El rechazo al proyecto de ley del Gobierno que reduce las jubilaciones de los jueces nacionales y federales se extendió ahora a todo el país. La Federación Argentina de la Magistratura, que reúne a los jueces provinciales, emitió un pronunciamiento en el que considera que la iniciativa es violatoria de la independencia judicial e inconstitucional.

La FAM reúne a 15.700 funcionarios judiciales de las 24 jurisdicciones incluida la ciudad de Buenos Aires y alcanza a jueces, fiscales y magistrados hasta la categoría de prosecretarios.

¿Por qué una ley nacional destinada a reducir lo que cobran los jueces federales y nacionales de los fondos de la Anses afecta a los jueces provinciales? Porque hay 11 provincias que, en diferentes épocas desde la década del 90, transfirieron sus cajas de jubilaciones provinciales al Estado nacional.

Así, por ejemplo, los jueces de la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Santiago del Estero, San Luis, Tucumán, San Juan y Salta cobran jubilaciones de la Anses y verán afectados sus ingresos.

Eso sí: sus sueldos no son los de los jueces federales y nacionales. Así como un camarista federal declaró que sus aportes eran de 90.000 pesos, un juez de Santiago del Estero puede decir que esa cifra es su sueldo entero, por lo que una reducción de la jubilación y un aumento de los aportes afectaría su salario real de bolsillo de manera significativa.

A las 11 provincias afectadas automáticamente se le suman el resto, porque los gobernadores afines al Gobierno podrían promover legislaciones similares de modo de atender sus problemas locales y reducir el déficit de las cajas provinciales.Ads by 

El pronunciamiento de la FAM fue producto de una reunión de su Consejo de Administración, convocado en la Asociación de magistrados de Corrientes.

Allí, medio centenar de jueces y funcionarios que representan a todas las provincias firmaron una declaración en la que señalaron que rechazan el proyecto porque “atenta contra la independencia judicial y otras garantías constitucionales”.

Dijeron que en la elaboración de ese proyecto no se tuvieron en cuenta las situaciones de los poderes judiciales de las provincias ni a la FAM, “única legitimada para representar los intereses de los más de 15.700 funcionarios y magistrados que la componen”.

“El proyecto en discusión agrava la ya acuciante situación de asimetría salarial entre los magistrados y funcionarios de los poderes judiciales provinciales y de CABA, que atienden el 85% de las causas judiciales del país”, dijo la FAM.

El proyecto es especialmente perjudicial para las mujeres juezas y funcionarias, agregaron en la declaración. Y argumentaron que existe una “mirada sesgada” hacia las mujeres que ahora deberían jubilarse a los 65 años, en lugar de a los 60, cuando encima “se han visto sometidas a innumerables restricciones en sus carreras profesionales”. Así se busca eliminar “la única compensación estructural a esa discriminación”, añadieron.

Los jueces buscan participar la semana próxima del debate en comisiones en el Congreso, según dijo a la nacion el presidente de la Federación, Ariel Ariza, que señaló que los argumentos fiscales para promover el proyecto “no parecen tener consistencia”. Sostuvo que “si hubiera que hacer esfuerzos del sector estatal deberían ser mas extendidos y no limitados al Poder Judicial”.

Diez jueces y varios fiscales renunciaron desde que se conoció el proyecto del Gobierno para eliminar las jubilaciones de privilegio

El viernes pasado, el presidente Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegio de los funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior. El texto ingresó poco antes de las 20 por la mesa de entrada de la Cámara de Diputados. La respuesta del mundo judicial no tardó en llegar: hubo un fuerte rechazo al proyecto y se advirtió sobre una escalada de renuncias. Y, según la información a la que accedió Infobae, ya son 10 los jueces que renunciaron desde que salió a la luz la iniciativa oficial.

Todos ellos presentaron la renuncia entre el martes 18 y este jueves. Ellos son: Miguel Omar Pérez (vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III); Marcelo Gonzalo Díaz Cabral (Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín); Beatriz Bistué De Soler, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 de la Capital Federal; Silvia Nora Ramond, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°37 de la Capital Federal; Miguel Angel Caminos, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°3 de la Capital Federal; Fernando Adolfo Larrain, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°2 de la Capital Federal; María Cristina Bértola, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16; Juan Carlos Dupuis, vocal de la Cámara Nacional en lo Civil Sala E; Carlos Alberto González, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal Vocalía N° 20; y Jorge Adolfo López, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30 de la Capital Federal.

