Osvaldo Papaleo, hermano de la viuda del dueño de Papel Prensa, David Graiver, afirmó que, luego de que el peritaje sobre la venta de la empresa durante la dictadura concluyera que su precio “no se ajustó al valor real de las acciones”, la querella pedirá la “inmediata indagatoria” de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, su CEO Héctor Magnetto, y el director de La Nación, Bartolomé Mitre, entre otros.
“Esperábamos esta resolución, que fue el camino transversal elegido por el juez Julián Ercolini para investigar la apropiación de Papel Prensa a través de delitos de lesa humanidad”, explicó el productor y periodista en diálogo con la agencia Télam al referirse a la causa judicial que desde el 2011 investiga el magistrado.
En el informe solicitado por Ercolini para determinar el precio de venta de Papel Prensa, intervinieron peritos de la Corte Suprema de Justicia y de todas las partes, que establecieron que el valor total de los bienes “asciende a la suma de 24.144.521,49 dólares”, distante del supuestamente pactado precio de 8,3 millones de dólares.
“Esa suma que ellos declararon que habían pagado nunca existió en realidad; sólo se depositaron 7 mil y 20 mil dólares que fueron pagado por el Estado con créditos del Banco Nacional de Desarrollo y la suma a la que arribaron coincide con lo que siempre declaró el representante de Graiver, Rafael Ianover”, afirmó Papaleo. Otro aspecto que destaca el informe son los créditos otorgados por el Banade por un total de unos 37 mil millones de pesos en inversión de la planta de celulosa.
En la causa judicial, los querellantes Lidia Papaleo de Graiver y Rafael Ianover (ex vicepresidente de la compañía), denunciaron que fueron obligados a ceder el paquete accionario de Papel Prensa a una sociedad mixta integrada por el Estado y los diarios Clarín, La Nación y La Razón, luego de ser secuestrados y torturados el 2 de noviembre de 1976, tres meses después de la muerte de su dueño, David Graiver, en un misterioso accidente aéreo.
“Después de dos años y medio que dependíamos de este informe, esperamos que ahora el juez cite a declarar a los principales imputados”, dijo Papaleo en alusión a Noble, Magnetto, Mitre y al ex secretario de comercio de la dictadura, Raimundo Podestá. La empresa Papel Prensa fue inaugurada el 31 de julio de 1978 con la presencia del dictador Jorge Rafael Videla, acompañando a la propietaria de Clarín, Ernestina Herrera de Hoble, y de Bartolomé Luis Mitre, director del diario La Nación.
“El precio no se ajustó al valor real”
En el informe intervinieron peritos de la Corte Suprema y de todas las partes. Todos sostienen, con variaciones, que se pagó menos que el valor real de las acciones. De todas formas, Lidia Papaleo nunca recibió el dinero porque fue secuestrada.
Concluyó el peritaje ordenado por el juzgado de Julián Ercolini en el marco de la causa por la apropiación de Papel Prensa. Se trata de una prueba para la que fueron convocados peritos del Tribunal de Cuentas de la Corte Suprema y de la que participaron todas las partes. El informe buscó determinar si el grupo Graiver fue obligado a vender la empresa a un precio menor al de mercado. De acuerdo a los datos que pudo obtener Página/12, “en ninguno de los casos, sea cual sea el método valuatorio escogido, el precio pactado en el contrato del 2 de noviembre de 1976 se ajustó al valor real de las acciones”. Todos los peritos señalaron que la empresa integrada por Clarín, La Nación y La Razón acordó un precio por varios millones en menos. Los datos oscilan de 3 a 7 millones de dólares, es decir que se pactaron acuerdos de entre 40 y 80 por ciento menores al valor. Dado que Ercolini ató la posibilidad de las indagatorias a este informe, ahora se espera que avance en esa dirección. Para la fiscalía, el peritaje es importante como eventual nueva prueba. Pero sostienen la posición que mantuvieron hace un año: para ellos no es determinante el valor. Los fiscales pidieron las indagatorias para los propietarios de Papel Prensa porque consideran que la venta se hizo por coacción, para apropiarse de los bienes, en el marco del terrorismo de Estado. Más allá, señalan, de que se hubiese pagado de más, de menos o el precio del mercado.
