El antiguo proyecto de trasvasar agua del río Negro al Colorado que se mantuvo aparentemente estático, silencioso y sin ningún avance aparente después de haber sido introducido subrepticiamente en el forzado acuerdo de creación del COIRCO en 1976, a los pocos meses del golpe militar, ha sido súbitamente reactualizado por sus impulsores, con renovado vigor.
Tuvo el privilegio de señalar que la idea estaba incluida en los más altos niveles de decisión, el ex-ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación, Ing. Carlos Casamiquela en Viedma en el 2014, quien en una enumeración sobre futuros trabajos públicos aludió -¿inocentemente?- al trasvasamiento como una cuestión ya decidida.
Los fogoneros históricos de este emprendimiento, cuya realización costaría sumas ultra millonarias en dólares y de dudosa eficiencia técnica en cuanto a su conductividad, son los representantes de los grupos de presión y factores de poder con epicentro en la ciudad de Bahía Blanca -que ya está usufructuando de un canal aductor en su beneficio con aguas del río Colorado- y sectores agropecuarios e industriales del partido de Villarino, directivos de CORFO y algunos regantes de ese valle bonaerense y zonas limítrofes de La Pampa.
Uno de los argumentos esgrimidos es la disminución de caudales del río Colorado en los últimos años y sobre todo la necesidad de disminuir los índices de salinidad de sus aguas destinadas al regadío, razonamientos bastante módicos para pretender una obra de semejante envergadura y que le quita razonabilidad.
Estos promotores transitan inclusive por los límites de un desafío singular sin importarles generar un conflicto inter provincial, como hay ya varios en esta materia, teniendo en cuenta que la legislatura de la provincia de Río Negro cuestionó, rechazó y declaró nulo jurídicamente los artículos de aquel tratado por el que se constituyó el COIRCO convocado por un gobierno de facto, donde sus mandatarios o representantes fueron signatarios ilegales y actuaron a espaldas de la soberanía del pueblo.
¿Cómo se puede compatibilizar la pretendida imposición del trasvasamiento con una ley dictada por el parlamento rionegrina que lo rechazó expresa y categóricamente?
Evidentemente el accionar cuasi clandestino que muchos de ellos mantuvieron con la rara permanencia en los sucesivos gobiernos tanto militares como democráticos, han recibido el efecto de algún disparador que los incentivó a la acción y ese reactivo no debe ser otro que el proyecto del presidente Mauricio Macri de poner bajo riego un millón de hectáreas, de las cuales más de 300.000 se pondrán en valor en Río Negro por las condiciones de sus tierras y la calidad y abundancia de sus aguas.
Este objetivo no es novedoso para nuestra provincia que tiene en claro lo que hay hacer en esa materia y cuenta con estudios de riguroso nivel técnico que indican que esa es la superficie a poner en valor con la categórica conclusión que Rio Negro tiene mas tierra que agua, realidad indicativa que los volúmenes que se desplazan al mar no son los cabalísticos 1000 metros cúbicos por segundo, sino que en estos últimos años pueden andar sólo por los 500 o 600.
Es decir que no hay sobrantes que puedan cederse para cualquier otra cuenca. Y cuando hablamos de la propia cuenca estamos incluyendo también obviamente al sur del partido de Patagones con quien Río Negro hizo siempre causa común en el aprovechamiento del recurso compartido y cuyas autoridades municipales tienen previsto importantes emprendimientos de regadío en la margen norte del río y acueductos para uso humano y dotación de agua al sector rural, obras de imposible realización si se concretara el codicioso y arbitrario trasvasamiento.
En torno a esta amenaza renovada que violenta a la opinión pública rionegrina y regional, en los dos meses a esta parte, y en una sucesiva escalada por demás sospechosa, el titular del COIRCO, Ing. Carlos Boyero, refiriéndose a obras hidráulicas en Mendoza -el trasvasamiento del Rio Grande al Atuel- reconoció que en un próximo paso, sin ningún tipo de inhibiciones, se efectuará el trasvasamiento del Negro al Colorado “para compensar cuencas”como si ese cometido fuera tan fácil como soplar y hacer botellas.
