Aunque guarda su estrategia bajo siete llaves, sin querer que nada se filtre, nadie duda en Comodoro Py que el fiscal federal Diego Luciani, a cargo del Ministerio Público Fiscal en el juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, sus ex funcionarios y el empresario Lázaro Báez, prepara artillería pesada para la hora de su alegato que comenzará en agosto, al regreso de la feria invernal. Ya se bajaron los organismos del Estado que eran acusadores privados y llegaron al juicio oral en la época de Mauricio Macri: la Oficina Anticorrupción se retiró del juicio antes de los alegatos y ahora la Unidad de Información Financiera anunció hoy que no acusará a la ex jefa de Estado ni al resto por la “orfandad probatoria” del debate. Luciani, entonces, será el encargado de repasar las pruebas que se obtuvieron en instrucción y se reprodujeron en el juicio oral para evaluar sus pedidos de pena.
Testimonios y peritajes construyen la hipótesis que llevó a Cristina Kirchner a sentarse en el banquillo de los acusados, al acusarla de ser la jefa de “una estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de diez años, que le permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos a través de la obra pública vial”. En el juicio oral se escucharon testimonios sobre los pedidos para certificar obras adjudicadas a Báez que no estaban hechas.
Tal como lo expusieron en su elevación a juicio los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, esta causa está relacionada directamente con otras investigaciones que tienen como protagonista a la ex Presidenta: los retornos que llegaron a través de Hotesur y Los Sauces, conel alquiler de propiedades a empresas de la familia Kirchner para que el dinero entregado a las firmas de Lázaro Baez reingresara al patrimonio del ex matrimonio presidencial.
El Tribunal Oral Federal 5 decidió sobreseer a CFK y a sus hijos, además del resto de los acusados, en la causa Hotesur y Los Sauces, pero esa decisión no está firme; debe ser revisada por la Cámara Federal de Casación Penal y el Ministerio Público insistió en sus argumentos para que esas maniobras lleguen a debate oral.
Según el Ministerio Público, el punto de partida en los hechos que se investigan en el juicio oral de la obra pública es “una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro de la Administración Pública, en la que una estructura permanente y coordinada de personas — principalmente funcionarios públicos— logró la sustracción de fondos millonarios por medio de la defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz”.
“La modalidad escogida para la apropiación de los fondos del Tesoro Nacional fue adjudicar prácticamente el 80% de la obra pública vial de la provincia a la que intencionalmente más dinero se direccionó en nuestro país a uno de los miembros de la organización criminal, Lázaro Báez, quien recibió entre los años 2003 y 2015 contratación del Estado por valores cercanos a 8.000 millones de pesos , monto que actualizado a agosto de 2016 asciende a la suma de prácticamente 46.000 millones de pesos”, sospecha el fiscal.
Juicio de la obra pública
Para ello, el primer paso fue convertir a Lázaro Báez en empresario de la construcción, “el amigo personal y socio comercial de la ex familia presidencial al cual se habrían de asignar los fondos públicos, lo cual aconteció alrededor de dos semanas antes de la asunción del ex presidente Néstor Carlos Kirchner, quien juró el 25 de mayo de 2003″. “Simulando ese rol como un oferente particular más del Estado le permitiría salir victorioso y recibir un esquema de beneficios exclusivos y permanentes, gracias al papel de los otros miembros que actuarían desde la esfera pública, direccionando la licitación y promoviendo la inobservancia de los controles en cada una de las contrataciones perjudiciales celebradas”, agregará la acusación.
“Para llevar adelante la maniobra, a través del decreto n° 27/03, Néstor Kirchner transfirió a esa cartera ministerial un área clave en materia de obra pública: la Secretaría de Obras Públicas, en donde el ex Presidente colocó en su primera gestión y la ex primera mandataria reafirmó a lo largo de 8 años al Ing. José Francisco López, quien en el año 2003 ocupaba el cargo de presidente del Directorio del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia de Santa Cruz desde 1994″, se precisa.