“Del informe surgen una serie de puntos importantes”, señala el abogado Luis Alen, impulsor de la causa desde la Secretaría de Derechos Humanos de Nación durante la gestión de Eduardo Luis Duhalde. “No importa el método de valuación que se utilice, en todos los casos, los informes dicen que lo que se pagó fue menos. Las diferencias oscilan entre 3 y 7 millones sobre un precio supuestamente pactado de 8 millones 300 mil dólares. Eso quiere decir que el pacto equivalía a entre un 30 y 80 por ciento menos de lo que valía la empresa. El informe más certero, que es el del Banade de 1977, que era un organismo oficial, menciona una diferencia negativa de 5 millones de dólares. El otro punto importante que arrojan los informes es que después de esta operación, los nuevos dueños recibieron de ese mismo Banco 37 mil millones de pesos que les permitió poner en marcha la empresa y que pasaron a tener el control a los pocos meses de la compañía, dado que enero del 79 tenían 64 por ciento de las acciones, un avance que no hubiese sido posible sin el acuerdo de la dictadura”.
Osvaldo Papeleo, Eduardo Barcesat y Luis Alen presentaron ayer las conclusiones del informe a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la reunión estuvieron también Lidia y Carolina Papaleo.
Papel Prensa era una sociedad fundada por el financista David Graiver, quien falleció en 1976 en un accidente aéreo en México. Tras su muerte, el paquete accionario pasó a manos de su esposa, Lidia Papaleo y Rafael Ianover, querellantes de la causa. Ambos fueron secuestrados por la dictadura y denunciaron que fueron obligados a ceder bajo torturas y amenazas la titularidad de Papel Prensa a una sociedad mixta formada por el Estado y los tres diarios promovida por el dictador Jorge Rafael Videla. El supuesto acuerdo pactado para la venta fue del orden de los 8,5 millones de dólares. Ese es el precio que se evaluó en el peritaje, pero Papeleo no recibió tampoco ese dinero sino sólo un adelanto de 27 mil dólares, dado que fue secuestrada y los bienes decomisados por la dictadura. Durante la década del ‘80, el Estado pagó una indemnización por las pérdidas del grupo Graiver.
En el marco de la causa Papel Prensa, en marzo de 2015, el fiscal Leonel Gómez Barbarella pidió la indagatoria de los directivos del Grupo Clarín, Héctor Magnetto y Ernestina de Noble. También la del director de La Nación, Bartolomé Luis Mitre, por la apropiación irregular de Papel Prensa. Barbarella señaló en su escrito que se utilizó “violencia moral a fin de generar temor en las víctimas” para lograr un objetivo “ilegítimo”. Ercolini rechazó los pedidos y solicitó un informe para establecer si los precios pactados en el contrato de cesión de acciones de fecha 2 de noviembre de 1976 se ajustaban al valor de la empresa Papel Prensa SA o si por el contrario, se trataba de un precio no acorde al valor. El contrato se había hecho entre Galería Da Vinci, Rafael Ianover y la sucesión de David Graiver con la empresa Fapel S.A. (Clarín, La Nación, La Razón). En ese informe trabajaron desde entonces peritos de la Corte, del Ministerio Público, querellantes y la empresa. Ese el documento que acaba de quedar terminado.
De acuerdo a la información que pudo conocer este diario, el informe aporta datos sobre la evolución del patrimonio, el aval para la obtención de créditos y sobre el crecimiento accionario favorecido desde del Estado. A modo de conclusión, Alén señala: “Puede afirmarse que del resultado de la pericia ordenada por el Juzgado y llevada a cabo por los distintos profesionales intervinientes queda claro que el precio pactado en la operación del 2 de noviembre de 1976 no se ajustaba a los valores del mercado. Sumado ello a las maniobras delictivas que acompañaron el hecho, se da el cuadro necesario como para que quienes se encuentran imputados en la causa sean citados a prestar declaración indagatoria, ya que se encuentran suficientemente corroborados los elementos descriptos en la presentación que como parte querellante en representación del Poder Ejecutivo efectuara la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en septiembre de 2010”.