Dos jueces santarroseños le enviaron a la sociedad pampeana el peor mensaje que podía escuchar: dijeron que los funcionarios pueden sustraer fondos públicos, y en algunos casos “sin querer”, con tal de que después de muchos años reintegren el dinero. Con ese bajada de línea se cerró una investigación penal de siete años sobre un caso de corrupción durante el marinismo, la de los 73 “viajes fantasmas” que el Ministerio de Bienestar Social pagó entre 1998 y 2002 a la empresa Swiss Travel y que hoy quedó demostrado que no se hicieron.
De los siete imputados, entre ellos los ex ministros Santiago “Patucho” Alvarez y Marta Elena Cardoso y la ex subsecretaria de Promoción y Asistencia a la Comunidad, Elsa Labegorra, seis serán condenados a penas menores, uno quedará absuelto y ninguno irá preso (ver recuadro).
La votación en la Cámara en lo Criminal 1 fue dividida. La jueza jubilada Elvira Rossetti y el juez sustituto Miguel Gavazza avalaron el arreglo del fiscal Jorge Marcelo Amado y los defensores para aplicar sanciones leves a cambio de aceptar la autoría de los hechos; mientras que el juez titular Carlos Besi se opuso al acuerdo. Este intervino en el proceso en reemplazo de Miguel Vagge, que había sido recusado por Alvarez.
La admisión del acuerdo -anticipado por este diario- fue confirmada ayer en el tribunal. Allí se anunció que la sentencia se conocerá el 10 de julio al mediodía y se explicó que los magistrados puede reducir aún más las penas, y hasta absolver a algún otro acusado, pero nunca imponer sanciones más duras a las negociadas.
La resolución de Rossetti y Gavazza -ex candidato a gobernador por el radicalismo y ex asesor del presidente del PJ, Rubén Hugo Marín, cuando era senador- va en contra de lo que dijo el propio Poder Judicial cuando hace algo más de dos años puso en marcha el nuevo Código Procesal Penal. En aquella ocasión se anunció que se priorizarían, para llevar a juicio oral y público, las causas de trascendencia social por sobre los hechos menores.
Amado prefirió negociar a través de un juicio abreviado porque entendió que con las pruebas reunidas en el expediente no había certezas de que los ex funcionarios fueran condenados en un juicio oral y público. El arreglo incluyó hasta el cambio de carátula por la que habían sido procesados. Su estrategia fue respaldada por el Ministerio Público ya que desde allí nadie alzó una voz en contra.
Desvío de caudales.
La causa de los “viajes fantasmas” es un desprendimiento de la investigación por enriquecimiento ilícito contra Alvarez, ex ministro de Bienestar Social, que aunque se inició antes todavía no llegó a juicio. El ex juez instructor Jorge Luis Howe la abrió a partir de documentación secuestrada en Casa de Gobierno, y a fines de 2006 dictó los procesamientos por asociación ilícita -o sea por ser parte de una banda conformada para cometer delitos- y peculado (sustraer caudales públicos).
A Labegorra la responsabilizó de casos de 64 peculado (cada viaje fue considerado como un hecho independiente); a Alvarez de 3; a Cardoso de 9; a la ex directora de la Familia y el Menor, Cristina Hidalgo, de 17; al ex subsecretario de Coordinación del MBS, Sergio Enrique Samper, de 4; y al dueño de Swiss Travel, Luis “Popo” Alonso, de 73. Al ex jefe de despacho de la Subsecretaría de Promoción, Nelson Teves, le imputó otros delitos: usurpación de autoridad y defraudación agravada contra la administración pública.
De acuerdo al juez, la maniobra defraudatoria con fondos del Pro-Vida consistió en burlar a los municipios, que eran los ejecutores del programa social, y suplantar el envío de fondos a ellos por la asistencia a través de medios de transporte para disponer de más financiamiento y poder contratar a Swiss Travel en forma directa. “Así desviaron los caudales públicos a la cuenta de Alonso”, destacó Howe. El magistrado remarcó que las órdenes libradas desde el Ministerio de Bienestar Social, la Subsecretaría de Promoción y la Dirección General de la Familia y el Menor, “posibilitaron el pago de las mismas a un proveedor del Estado, con quien habían acordado previamente no dar cumplimiento a esas órdenes”, y agregó que con las locaciones directas “enmascararon las contrataciones fraudulentas con Swiss Travel”.
