Luego de un largo recorrido en el Congreso, Diputados convirtió en ley por unanimidad el nuevo régimen de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. Una vez reglamentado, la normativa dispondrá límites a la jornada laboral y el derecho horas extras, aguinaldo, vacaciones, licencias –por enfermedad, maternidad y exámenes, entre otras– e indemnización por antigüedad. La sanción fue celebrada por representantes de los sindicatos de trabajadoras y reivindicada por todos los espacios, aunque algunos legisladores plantearon la necesidad de promover mecanismos para avanzar con la registración de las empleadas.
La ley también establece la creación de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares (integrado por representantes del Ministerio de Trabajo, de Desarrollo Social, de Economía, de los empleadores y las trabajadoras), que fijará el salario mínimo por tipo, modalidad y categoría profesional, una libreta para las empleadas y un tribunal especial para tramitar las denuncias que hoy recaen en la Justicia laboral. Prohibirá la contratación de menores de 16 años y para los menores de 18 exigirá un certificado médico y limitará la jornada a seis horas diarias y 36 semanales. Para los mayores, no podrá exceder las 8 horas diarias y las 48 semanales. Los empleadores deberán contratar un seguro por riesgos de trabajo y tendrán seis meses para regularizar la situación de las relaciones laborales previas a la vigencia de la ley.
“Es insostenible en el siglo XXI la discriminación de los trabajadores por sus distintas actividades. Esta ley promociona el cambio de pautas culturales. Es oprobioso que escuchemos hablar de servidumbre o sirvientas. Son trabajadoras como las de una industria textil”, abrió el tratamiento el kirchnerista Héctor Recalde. “Es un avance importante en la igualdad de derechos. Sabemos que el 95% de las beneficiarias de esta ley son mujeres, hemos cuidado la letra chica para promover la igualdad de género”, remarcó la radical María Luisa Storani. Algunos diputados plantearon que las modificaciones del Senado implicaron retrocesos en el texto. “Redujeron los beneficios de las asignaciones de seguridad social”, planteó Miguel Giubergia, de la UCR. Alfonso Prat Gay, de la Coalición Cívica, reclamó “un esfuerzo mayor” para avanzar con la registración.
El proyecto tuvo un recorrido de tres años en el Congreso: fue enviado por el Ejecutivo en marzo de 2010, Diputados lo aprobó un año más tarde y el Senado lo modificó en 2012. Representantes de los sindicatos de empleadas celebraron la sanción en los palcos. “Sin nosotros no se mueve el mundo”, decía una bandera. También asistieron a la sesión el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la CGT oficialista, Antonio Caló.