dio el ministro el lunes. Será más amplio, según pudo saber LA NACION y confirmó hoy Guzmán.

“El universo se enfocará en empresas que tengan ganancias netas superiores a los 1000 millones de pesos”, adelantó. “La ganancia neta imponible real tiene que haber aumentado de forma significativa en 2022, lo mismo que el margen de ganancia”, agregó. Pero aclaró que si esa renta inesperada se canaliza en inversiones, la imposición del fisco será menor. No dio mayores precisiones.

En el anuncio, que se realizó en el salón Blanco de la Casa Rosada, contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el canciller Santiago Cafiero; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, entre otros. Entre los empresarios se hizo notar la presencia de Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina.

Además, asistieron a la Casa de Gobierno el líder camionero Pablo Moyano y uno de los referentes del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. También se sumaron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), que volvió a mostrarse con el Presidente después de la duras críticas que lanzó las últimas semanas, y Jorge Capitanich (Chaco).

Tras la presentación de la medidas, Zabaleta y Moroni ofrecen una conferencia de prensa.

El paquete de medidas fue analizado el fin de semana por Guzmán con su equipo en un retiro en Chapadmalal. Allí estuvieron Melina Mallamace, su jefa de Gabinete; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias; el secretario de Política Económica, Fernando Morra; el secretario de Energía, Darío Martínez (vía Zoom); el subsecretario de Programación Regional, Agustín Lodola; Demian Panigo, director de YPF, y Santiago López Osornio, subsecretario de Planeamiento Energético (responsable de la segmentación de tarifas), entre otros.