José López es el ex funcionario que apareció con bolsos con millones de dólares en un convento en junio de 2016 y terminó condenado por enriquecimiento ilícito. También es el mismo ex funcionario que se convirtió en arrepentido en la causa de los cuadernos, en donde también están acusados la vicepresidenta y el ex ministro de Planificación Julio De Vido. Varios empresarios arrepentidos también fueron convocados al juicio oral.
Julio De Vido, Cristina Kirchner y José López (archivo Télam)
La tercera etapa de la maniobra, afirma la acusación, consistió en la selección del territorio en donde se llevaría a cabo la maniobra, y por tal razón se dispuso la concentración económica de la mayor cantidad de recursos públicos en materia de obra vial en un solo lugar: Santa Cruz. Precisamente, es la provincia de la que los ex presidentes son oriundos, en la que Néstor Kirchner gobernó durante tres mandatos y en la que además administró gente de su confianza en la mayor parte del período 2003-2015: “Instituyeron a la provincia de Santa Cruz como la más beneficiada en la transferencia de fondos públicos para la realización de obras viales, con un 11% del presupuesto total y le asignaron durante el periodo 2003-2015 —lapso en el que se extendió la maniobra— un total de $21.880.376.306″.
“De este modo, bajo la apariencia de una legítima política de gobierno, Néstor Kirchner y Cristina Fernández erigieron a la obra pública vial como el dispositivo de inversión real directa más importante de nuestro país, es decir el modo a través del cual se incorporaron activos no corrientes al patrimonio nacional, sin embargo, dicha política de gobierno fue —al menos en lo que compete a la provincia de Santa Cruz— el mecanismo a través del cual se canalizarían fondos hacia donde su socio, Lázaro BÁEZ, resultaría espuriamente beneficiado”, se afirmó en la etapa de instrucción.
La defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner intentó impugnar la acusación en su contra, hacer valer un sobreseimiento en Santa Cruz en su gestión y cuestionar el peritaje sobre los que se basó la acusación. Llegó con sus recursos a la Corte Suprema. Por unanimidad, el 21 de junio pasado, el máximo tribunal rechazó sus planteos porque no había una sentencia definitiva ni existía gravedad institucional para que el caso fuera analizado en este momento por esta instancia. “El hecho de que se trate de un juicio que involucre a una alta funcionaria pública nacional no cambia esa conclusión. No es posible pensar que cualquier decisión adversa que se adopte en procesos donde estén implicados funcionarios de tal naturaleza exija, por esa sola circunstancia, la intervención de esta Corte. Ninguna norma de la Constitución Nacional, ni de las leyes pertinentes, autorizan a concluir que la competencia del Tribunal tiene ese alcance”, le contestó la Corte.
Obra pública en Santa Cruz: la UIF pidió la absolución de Cristina Kirchner
Con Cristina Kirchner presente en la audiencia del juicio oral, la Unidad de Información Financiera (UIF) descartó hoy que la vicepresidenta haya encabezado una asociación ilícita para defraudar al estado en las obras públicas que de 2003 a 2015 recibió el empresario Lázaro Báez. Así, los abogados del organismo que depende del gobierno nacional pidieron la absolución su absolución.
“Esta querella entiende que no existe la posibilidad de sobreprecios. Sería irresponsable avanzar en una acusación”, aseguró el abogado de la UIF, Leandro Ventura. “Corresponde la absolución de los acusados respecto del delito de fraude”, agregó. Y luego señaló que si no hubo fraude en la obra pública que recibió Báez, tampoco existió el delito de asociación ilícita. “Es imposible demostrar la existencia de una organización criminal. Además de las dudas producidas en el debate sobre los sobreprecios, encontramos una absoluta orfandad probatoria al momento de probar una asociación ilícita”, agregó el abogado.
