Dos fiscales federales pidieron que se cite a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner y a otros 33 acusados por montar una “operatoria criminal” orientada a sustraer fondos públicos mediante la “asignación discrecional” de obra pública en Santa Cruz a favor del detenido empresario Lázaro Báez.
La acusación que recayó sobre la ex presidenta es por supuesta defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles al darse por probado que el 80 por ciento de la obra pública en esa provincia durante el kirchnerismo se adjudicó a Báez, por “más de 16.000 millones de pesos”, según el dictamen.
El pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques se hizo al juez federal Julián Ercolini, en esta causa que se tramita de manera conexa a la de Hotesur, donde se investiga el alquiler de hoteles de esa sociedad de la familia de la ex presidenta a empresas beneficiadas con obra pública, informaron fuentes judiciales.
Fuentes del juzgado anticiparon que el dictamen será estudiado y luego se resolverá si se hace lugar al planteo de los fiscales.
Pollicita y Mahiques analizaron informes de Vialidad Nacional sobre 49 obras públicas adjudicadas a empresas de Báez en el kirchnerismo, y pidieron indagar a la ex presidenta, al ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido, al detenido ex secretario de Obras Públicas José López y al también preso Lázaro Báez, entre otros.
También se pidió la indagatoria del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y de un primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y se pidió la inhibición general de bienes de todos los imputados.
Para los fiscales, se ideó una “operatoria criminal” para montar “una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos”.
A través de ella -detalla el dictamen- “desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública —en este caso, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz— se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó contratación del Estado en favor de Lázaro Antonio Báez por más de 16.000 millones de pesos”.
Esto se da en el marco de la investigación por la existencia de una supuesta asociación ilícita “dirigida desde la más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, en primer término por el ex presidente Néstor Kirchner y luego por su esposa, la ex primer mandataria Cristina Fernández de Kirchner”.
Ambos, “conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un reducido número de empresarios amigos, entre los que se puede mencionar a Lázaro Antonio Báez, se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia, en lo que la comunidad “, recordaron los fiscales.
Báez era “el amigo y socio comercial de la ex familia presidencial”, y resultó “el más beneficiado en los procesos de licitación, adjudicación y control de obra pública vial que eran asignados a las empresas de su grupo económico —entre ellas, Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti y sucesión de Adelmo Biancalani”, explicaron los fiscales.
En este sentido, señalaron que, “paralelamente, le garantizaba a los Kirchner, ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros, lo que evidencia que esta maniobra podría tratarse del paso previo de la hipótesis de lavado de dinero que se investiga en la causa conexa denominada “Hotesur””.
La ex presidenta ya está procesada en otra causa por la venta de dólar futuro al final de su gobierno y es investigada además por su sociedad Los Sauces, ambas a cargo del juez federal Claudio Bonadio.
En tanto Báez está detenido por orden del juez federal Sebastián Casanello en la causa que investiga lavado de activos a través de su empresa Austral Construcciones.
La lista y la acusación
En la lista también figuran el ex ministro de Planificación y diputado nacional por el Frente para la Victoria, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas -detenido cuando cargaba bolsos con más de 9 millones de dólares- José López, el empresario Báez -detenido desde abril pasado- y Martín Báez, uno de sus hijos.
Los fiscales también solicitaron la inhibición general de bienes de los más de treinta investigados en este caso. El monto involucrado en las supuestas maniobras ilegales supera los 16 mil millones de pesos. La lista de quienes son considerados sospechosos de participar en la maniobra se completa con varios ex subsecretarios de Obras Públicas de la Nación, de administradores de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, entre otros.
Según el dictamen de los fiscales al que Infobae accedió en fuentes judiciales la maniobra desarrollada es la siguiente: “… durante los últimos doce años existió una decisión desde la cúpula del Poder Ejecutivo de enriquecer con fondos públicos al empresario Lázaro Antonio Báez y cómo su planificación tuvo origen días antes a la asunción del ex presidente Néstor Carlos Kirchner en el año 2003. La modalidad escogida para lograr el fin buscado fue a través de la adjudicación irregular de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, en donde desde el año 2003 y hasta el 2015 el empresario Lázaro A. Báez recibió contratación con fondos públicos por más de 16 mil millones de pesos, lo que significó que prácticamente el 80% de las obras adjudicadas en esa provincia fueran en favor de un amigo del matrimonio Kirchner”.
Para la investigación realizada por Pollicita y Mahiques, fue fundamental la información brindada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) que desde la asunción de Mauricio Macri en la Presidencia está a cargo de Javier Iguacel. Los fiscales citaron datos aportados por las nuevas autoridades luego de auditar los números de la obra pública vial durante el kirchnerismo y de realizar una denuncia que está bajo investigación de Ercolini.
