El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca condenó anoche a diecinueve ex militares y a dos ex policías bonaerenses a la pena de prisión perpetua e impuso penas de entre 3 y 14 años de prisión para dos expenitenciarios bonaerenses, un ex policía de Río Negro, un ex policía federal y cinco ex militares en el final del juicio oral y público por crímenes contra 103 víctimas en el ámbito del V Cuerpo del Ejército. En tanto, un ex oficial del Ejército resultó absuelto. “Es un gran avance para demostrar el funcionamiento represivo en Bahía Blanca, Neuquén y Río Negro”, dijo el fiscal general Miguel Palazzani.
Los jueces José Mario Tripputi, Martín Bava y Jorge Ferro hicieron lugar al pedido de los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia y de las querellas y ordenaron que en el plazo de diez días posteriores al momento en que se encuentre firme “el diario ‘La Nueva Provincia’ de esta ciudad publique la rectificación, como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria, de la publicación oportunamente vertida en la que se informaba a la ciudadanía que Fernando Jara, Daniel Guillermo Hidalgo, Olga Silvia Souto Castillo, Daniel José Bombara, Rubén Ruiz, Julio Ruiz, Mario Medina, Pablo Victorio Boholavsky, Víctor Benamo y Orlando Luis Stirneman fueron detenidos o abatidos en enfrentamientos militares cuando quedó acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, tortura, y en su caso, fusilamiento por parte del personal militar de la época, haciendo expresa mención de la fecha, página y sección en la que fueran vertidas esas noticias”.
Es la segunda vez que el tribunal, con la misma composición, se pronuncia en ese sentido. Ya lo había hecho, a pedido de la Fiscalía, en el juicio que culminó en 2015 con 22 condenados por los crímenes de la Armada. Palazzani dijo a Fiscales que este nuevo pronunciamiento constituye “la consolidación del derecho de réplica colectivo, titularizado por el MPF”.
El tribunal además rechazó el pedido realizado por la Fiscalía para que las universidades nacionales del Sur y del Comahue, y el Gobierno municipal bahiense lleven a cabo medidas de señalización de los lugares donde ocurrieron los crímenes de lesa humanidad juzgados en el proceso y de recordación de las víctimas.
Los jueces dispusieron que “el cumplimiento de la pena sea en prisiones federales comunes bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal” y que “en caso que no existiere tal posibilidad, se procurará el cupo pertinente en prisiones provinciales” que correspondan al domicilio del condenado. No obstante, rechazaron el pedido de la Fiscalía y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para que se revoquen las prisiones domiciliarias.
En el veredicto de 54 puntos, que fue leído durante más de dos horas en la sede del Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur, los jueces también dispusieron ordenar las bajas del Ejército, de las policías bonaerense y de Río Negro y del Servicio Penitenciario Bonaerense de los condenados que se desempeñaron en esas instituciones, una vez que quede firme la sentencia.
En función de la última reforma a la ley de ejecución penal, los jueces indicaron que las víctimas “tienen derecho a ser informadas y expresar opinión ante al juez de ejecución o juez competente, cuando se sustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir la incorporación de las personas condenadas” a las salidas transitorias, el régimen de semilibertad, la libertad condicional, la prisión domiciliaria, la prisión discontinua o semidetención, la libertad asistida y el régimen preparatorio para su liberación”.
Las condenas dictadas fueron por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, homicidio agravado -en algunos casos, con el fin de lograr impunidad, bajo la modalidad de desaparición forzada de personas- y sustracción de menores. Tras utilizar en cada caso la calificación del derecho interno, el tribunal indicó por unanimidad que los delitos “constituyen crímenes de lesa humanidad” y, con la mayoría de los jueces Ferro y Bava, que “fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”.