En primer lugar, las cifras del alcance del programa están muy lejos de las que había proyectado el Ejecutivo al momento de presentar la propuesta. Se esperaban 8,4 millones de beneficiarios pero en febrero de 2018 apenas llegaron a 1.184.651 personas: 596.505 jubilados con el haber mínimo, 342.338 pensionados y 245.808 beneficiarios de la AUH, según puntualizó el jefe de Gabinete Marcos Peña en su último informe al Congreso.
La ley 27.253 estableció la devolución de IVA para estos sectores sociales sólo para las compras con tarjeta de débito, con un tope del 15% sobre el total de la compra y un máximo nominal por mes de $300 que aún no fue actualizado a pesar de la inflación acumulada desde ese entonces. Más allá de lo modesto de la suma, lo cierto es que el monto promedio del beneficio nunca llegó al tope e incluso se redujo en términos mominales.
En el reporte, el ITE estimó que los jubilados y pensionados recibían un descuento promedio de $226 y $206 respectivamente en julio de 2016 cuando la norma entró en vigencia. Hoy pasó a ser en promedio de $160 y $158, lo cual implica una baja en términos reales del 50% en el primer caso y 46% en el segundo.
De todas formas, el reporte advierte que “los valores de los primeros meses fueron sumas fijas definidas por el gobierno, que se vieron reducidas producto de la baja utilización del débito como medio de pago, y de la ausencia de políticas complementarias que faciliten y difundan su uso”.
En cuanto a los beneficiarios de la AUH, ocurrió lo inversó ya que el monto pasó de $35 a $73, un 52% más, “aunque por montos que son significativamente menores a los de los otros grupos poblacionales”, advierte el trabajo del ITE.
El bajo alcance de la medida se vio reflejado en el incumplimiento sistemático de la meta presupuestaria prevista para el programa en 2016 y 2017. En su primer año de vida, se ejecutaron sólo $847 millones de los $5.890 millones proyectados para el plan, apenas el 15%. En el 2017 el porcentaje llegó apenas al 9%: se devolvieron $1.970 millones contra los $17.138 millones presupuestados y $22.000 millones que figuraban en la proyección inicial.
“Para el presupuesto 2018, se redujo el monto previsto a ejecutar en un 72%, lo que lleva a pensar que el gobierno asumió el fracaso de la medida y no tiene previsto realizar acciones para mejorar su bajo nivel de cobertura”, plantea el ITE, en referencia a los $4.775 millones que se destinarán este año, incluso debajo del pronóstico de hace dos años.