“Tal como se desprende del informe de la Dirección Nacional de Vialidad, la provincia de Santa Cruz fue la provincia más beneficiada en la transferencia de fondos públicos para la realización de obras viales con un 11,2% del presupuesto total. Para tomar real dimensión de lo que ello implica, se le destinó lo que en conjunto se asignó para ocho provincias: La Pampa, Tierra del Fuego, Jujuy, San Luis, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Misiones; e incluso un monto por encima del 11% ejecutado en la provincia de Buenos Aires, la más poblada y extensa de nuestro país con conocidas necesidades en la materia”, describió el dictamen judicial.
El juez Ercolini deberá ahora responder si acepta o rechaza el pedido de indagatoria a Cristina Kirchner
Infobae dice que “la maniobra por la que se le pide la indagatoria a la ex presidente puede resumirse de la siguiente manera siempre según los fiscales a cargo de la investigación. Los Kirchner pusieron a un hombre de absoluta confianza al frente de una constructora. Hasta entonces Báez ganaba 3.500 pesos por mes como empleado estatal santacruceño y era monotributista. El Estado Nacional derivó hacia Santa Cruz cientos de millones en obra pública vial a punto tal que fue la provincia a la que más porcentaje se le adjudicó. Casi el 80 por ciento de ese total fue a manos del Grupo Báez. Los funcionarios provinciales -de confianza de los Kirchner- direccionaron las licitaciones y sustentaron un sistema para beneficiar a Báez. Al empresario, amigo y socio de los Kirchner, se le otorgó un canal de pago preferencial, se le prorrogaron contratos y no se verificaron los avances de las obras y ante los incumplimientos, no se lo sancionaba. Al tiempo que Báez dejaba de ser monotributista y recibía contratos que alcanzaron los 16.000 millones de pesos, su patrimonio crecía: entre 2002 y 2014 se incrementó en un 12127%. Para los fiscales algo de todo lo que recibió Báez volvió a manos de los Kirchner, específicamente con los negocios hoteleros de Alto Calafate. Según Pollicita y Mahiques Báez, entre 2008 y 2013 aportó mediante la explotación y el alquiler del hotel Alto Calafate, una cifra cercana a los cuatro millones de dólares y 12 millones de pesos a las arcas de los Kirchner”.
La lista de pedidos de indagatoria incluye a los siguientes políticos y empresarios: Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, ex presidente de la Nación; Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal e Inversión Pública; Lázaro Antonio Báez, dueño de Austral Construcciones; Martín Antonio Báez, accionista y director de varias empresas del Grupo Báez; José Francisco López, ex secretario de Obras Públicas; Carlos Santiago Kirchner, ex Subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal; Graciela Elena Oporto, ex subsecretaria de Obras Públicas; Raúl Víctor Rodríguez, ex subseceretario de Obras Públicas; Hugo Manuel Rodríguez, ex subsecretario de Obras Públicas; Abel Claudio Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; Nelson Periotti, ex Administrador de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV); Julio Ortiz Andino, ex subadministrador de la DNV; Sandro Férgola, ex subadministrador de la DNV y ex gerente de obras y servicios viales de la DNV; Carlos Joaquín Alonso, ex subadministrador de la DNV; Francisco León, ex gerentes de Administración de la DNV; Norma Beatriz Villareal, ex gerente de Administración de la DNV; Sergio Passacantando, ex gerentes de Administración de la DNV; Víctor Francisco Farré, ex gerente Obras y Servicios Viales de la DNV; Jorge Eduardo Gregorutti, ex gerente Obras y Servicios Viales de la DNV; Eduardo Lence, ex gerente de Planeamiento, Investigación y Control y Gerencia de Obras y Servicios Viales; Gustavo Gentili, ex gerente de Planeamiento, Investigación y Control y Gerencia de Obras y Servicios Viales; Fernando Abrate, ex gerente de Planeamiento, Investigación y Control y Gerencia de Obras y Servicios Viales; Ernesto Eduardo Morilla, ex jefe del Distrito 23° (Santa Cruz) y Jefe de la División Obras del Distrito 23°; Juan Carlos Villafañe, ex Jefe del Distrito 23° y ex presidente de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP); Raúl Osvaldo Daruich, ex jefe del Distrito 23° de la DNV; Mauricio Collareda, ex jefe de la División Obras del 23° Distrito y ex jefe del Distrito 23°; Gustavo César Torres, ex jefe de la División Obras del 23° Distrito; Juan José Ramón Berraondo, ex jefe de la División Obras del 23° Distrito; Héctor René Jesús Garro, ex presidente de la AGVP de Santa Cruz ,; Raúl Gilberto Pavesi, presidente de la AGVP de Santa Cruz; José Raúl Santibañez, ex presidente de la AGVP de Santa Cruz; Julio Mendoza, presidente de Austral Construcciones; Fernando Javier Butti, socio de Austral Construcciones; Myriam Costilla, presidente de la constructora Kank y Costilla