Howe dio por probado que los viajes no se realizaron y hasta sostuvo que fueron una pantalla para ocultar el desvío de fondos públicos para que algunos funcionarios viajaran al exterior. Todos los imputados, excepto Labegorra y Cardoso, que como eran legisladoras tenían fueros parlamentarios, estuvieron presos durante 29 días a fines de 2006, hasta que la Cámara en lo Criminal de General Pico -conformada por los jueces Tomás Mustapich, hoy ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alfredo Alonso y Silvia Dahir- revocó los procesamientos por asociación ilícita, mantuvo el peculado y los liberó para la Nochebuena.
A contramano.
La decisión de Amado de avanzar con el arreglo fue en contra de la conducta asumida por su par Susana Alvarez, quien en 2008 se opuso a negociar con Santiago Alvarez y los otros acusados. Si bien hace cinco años la propia fiscal admitió públicamente las conversaciones, aseguró que no les hizo ninguna oferta y acotó que “nunca dije cuál sería la eventual pena a acordar y menos pensé en que podía caberle un delito culposo cuando está procesado por uno doloso”. Ya en esa ocasión Alvarez intentó, sin éxito, declararse culpable y pagar una multa.
Una de las incógnitas que resolverá la sentencia serán los argumentos de los jueces para justificar penas tan leves cuando se trata de un delito que prevé de 2 a 10 años de prisión. También servirá para saber si dirán algo de las “chicanas” que interpusieron algunos de los imputados durante estos siete años. Labegorra llegó hasta la Corte Suprema pidiendo el beneficio de la probation -suspensión de juicio a prueba- a pesar de saber que ese beneficio está expresamente prohibido para ser aplicado a funcionarios públicos.
Al final, los artilugios legales y el alargamiento de los plazos a toda costa terminaron dando sus frutos. El dinero tapará la posibilidad de conocer la verdad en un juicio oral y público porque la Justicia eligió el camino de la negociación a escondidas. Para la sociedad hubiera sido mejor que a la vista de todos se supieran si eran culpables o inocentes.
Fue el más beneficiado
Uno de los más beneficiados con la resolución de la Cámara 1 es el ex ministro Alvarez. ¿Por qué? Porque todavía tiene pendiente el juicio oral y público por enriquecimiento ilícito. Si en la causa de los “viajes fantasmas” hubiera recibido una condena a prisión -aunque fuese muy leve y en suspenso- y eventualmente también fuera condenado por el enriquecimiento, tendría que ir sí o sí a la cárcel. En cambio ahora, aunque fuese condenado por enriquecimiento, tiene una chance de que la pena sea en suspenso.
Las penas, uno por uno
¿Cuál fue el acuerdo avalado por dos de los tres jueces que se verá reflejado en el fallo? Alonso, Labegorra e Hidalgo serán condenados por peculado doloso -quiere decir que hubo intención manifiesta de afanar-, un delito que prevé penas de 2 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, y se aplica al funcionario público que sustrajere caudales cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Alonso recibirá tres años en suspenso y pagará una multa de 147.587 pesos; Labegorra dos años y medio y 129.950 pesos; e Hidalgo, dos años y 24.112 pesos. Ninguno irá a la cárcel.
A Alvarez, Cardoso y Samper se le aplicará la figura del peculado culposo, o sea sin intención de delinquir, una figura reprimida con multa del 20 al 60 por ciento del valor sustraído y que apunta al funcionario público que por imprudencia o negligencia diere ocasión a que se efectuare por otra persona la sustracción de caudales.
Todos abonarán el 60 por ciento de lo sustraído y, además, harán una reparación por el perjuicio ocasionado al Estado. Alvarez pagará un total de 12.515 pesos; Cardoso 32.070; y Samper 6.280. Teves, que estaba acusado de fraude a la administración pública y usurpación de autoridad, será absuelto.