La Asociación de Magistrados y la de Fiscales habían criticado el proyecto del Gobierno para reformar el régimen especial de jubilaciones del Poder Judicial y advirtieron que la iniciativa viola fallos ya dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la intangilidad de la remuneración de los jueces. De hecho, también habría renunciado un número similar de fiscales. Hasta el momento, sólo trascendieron los nombres de Alejandro Moldes, de Nequén, Mario Sabas Herrera, de General Roca; Raúl Pleé, fiscal general de Casación y el fiscal de Instrucción Marcelo Retes.

“Con sorpresa advertimos que el proyecto del Poder Ejecutivo se aparta de principios de raíz constitucional que fueran reconocidos por la Corte Suprema Justicia de la Nación”, sostuvieron en un comunicado.

Los integrantes de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial también rechazaron el proyecto legislativo que, según entienden, “atenta contra la independencia judicial y otras garantías constitucionales”

Para la Federación el proyecto ha sido elaborado “sin considerar la realidad de los poderes judiciales provinciales y sin la participación de esta institución, única legitimada para representar los intereses de los más de 15.700 funcionarias/os y magistradas/os que la componen” y “agrava la ya acuciante situación de asimetría salarial entre las/os magistradas/os y funcionarias/os de los poderes judiciales provinciales y de CABA, que atienden el 85 % de las causas judiciales del país”

Señalaron que esos sueldos y jubilaciones “no son de privilegio” y “no se parecen en nada a lo que se expone a la opinión pública como los ingresos de “la justicia””. En esa línea, consideraron que la iniciativa tiene una “mirada sesgada que desconoce que las magistradas y funcionarias, como el resto de las mujeres, se han visto sometidas a innumerables restricciones en sus carreras profesionales”. “Este proyecto pretende eliminar la única compensación estructural a esa discriminación al subir la edad jubilatoria de este colectivo a los 65 años”, indicaron.

“Quienes trabajamos todos los días en los tribunales provinciales somos conscientes de la realidad económica del país. La vocación por la función pública se asienta sobre el compromiso de mejorar la vida y el bienestar de las sociedades en las que vivimos, por esa razón estamos siempre dispuestas/os a participar en todas las discusiones orientadas a esos objetivos”, expresaron quienes integran la Federación.

La Cámara de Diputados intentará apurar el proyecto que fue enviado por el Poder Ejecutivo. Estos regímenes especiales atañen a ocho mil personas con haberes promedio de entre 235.000 y 335.000 pesos por mes. Corresponde, según fuentes oficiales, el 3% del total de los jubilados y un gasto de 25 mil millones de pesos por año.

“Este proyecto no mejora las condiciones de vida de nuestros conciudadanas/os ni resuelve los problemas que denuncia. Hacemos un llamado público a los tres poderes del Estado a trabajar en la construcción de respuestas adecuadas y basadas en las realidades de todo el país que contribuyan a una salida rápida y definitiva de la grave situación económica que nos afecta a las/os argentinas/os”, expresaron desde la Federación.

La semana pasada Ricardo Recondo, recientemente nombrado vicepresidente del Consejo de la Magistratura, cuestionó la iniciativa. “Es inconstitucional. La Corte lo ha declarado muchas veces ya. No se trata tampoco de una ley de privilegios. Aporto hace cincuenta años a la caja de jubilaciones un equivalente de 90.000 pesos. Si me cambian el sistema, yo podría pedir el reintegro de todo eso, más los intereses”, advirtió.

“La garantía de intangibilidad de los sueldos de los judiciales se extiende al pedido jubilatorio. Pasa en todo el mundo. El juez no puede hacer nada, tiene un nivel de incompatibilidad que no lo tiene ningún otro funcionario del Estado. No estoy llorando miserias. Los jueces tienen, en este momento, una buena retribución”, explicó Recondo.

Para el caso del Poder Judicial la iniciativa propone el aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los sesenta y cinco (65) años -hoy es de 60 años-: incrementaran del 12 al 19 por ciento el aporte; limitar el ámbito de aplicación personal (por ejemplo, quedarán excluidos los prosecretarios administrativos, medida que podría generar tensión con los sindicatos judiciales). incrementar los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio; y que la jubilación de los magistrados será equivalente al 82% del promedio de las últimas ciento veinte remuneraciones actualizadas, es decir de los últimos diez años. Hoy los jueces se jubilan con el 82 por ciento móvil.