Medio millar de agentes y funcionarios figuran en la nómina de doble percepción, confeccionada por la Función Pública. Este proceso está enmarcado en el análisis de probables incompatibilidades, a partir que cobran por el Estado provincial y también, reciban otras remuneraciones públicas.
En principio, el listado preliminar incluye a secretarios, subsecretarios y directores.
Actualmente, cada ministerio evalúa los diferentes descargos aunque algunos no podrían zafar de la incompatibilidad, según la copiosa documentación recolectada por aquel organismo, conducido por Omar Alfonso y dependiente de Economía.
“El trabajo logrado ya es muy bueno porque nunca se había hecho”, resaltó el ministro Alejandro Palmieri. La continuidad –agregó– dependerá de cada uno de los organismos, que deberán analizar y resolver si existe incompatibilidad. “No lo digo yo, lo dice la ley”, aclaró Palmieri.
La Función Pública cruzó sus registros con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), que concentra bases de Anses y otros entes. Lo hizo a fines del año pasado y luego, en febrero, arrojando un listado de medio millar de estatales con dobles aportes. Pocos corresponden a empresas privadas, mientras que la mayoría figuran con otras asignaciones públicas.
Posteriormente, Alfonso remitió nóminas a cada área del personal que aparecía con esas características. Así informó de la situación a los superiores, quienes deberán corroborar la existencia de esa doble percepción y resolver si existe incompatibilidad.
“Río Negro” no logró el listado pero se conoce de varios funcionarios incluidos en las misivas. Por caso, la difundida situación de la secretaria de Seguridad, Martha Arriola, y sus subsecretarios Daniel Badie y Marcelo Vernet. Aparecen con percepciones del Estado bonaerense. Arriola ya interpretó que su contrato con el Senado, hasta el año pasado, no conformó ninguna incompatibilidad. Hasta ahora, su superior inmediato, el ministro de Gobierno, Luis Di Giacomo, parece compartir ese criterio.
Lo más llamativo fue el respaldo del bloque oficialista, presidido por Pedro Pesatti. Recibió a la secretaria y expresó que “nos consta que Martha Arriola no incurrió en ninguna incompatibilidad”, agregando que la “funcionaria goza de un sentido ético de la función pública intachable que solo voces mal intencionadas puede poner en tela de juicio”.
Arriola fue el primer caso difundido de presunta incompatibilidad y, enseguida, el oficialismo salió en su defensa, desestimando –sin más– las sospechas de la Función Pública. En cambio, hay otras interpretaciones.
La legisladora Ana Piccinini adelantó una denuncia penal, considerando esa doble percepción. El último jueves, Piccinini se comunicó con el secretario de la Función Pública, Omar Alfonso, quien le prometió la entrega del listado de los estatales de doble percepción.
“Alfonso trabajó bien y lo felicité, pues al detectar esa situación, informó a los superiores de cada área, que deben abrir un sumario y esperar el descargo” para resolver, explicando que la competencia y la aplicación de la ley de Ética Pública (3.550) pertenece al fiscal de Investigaciones Administrativas.
La ex-Defensora del Pueblo se mostró expectante a la espera del listado, a la vez que insistió que el tema de doble percepción “está muy hablado, y llegamos al gobierno con la confianza de la gente porque todas estas cosas iban a cambiar”.