Los expedientes denunciados por irregularidades en la contratación de empresas para refacciones en escuelas por parte del ministerio de Obras Públicas están reemplazándose por actas de apertura, preadjudicación, y se está agregando documentación faltante. Así lo denunció el legislador de la Concertación Leonardo Ballester ante el Ministerio Público.
Según Ballester, en la cartera que conduce César Del Valle se producen estos nuevos ilícitos “con la sola finalidad de darle al trámite una prolijidad que hoy no tiene”.
El ex intendente radical de Ingeniero Huergo agregó que “la modificación de fechas y contenidos que favorecen la postura de los funcionarios denunciados”, en relación a Del Valle y el secretario de Obras Públicas Marcelo Catini.
El dirigente puntualizó que “vengo a reiterar el pedido de secuestro de los expedientes donde se hayan tramitado las contrataciones directas que irían desde los Nº01/2012 hasta el 40/2012”.
“Vengo a solicitar al fiscal que proponga el allanamiento del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de manera inmediata y sorpresiva, a fin de tomar posesión de los citados expedientes y evitar de esa manera que la principal prueba de la cual consta en la presente causa se diluya”, añadió el legislador de la oposición.
En el final de la presentación ante el Ministerio Público, Ballester pidió que se prevean los testimonios de los administrativos y técnicos del ministerio de Obras y Servicios Públicos “que han intervenido en al confección de los expedientes administrativos, quienes podrán dar cuenta de las adulteraciones que los mismos han sufrido por instrucción de los funcionarios superiores, una vez conocida la presente denuncia”.
La historia
El Gobierno se puso como objetivo iniciar el ciclo lectivo el 28 de febrero. Para ello, le requirió a la Legislatura, abusando de la opulenta mayoría de la que dispone, la sanción de una ley que lo habilitó a contratar en forma directa obras escolares.
En ese contexto, el ministro Del Valle no dudó en apartarse de la normativa exigida para los procesos de contratación de obra pública, y así incurrir en flagrantes violaciones a las normas procedimentales básicas en materia de contratación estatal.
Luego de marchas y contramarchas se decidió ordenar a las empresas que comenzaran los trabajos mucho antes de realizar la apertura de los sobres que correspondían a la compulsa de precios.
Luego continuarían con el trámite administrativo, a puertas cerradas, para lograr regularizar la precaria elaboración administrativa que había en los expedientes formados a tal efecto.
Confesión
El 17 de abril, el ingeniero Marcelo Alejandro Catini le envió una nota a los integrantes de la Comisión de Legítimo Abono con el propósito de justificar su decisión de actuar al margen de la ley.
Sin dar muchas vueltas el secretario de Obras Púbicas sostuvo que “la decisión del suscripto (Catini) de requerir a las empresas preadjudicadas que comenzaran a trabajar en los edificios sin formalizar la contratación mediante la firma de contrato y las garantías correspondientes, obedecía principalmente a la necesidad de dar inicio al ciclo lectivo en la fecha originalmente prevista por el Poder Ejecutivo, pensado para el 28 de febrero del corriente año (sic)”.
A confesión de parte, relevo de pruebas.