La ley que garantiza la enseñanza gratuita, obligatoria y laica, fue desechada por los legisladores del Frente Para la Victoria.
La Comisión Bicameral de Digesto Jurídico Argentino, es la encargada de ordenar las leyes vigentes y descartar aquellas que han sido “superadas” por otras que fueron sancionadas o derogadas en el Congreso.
En un debate por el reordenamiento del cuerpo normativo en torno de la Ley de Educación Común, la mayoría oficialista expresó que esa norma ya no se encontraba vigente y debía ser desechada, incluso el artículo 8, que establece que las clases de religión eran optativas, podían tener lugar únicamente antes o después del horario escolar y con el consentimiento de los padres.
Aunque no menciona el carácter laico de la educación, el artículo 8 da lugar a la optatividad de la educación religiosa y fuera del espacio escolar.
El encargado de ratificar la noticia fue el diputado Manuel Garrido (Progresistas), quien coincidió en que la norma “fue superada por legislación más moderna en todos los aspectos” salvo uno, el artículo 8, “que es el que garantiza la laicidad de la educación pública”.
En la provincia de Salta, se sancionó una norma que instituyó la educación religiosa obligatoria en todas las escuelas públicas y privadas. La ley fue avalada por la Corte salteña y la sentencia apelada, por lo que está pendiente una resolución de la Corte Suprema de Justicia nacional.
Rodolfo Urtubey, vicepresidente de la Comisión y hermano del gobernador de Salta, consideró que la Ley “ya había sido derogada por las leyes educativas posteriores”.
Pese a las advertencias de la oposición, se desechó el reclamo y la mayoría kirchnerista de la Comisión de Digesto confirmó la derogación de la Ley 1.420 en su totalidad.
Esta decisión podría significar la vuelta de la educación religiosa a las escuelas públicas, excepto en las jurisdicciones que tienen leyes propias que garantizan la laicidad.