
El ajuste en el gasto del Estado nacional vuelve a afectar a la educación, que podría sufrir un recorte del 15,5% de los fondos del Ministerio con respecto a 2022. El Proyecto de Ley del Presupuesto 2023 prevé un ajuste generalizado del 6,8%, pero en el caso de la educación es más del doble que la del presupuesto nacional general.
Los datos surgen del informe Presupuesto educativo nacional 2023, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Javier Curcio (FCE/UBA, Iiep Baires-UBA Conicet), Gabriela Catri y Martín Nistal (Observatorio de Argentinos por la Educación).
El documento analiza el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2023 y la evolución del gasto del Ministerio de Educación de la Nación durante el período 2013-2023. Los datos previos a 2022 fueron tomados del presupuesto abierto publicado por el Ministerio de Economía, mientras que para 2022 y 2023 se analizó el proyecto de Ley de Presupuesto y el mensaje de remisión al Congreso elaborado por el Ministerio de Economía.
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El presupuesto educativo de 2023 es el segundo más bajo de los últimos once años (el más bajo fue el de 2020). En la última década, la mitad de los presupuestos nacionales han implicado ajustes en Educación. El análisis muestra ajustes interanuales en el Ministerio de Educación en cinco oportunidades: 2014 (-2,9%), 2018 (-9,2%), 2019 (-6,9%), 2020 (-15,6%) y 2023 (-15,5%).
Los fondos del Ministerio de Educación pasarán de $ 870.044 millones este año a $ 735.467 millones el año próximo (en pesos constantes de 2022). De un total de 23 jurisdicciones presupuestarias, Educación está entre las seis que efectuarán mayores ajustes en 2023, superado solo por Ambiente y Desarrollo (-15,8%), Transporte (-17,3%), Salud (-19,2%), Economía (-20,8%) y Turismo y Deportes (-26,0%).
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“La reducción del presupuesto nacional destinado a Educación no es algo que sorprenda, sí algo que preocupa. Parte importante de dicho presupuesto sostiene a las 61 universidades nacionales. Hoy, en términos relativos, Argentina gradúa la mitad de profesionales universitarios que Chile. Y en un mundo donde el mercado laboral requiere más y más saberes, la baja presupuestaria solo delinea un futuro que resulta incierto”, sostiene Marcelo Rabossi, profesor e investigador de la Universidad Torcuato Di Tella.
El ajuste previsto para 2023 se suma al recorte del 5% proyectado para los fondos vigentes del Ministerio hasta el cierre de 2022. Esto implica una disminución del peso relativo de la Educación dentro del gasto nacional previsto para este año, de acuerdo con lo proyectado en el Mensaje del Presupuesto 2023. Esta contracción se añade a las reducciones anunciadas en agosto de 2022, que afectaron al programa Conectar Igualdad, el fortalecimiento edilicio de jardines de infantes y la inversión en infraestructura y equipamiento.
En contrapartida, el presupuesto para Ciencia y Tecnología para el año 2023 crecerá en un 32%, alcanzando los 500.921 millones de pesos que corresponden al 0,34% del PBI.
El Gobierno Nacional a partir del año 2019 ha colocado a la Ciencia y la Tecnología como una de sus prioridades y ha tomado decisiones presupuestarias que privilegiaron este sector. Estas decisiones permitieron que se recupere buena parte de la caída de la inversión que entre el 2015 y el 2019 significó una pérdida de la participación de la Ciencia y la Tecnología del 0,35 al 0,22% del PBI.
El presupuesto 2023 para las asignaciones familiares asciende a $1,432 billones (0,97% del PBI), de los cuales $748.000 millones (0,51% del PBI) son para financiar las asignaciones familiares contributivas de activos y pasivos y $684.000 millones (0,47% del PBI) son para financiar la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social.
Estos montos implican caídas en términos reales para todas las líneas: entre un 6% y un 14% para el total de Asignaciones Familiares (AAFF), entre 9% y 16% para las AAFF contributivas, y entre 3% y 10% para las Asignaciones Universales por Hijo y por Embarazo del programa “Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia”. Ambas líneas presupuestarias ven reducidos sus presupuestos en 2023, incluso en términos nominales.
En cuanto a lo destinado al Ministerio de Educación, hay dos programas que preocupan a los trabajadores de la educación , uno es el programa : “Infraestructura y Equipamiento” (con reducciones en términos reales de entre el 2% y el 18% según el escenario considerado)”. El otro está representado en la caída del presupuesto para el “Fondo Nacional de Incentivo Docente”, que tendrá una asignación de $125.000 millones para 2023. “Este programa también exhibe una reducción importante en términos reales (-15%) incluso en el escenario más optimista de inflación”.
Lo mismo ocurre con la Tarjeta Alimentar. El crédito de $342.000 millones (0,23% del PBI) dispuesto para 2023 significa una caída muy significativa en términos reales para cualquiera de los escenarios de inflación analizados (25% para el escenario 1; 30%, para el 2, y 17%, para el 3. “El presupuesto de $37.000 millones asignado para la construcción y equipamiento mobiliario de edificios educativos de nivel inicial a través del programa ‘Fortalecimiento de Jardines infantiles’ implementado por el Ministerio de Educación, representa una reducción de entre 14% y 28% en términos reales respecto del presupuesto 2022, según el escenario de inflación que se considere. Este desfinanciamiento para 2023 se suma al recorte presupuestario de $15.000 en la Decisión Administrativa 826/2022 en agosto de 2022″.
El documento presentado por Unicef muestra que además se reducen también los presupuestos para la construcción y remodelación de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que implementan tanto el Ministerio de Obras Públicas en el marco del programa “Fortalecimiento de la infraestructura social del cuidado y sanitaria”, como el Ministerio de Desarrollo Social en el marco del programa “Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia”. En ambos casos, ambas partidas presupuestarias ven reducidos sus presupuestos en 2023, incluso en términos nominales.

En síntesis, en relación con el presupuesto vigente, la inversión para el año que viene se reduce un 10%”, algo que coincide con el informe que publicó Unicef. La reducción afectaría distintas políticas sociales . “12% en Asignación Universal por Hijo/a; 31,8% en Prestación Alimentaria (antes Tarjeta Alimentar); 35% de construcción de Jardines de Infantes y 22% en infraestructura y equipamiento escolar”.
Esto va en contra del artículo 72 de la Ley Nº 26.061 de Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El mismo determina la “intangibilidad de los fondos destinados a la infancia” y no permite que se reduzcan en el presupuesto la previsión o ejecución de los ejercicios anteriores.
Mientras los especuladores hacen ganancias millonarias a costa del Estado cuyos ingresos dependen en un 70 % de los impuestos pagados por las grandes mayorías, más de 17 millones de personas se encuentran sumergidas en la pobreza, y donde más de la mitad de niños, niñas y adolescentes en Argentina son pobres. El presupuesto destinado a esta población refleja que las prioridades de quienes lo aprobaron son otras y son digitadas por el FMI. Por eso, la pelea debe ser no sólo por un aumento de presupuesto para las infancias, sino para que no sean quienes paguen con sus vidas el ajuste y las condiciones que les quieren imponer.