El abogado Alejandro Irachet dijo al finalizar el alegato -que duró cerca de dos horas y media- que la postura de la UIF fue “por instrucción de su presidente”, Juan Carlos Otero, nombrado en diciembre del año pasado por Alberto Fernández. Había mucha expectativa de cuál iba a ser la postura de la UIF por tratarse de un organismo que depende del gobierno nacional que tiene a su vicepresidenta como principal acusada del caso.
La UIF también descartó que Cristina Kichner haya cometido el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público al firmar los decretos mediante los cuáles reasignó partidas presupuestarias durante su gestión para las obras de Báez. “Las conductas llevadas a cabo al firmar decretos solo revisten carácter de actos de gobierno de los cuales no se desprende la violación de los deberes de funcionario público. Quedamos frente a una cuestión política que cuyo acierto o desacierto se encuentra fuera del control de la justicia”, dijo Irachet.
Así, la UIF pidió la absolución de la vicepresidenta, de Báez, de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; de José López, ex secretario de Obras Públicas; de Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; de Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; y de Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad.
La UIF sí entendió que cometieron el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario pública Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Se trata de los ex funcionarios de menor rango del juicio. Para ellos solicitó una pena de un año de prisión en suspenso y de dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, los abogados advirtieron que la acusación podría estar prescripta y le dejaron a los jueces del tribunal el análisis de esa situación.
Respecto de los ex funcionarios de Santa Cruz, la UIF sostuvo que tenían el deber de controlar las obras y que no lo hicieron ya que, por ejemplo, informaron que estaban terminadas cuando en rigor no y eso permitió que Báez cobre la totalidad de los pagos. Los abogados descartaron que Periotti, como titular de Vialidad Nacional, haya participado de la maniobra porque tenía un “control formal” a través del organismo de Santa Cruz y no directo.
El alegato de los abogados de la UIF duró poco menos de dos horas y media y así dio inicio a esta etapa del juicio que es el momento en el que las partes piden las condenas o las absoluciones de los acusados. La UIF tenía tres audiencias para alegar pero solo uso una. El juicio continuará el próximo 1 de agosto a las 8:30 horas con el alegato del fiscal Diego Luciani que hoy adelantó que utilizará las nueve jornadas que le dio el tribunal.
Los 13 acusados en el proceso se conectaron a la plataforma Zoom para estar en la audiencia. Entre ella, Cristina Kirchner que escuchó la decisión de la UIF en vivo y en directo. Se conectó temprano a la audiencia virtual desde su oficina del Senado. No tuvo ninguna participación y por momentos apagó la cámara. Está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que de manera irregular le concedió obra pública a Báez. Infobae había adelantado a la mañana que la ex presidenta iba a estar en la audiencia y que su intención es estarlo -si su agenda como vicepresidenta lo permite- también cuando sean los alegatos de la Fiscalía.
Lo que se juzga son las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que desde 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, recibieron las empresas de Báez para la provincia de Santa Cruz. Entre ellas, sobreprecios, el pago total de la obra cuando muchas no habían finalizado y falta de antecedentes y capacidad de las compañías para realizarlas. La UIF descartó que eso haya ocurrido.
Los abogados de la UIF en sus alegatos
Los abogados de la UIF en sus alegatos
Los abogados Ventura e Irachet objetaron el trabajo que hicieron los peritos que participaron del peritaje sobre las obras. “No hubo discusiones entre los peritos porque hubo metodologías distintas. Se llegaron a resultados inconsistentes”, señaló Ventura. Concretamente sostuvo que el perito Eloy Bona -de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- “refirió a expresiones como creo que, me parece que, que son elementos que dificultan llegar a una certeza necesaria”.
Los letrados señalaron que del coloquio que los peritos tuvieron en el juicio solo “quedaron dudas por los cálculos realizados por el perito oficial” vinculados a los precios de plaza, los ítems, sobre cómo se realizaron las comparaciones de obras, cómo se accionó un precio determinado ante distintas opciones.
