(NOTI-RIO) La UATRE cerró un incremento del 31,61% para la cosecha 2025-2026 bajo la estricta vigilancia del Gobierno Nacional. Mientras el gremio respira aliviado por empatar a la inflación, los pequeños productores denuncian que el aumento es “impagable” y se preparan para una batalla legal.
La temporada de cosecha en los valles de Río Negro y Neuquén ya tiene su primer gran conflicto definido, antes incluso de que la primera pera caiga del árbol.
En una negociación virtual marcada por la tensión y el rigor técnico, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) selló un acuerdo salarial del 31,61%, una cifra que parece conformar a las planillas del Ministerio de Economía, pero que profundiza la grieta entre los eslabones de la principal industria regional.
El acuerdo, que tendrá vigencia hasta el mes de abril, no fue producto del libre albedrío entre las partes. Omar Figueroa, delegado regional de la UATRE, fue honesto al reconocer que el gremio debió retroceder en su pretensión inicial del 33%.
“Era muy difícil llegar a ese número. El Gobierno no iba a aceptar dejar un antecedente de un acuerdo por encima de la inflación”, admitió el dirigente. Sin embargo, para el sindicato, el balance es positivo: “Estamos conformes porque logramos ponernos a la par de la inflación. En abril veremos cómo seguimos”.
Con este incremento, se estima que un jornalero de cosecha percibirá, sumando adicionales por zona fría y presentismo, un valor diario que oscilará entre los $43.000 y $45.000. Una cifra necesaria para el bolsillo del trabajador, pero que enciende las alarmas en las chacras.
La nota discordante -y preocupante para la paz social- la dio la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén. Por segundo año consecutivo, la entidad se negó a firmar el acta.
Para los pequeños y medianos productores, el costo laboral (que representa el 60% de sus gastos operativos) ha llegado a un punto de no retorno.
Sebastián Hernández, referente de la Federación, ha sido categórico en sus círculos: la rentabilidad del eslabón primario no soporta un incremento de esta magnitud sin una mejora en el precio que reciben por la fruta. Se espera que el próximo lunes, cuando la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) y el gremio formalicen el acta, la Federación presente una denuncia formal ante la Secretaría de Trabajo para impugnar la obligatoriedad del acuerdo.
Por su parte, el sector exportador nucleado en CAFI ha optado por un silencio estratégico. “No emitimos declaraciones sobre las paritarias en desarrollo ya que las mismas pueden dificultarlas”, señalaron escuetamente.
No obstante, en el sector se sabe que las grandes empresas priorizan garantizar la mano de obra para no frenar la logística de exportación, dejando al pequeño productor en una situación de vulnerabilidad extrema.
