La negativa municipal a la aceptación de los créditos, la disparidad entre los montos estimados con las adjudicaciones formalizadas y la reciente devaluación del peso anticipan la necesidad de una menor cantidad de fondos de lo que originalmente fue el proyecto del plan Castello.
Haciendo una relación lineal con aquellas tres variables, la cifra que quedaría sin destino estaría en los 1.700 millones de pesos.
Sin embargo, este monto no computa la redeterminación de los costos, que posiblemente presenten las empresas al gobierno tras la disparada del dólar, ni las licitaciones pendientes sobre los que ya el gobierno provincial anticipó que deberán reajustarse sus presupuestos.
El sobrante de fondos y su nuevo destino debe resolverse en una comisión legislativa, con el dos tercio de los votos. Eso ya presupone una disputa en la definición de las nuevas obras a incorporar, a partir de los proyectos que quedaron postergados, porque el gobierno de Río Negro suspendió la segunda colocación de los bonos en dólares.
El remanente, en estas primeras trece licitaciones, se ubicaría en algo más de 70 millones de dólares, sin computar la redeterminación de costos de estos proyectos. Pero el gobierno minimiza semejante cifra e insiste en esperar la evolución de las licitaciones que se siguen demorando.
Hay dos vías que alimentó este excedente. La primera: sólo ocho de los 39 municipios aceptaron el crédito ofrecido por la provincia, liberando alrededor de 10 millones de dólares. Unos 250 millones de pesos para el “fondo provincial” para redistribuir la Comisión legislativa. Sobre esta cifra sí hay consenso con el oficialismo. La segunda: del remanente –que ubican entre 1.400 y 1.500 millones– originado en las menores adjudicaciones y futuros contratos con las empresas en comparación a los presupuestos iniciales realizados por Obras Públicas (ver infograma).
En la última semana, el justicialista Javier Iud –que forma parte de la Comisión– estimó este valor en unos 1.400 millones. Lo ejemplifica bien con un dato: en el Parque Tecnológico de Bariloche se hizo una reserva y presupuesto por 30 millones de dólares, y la adjudicación estará en 10 millones. Ese legislador aclara que su “aporte” tiene el propósito para que “la Comisión y la provincia puedan adelantarse en priorizar y resolver qué vamos a hacer con lo que sobra”. Argumentó que, a seis meses de las licitaciones, se abrieron 13 procesos y se firmaron dos contratos. “Sería saludable empezar a discutir y no dejar paralizada esa plata, pues se está pagando un interés del 7,75% anual”. Relativizó su propio monto porque estimó que “sería mayor después de las licitaciones” pendientes, siempre considerando su previsión en la ley Castello.
Paños fríos al tema
Por su parte, desde el oficialismo aseguran que es “apresurado” hacer este tipo de cálculos ya que la distorsión de precios relativos, que generó la reciente devaluación, afectará toda la estructura de costos y eso deberá ser compensado en los años que dure la obra a ejecutar (ver recuadro con entrevista al ministro Domingo).
La disponibilidad se incrementó esencialmente con la devaluación, considerando que la mayor parte del producto de la colocación de los bonos de Río Negro, de fines de noviembre, continúa en dólares. Este resguardo llega a los 202 millones, por lo cual, la diferencia por la devaluación del peso es de 1.414 millones de pesos (en diciembre, con el dólar a 18 pesos, la provincia disponía de 3.636 millones de pesos y llega a 5.050 millones, con la cotización a 25 pesos). Falta el interés del 2% anual de esa colocación en dólares. El resto del atesoramiento se registra en Lebac, con una tasa suficiente para compensar la inflación existente.
El incremento del valor de la moneda estadounidense registró una contracara para Río Negro, que derivó en la determinación del gobernador Alberto Weretilneck de suspender “por ahora” la colocación de los otros 280 millones de dólares.
Además, hay cautela gubernamental y cierto grado de hermetismo sobre el remanente final que podría quedar disponible para otras obras. El ministro de Obras Públicas, Carlos Valeri, hombre clave en la definición de los presupuestos para estás obras, se llamó estos días al silencio.
El gobernador ordenó –inicialmente– apurar la firma de contratos para evitar sorpresas y advierte que las licitaciones pendientes de esta primer etapa –por cierto, demoradas– implicarán otros costos y podrían requerir del sobrante en análisis.
Por caso, la recién convocada licitación del edificio del Ipross salió con un presupuesto de 4,6 millones de dólares (unos 116,5 millones de pesos) cuando la estimación definida en la ley fue fijada en 3 millones de dólares (75,9 millones de pesos).
Otro miembro del cuerpo, Jorge Ocampos, también reclama resolver el destino del remanente, solicitando que se convoque a la Comisión legislativa y recordando que le corresponde a su presidente, el legislador oficialista, Alejandro Palmieri.
El legislador del bloque ARI-Cambiemos propone esa convocatoria para “definir la distribución del remanente”, la cual, estimó “no menor a los 1000 millones de pesos, unos 40 millones de dólares, ya tomando todos los recaudos técnicos, en resguardo de las actualizaciones de costos, que deberán realizarse en función de la aceleración inflacionaria prevista”.
Resaltó que “el dinero está disponible y cuanto más eficientes y ágiles seamos en el proceso de priorización, licitación y adjudicación, mayor será la inversión en infraestructura y el beneficio logrado”. Aún sin precisar el número final, el excedente abre expectativas y disputas para lograr financiar obras relegadas, pues dependían de la segunda colocación de títulos.
Unos 25 proyectos quedaron postergados, sin fecha, entonces cada intendente, legislador o referente pretende colocar su pospuesta construcción en el listado adicional.
La Comisión de “Priorización de Inversiones”, integrada por 11 legisladores, será la encargada de establecer el destino del monto que quede. Las pretensiones o anuncios se suceden. Weretilneck prometió en Río Colorado que sumaría la pavimentación del camino a Colonia Juliá y Echarren. En el último debate de la Comisión se incluyó la Estación Transformadora de Conesa, pedida por el gobierno provincial, y se puso atención en la defensa aluvionales de Campo Grande (solicitada por Ariel Rivero) o la construcción de la boca toma en el río Negro para Guardia Mitre y el plan director de Maquinchao (anotada por Soraya Yauhar).