La UIF coincidió con la perito de parte de la defensa de Cristina Kirchner, Adriana Alperovich. Los abogados señalaron que utilizó la mejor metodología para la pericia según la biografía autorizada que es el presupuesto por análisis de costo y que su conclusión fue que no hubo sobreprecios. “Y la pericia oficial y la de la fiscalía no pudieron rebatir esos argumentos”, sostuvo Ventura.
Cristina Kirchner volvió a estar en el juicio después de que lo hizo en su comienzo, en mayo de 2019, para la lectura de la acusación y para su indagatoria. “Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, declaró Cristina Kirchner el 2 de diciembre de 2019, pocos días antes de asumir como vicepresidenta. Luego, el tribunal autorizó a los acusados a no asistir a la declaración de los testigos, etapa que finalizó a medidos de junio pasado y ahora para los alegatos debieron volver a presentarse. La ley establece que en un juicio los imputados tiene que estar para escuchar la acusación, para su indagatoria, los alegatos, las últimas palabras y el veredicto.
Así, estuvieron todos presentes antes los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, a cargo del proceso.
La hoja de ruta que trazó el tribunal es que antes de fin de año haya veredicto para alejarlo del 2023, año de elecciones presidenciales, y que no haya ninguna especulación política en su decisión. Para acelerar los tiempos, el tribunal fijó un día más de audiencias desde esta semana. Después de los alegatos de la Fiscalía será el turno de las 13 defensas. Cada una tendrá tres audiencias para exponer sus argumentos. La primera en hacerlo será la de Báez. La de Cristina Kirchner es la sexta.
La videoconferencia de la audiencia de inicio de los alegatos
La videoconferencia de la audiencia de inicio de los alegatos
En el juicio declaró como testigo el presidente Alberto Fernández, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y Juan Manuel Abal Medina, todos los jefes de Gabinete de 2003 a 2015. Los abogados de la UIF citaron hoy las declaraciones del jefe de Estado y de Massa para descartar irregularidades por parte de Cristina Kirchner en la firma de los decretos.
También declararon dirigentes de la oposición como Margarita Stolbizer y Javier Iguacel, el primer director de Vialidad Nacional del gobierno de Mauricio Macri quien en 2016 presentó la denuncia que dio lugar al juicio oral. También lo hicieron los peritos oficiales que concluyeron que en la concesión de las obras hubo irregularidades y la de parte de las defensas que las rechazó.
Las defensas de Cristina Kirchner y de otros acusados hicieron distintas objeciones a la investigación y al juicio que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal rechazó hace tres semanas todos los planteos y así el juicio quedó libre de posibles obstáculos hasta su finalización.
Este es el primer juicio que afronta la vicepresidenta. Fue elevada a esa instancia en otros cuatro. En los casos de la firma del memorándum de entendimiento con Irán, de dólar futuro y “Hotesur-Los Sauces” fue sobreseída sin que se haga el juicio. Esos decisiones están apeladas para ser revisadas. El memorándum con Irán y “Hotesur-Los Sauces” están en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Y la de dólar futuro en la Corte Suprema. El quinto juicio es por los llamados “cuadernos del corrupción” que espera fecha de inicio en el Tribunal Oral Federal 7.
Los alegatos de hoy se iniciaron con una caso que generó preocupación en la última semana. Se conoció que desconocidos ingresaron a la Oficina de declaraciones juradas del Consejo de la Magistratura de la Nación. Allí fueron abiertos los anexos reservados -con información de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y direcciones de domicilios- de 24 jueces y funcionarios y manipulados los de otros nueve. Entre los sobres abiertos están los de Gorini, Giménez Uriburu y Basso, los tres magistrados del tribunal que juzga el caso de la obra pública. Hay una causa judicial abierta que investiga el caso.