También se anotó en esta línea de largada donde están alistados quienes piensan lograr su propio desarrollo a costas del recurso rionegrino, el senado de la provincia de Buenos Aires concentrado al parecer, según anuncio del diario La Nueva Provincia mediante nota firmada por su jefe de redacción David Roldán, en activar y actualizar el proyecto del trasvasamiento en fecha próxima.
Como no podía ser de otra manera, las autoridades de CORFO, que son desde hace años la nave insignia para la hipotética apropiación indebida de las aguas del río Negro, también están militando activamente con idéntico objetivo en esta coyuntura.
Están decidiendo que el trasvasamiento del Negro al Colorado deje de ser un tema de manejo casi reservado para “blanquearlo”, hacerlo público y desatar una gran polémica interjurisdiccional como una manera de hacer presión ante los poderes públicos.
Mientras, se aguarda el muy retrasado estudio que debe hacer la muy bien paga burocracia de la AIC para determinar cuales con los caudales del Negro que le corresponden a Buenos Aires.
Dicen que los impulsores del trasvase infiltrados en distintos niveles del los gobiernos nacional y de Buenos Aires, piensan “embarrar la cancha” y complicar la búsqueda de esa ecuación discutiendo los criterios que se deben aplicar así como los parámetros de medición para el eventual reparto.
Algo así como plantear que el cupo de caudales se defina no por la extensión de kilómetros que existan sobre la margen del río, sobre la costa del partido de Patagones a partir de la desembocadura, sino “por las necesidades de producción” u otro tipo de consideraciones similares.
Desde ese punto de vista, entre potenciar el conflicto latente y llegar a una instancia judicial no debe haber mucho trayecto, para llevar el caso a la justicia donde puede ocurrir, aquello de Martín Fierro, de que “el pez grande se trague al chico”.
Y para adoptar prevenciones, es útil recordar que Río Negro recibió un fallo adverso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante el gobierno militar de Juan Carlos Onganía y la provincia perdió miles de hectáreas ricas en petróleo en el paralelo 10, en beneficio de Neuquén.
Ahora hay que observar atentamente el curso de los acontecimientos que se producirán en el senado bonaerense y también en la ciudad de La Plata en los meses venideros donde a instancias de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del “primer estado argentino,”, invocando la ley para el desarrollo de los partidos del sudoeste, se hará el lanzamiento del Plan Nacional del Agua, como marco general, y con esa referencia, el Plan Integral de Aprovechamiento de los recursos hídricos de Buenos Aires.
En este último capítulo expondrán representantes de los distintos partidos, entre ellos Villarino y Patagones, para exhumar el tema que interesa a los dos ríos que conforman la mesopotamia sureña y donde los organizadores pretenden que a través de los delegados de Villarino, queden oficialmente presentadas las necesidades del proyecto de trasvasamiento de volúmenes del Negro al Colorado invocando la normativa de facto de 1976, como presunto aval legal y jurídico, y para lograr la máxima difusión periodística posible ese será el punto de partida del operativo reactualización.
Todos estos acontecimientos y otros anteriores recogidos por la agencia APP en el transcurso de los últimos años y las advertencias que se efectuaron a través de notas y reportajes referidos a las amenazas sobre los caudales del río Negro se han visto comprobados. Y hasta están avanzando más rápidamente de lo pensado.
Ahora se conoce en plenitud que influyentes sectores públicos y privados de la provincia de Buenos Aires, con incidencia en altos niveles del gobierno nacional, están dispuestos a pasar a la ofensiva y ubicar el tema del trasvasamiento en el centro de la escena para comenzar a discutir con Río Negro la transferencia de importantes volúmenes hídricos de una cuenca a otra.
Esta realidad plantea un muy serio problema de de carácter político y otras consecuencias que comprometen al gobierno de Río Negro, a sus organismo técnicos como el DPA, a sus legisladores provinciales y nacionales, a todas sus agrupaciones partidarias y empresarias, especialmente las representativas de la producción, y a los distintos sectores de la comunidad en su conjunto.
Se impone entonces establecer un sólido y sereno frente común en defensa de nuestro principal recurso y los intereses de la provincia, ante este desafío que ya está presente, no se puede negar y hay que afrontar decididamente. APP – OMAR N. LIVIGNI