En los últimos días se generó una polémica en redes sociales cuando se hizo público (ver acá) que algunas personas privadas de su libertad podrían recibir la nueva tarjeta Alimentar del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En Twitter y en Facebook distintos usuarios hicieron críticas haciendo referencia a todos los presos y comparando su situación con la de estudiantes y jubilados
Primero, una aclaración: las personas que se encuentran en prisión no son el público destinatario de esta medida. La tarjeta, que permite la compra de comida y bebidas no alcohólicas, está destinada a las madres y padres con hijos de hasta 6 años que reciben la Asignación Universal por Hijo, embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH, según se explica en el sitio oficial del Ministerio de Desarrollo Social.
Sin embargo, en los casos en que los padres y madres de estos niños se encuentren privados de su libertad, deberán hacer un trámite ante la ANSES para designar a un co-titular que pueda recibir y utilizar la tarjeta alimentaria, según explicaron a Chequeado desde el área de Comunicación de la cartera a cargo de Daniel Arroyo.
Además, explicaron que hasta el momento solo identificaron 20 casos en Chaco, en donde distribuyeron 66 mil tarjetas, y otros 2 en la localidad de San Martín (Provincia de Buenos Aires), en donde se entregaron más de 11 mil.
En el marco del Plan Argentina contra el Hambre se buscan distribuir 1.400.000 tarjetas Alimentar y, hasta el momento, el Gobierno informó la entrega de 300 mil en el Conurbano bonaerense, Concordia (Entre Ríos), Chaco, Salta y Tucumán.
Las madres o padres con un chico menor de 6 años reciben $ 4 mil y, a partir de los 2 hijos en la misma franja etaria en adelante, el beneficio es de $ 6 mil en total. De acuerdo con lo acordado, los terceros viernes de cada mes el Estado depositará estos fondos en la tarjeta, y ese dinero no podrá extraerse en efectivo.
