- El Gobierno nacional cuestionó la medida cautelar que devolvió a la Ciudad parte de los fondos que el Poder Ejecutivo Nacional le quitó en 2020, anunció que recusará a los jueces de la Corte y presentará un pedido de revocatoria del fallo. La oposición criticó la reacción del oficialismo y cuestionó que no se cumplan los fallos del máximo tribunal del país.
- El año de inicio de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos) revirtió una medida tomada en la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos) y redujo de 3,5% a 2,32% el coeficiente de fondos que debe recibir la Ciudad, los cuales habían sido incrementados por el traspaso del área de Seguridad de la Nación a la órbita porteña.
- La Ciudad presentó un pedido de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, que aún no resolvió sobre el fondo aunque dictó una medida cautelar en la que estableció que la Nación debe enviar a la Ciudad el 2,95% de los fondos coparticipables mientras dure el proceso judicial.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó esta semana un fallo de alto impacto político: concedió una medida cautelar en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la causa contra la Nación por los fondos de la coparticipación. Se trata de un conflicto que tiene su origen en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos), y que desde 2020 se dirime en los tribunales.
Lo que se debate es qué cantidad de dinero debe transferir la Nación a la Ciudad tras el traspaso del área de Seguridad desde la órbita federal a la local. El fallo de esta semana no resolvió sobre la cuestión de fondo del conflicto, pero ordenó provisoriamente corregir el porcentaje en favor de la Ciudad mientras se tramita y resuelve la causa.
El Gobierno nacional contestó con un comunicado en el que señaló que el fallo es “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”, anunció que recusará a los jueces de la Corte y presentará un pedido de revocatoria del fallo. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acusó al Poder Ejecutivo Nacional de “atentar contra el Estado de Derecho” por incumplir un fallo del máximo tribunal del país.
A continuación, te contamos el origen y las claves del caso.
- ¿Cómo se inició este conflicto entre la Nación y la Ciudad?
Hasta 2015, la Ciudad recibía un monto de la coparticipación federal que era equivalente al 1,4% de la masa total de impuestos recaudados por la Nación. Pero, en enero de 2016, el ex presidente Macri incrementó vía decreto este coeficiente a 3,75%. Según explicó en ese momento el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la suba estaba vinculada al traspaso de una parte de los agentes de la Policía Federal Argentina a la órbita porteña para que la Ciudad se hiciera cargo de la seguridad en el distrito.
El coeficiente fue corregido 2 años más tarde, luego de la firma del Pacto Fiscal: se fijó en 3,5%. Ese porcentaje se mantuvo hasta septiembre de 2020, ya iniciada la gestión de Fernández (Frente de Todos) y durante la pandemia del coronavirus. En medio de un conflicto entre la Provincia de Buenos Aires y efectivos de la Policía Bonaerense, que reclamaban mejoras salariales, el presidente Fernández dictó otro decreto para reducir ese coeficiente a 2,32% y poder asistir financieramente a la Provincia. Según informó la Ciudad en el Mensaje de Presupuesto 2021, la aplicación de este decreto significó una pérdida de $ 13 mil millones sólo durante 2020.
Ese decreto, además, estableció que una vez que el Congreso aprobara la transferencia total de las funciones de Seguridad a la Ciudad, el coeficiente volvería nuevamente a 1,4%, como hasta 2015.
- ¿Qué reclamó la Ciudad?
A los pocos días de la entrada en vigencia del decreto, la Ciudad presentó un recurso de amparo (sirve para proteger derechos constitucionales con una afectación actual o inminente) ante la Corte, instancia que tiene competencia originaria en los conflictos entre provincias, o entre la Nación y una provincia. Allí, solicitó varios puntos:
–Que se restablezca el coeficiente del 3,5% de coparticipación a la Ciudad,
-Que se declare la inconstitucionalidad del decreto de Fernández,
-Que se le reintegren a la Ciudad la totalidad de los fondos retraídos más los intereses,
-Y que, en forma de medida cautelar, se suspenda la aplicación de ese decreto hasta que se alcance una sentencia definitiva. Esto último es lo que concedió ahora la Corte.
La Ciudad señaló que tanto la suba a 3,75% como el reajuste a 3,5% fueron decididos con el consentimiento del Gobierno porteño. “En nuestro régimen constitucional no existe justificación para la modificación unilateral por parte del Estado Nacional del coeficiente en la coparticipación de los Estados locales”, señala el escrito.
La Ciudad, además, negó que el impacto presupuestario real sea equivalente a 0,92 puntos de coparticipación (la diferencia entre 1,4 y 2,32), como había señalado la Nación. El escrito presentado señala que durante el período de vigencia del coeficiente del 3,75% o 3,5% la Ciudad siempre gastó más de lo que Nación transfirió de forma adicional para financiar el servicio de Seguridad.
- ¿Cuál era la posición de la Nación?
En 2020, el Ministerio del Interior de la Nación elaboró un informe que indicó que en el período 2016-2019 la Nación se excedió en la transferencia de recursos a la Ciudad para solventar el traspaso. “El modo en que se financió la transferencia de servicios con un incremento en el coeficiente de coparticipación de la CABA la benefició ampliamente porque excedió los mayores gastos ocasionados”, dice.
El informe sostiene que, para atender los mayores gastos por la Seguridad, alcanzaba con una ampliación de 0,92 puntos del coeficiente, para llegar a un porcentaje de 2,32%.
En respuesta a la demanda presentada por la Ciudad, los letrados del Estado nacional solicitaron que se condene al Gobierno porteño a devolver lo “percibido en exceso” entre 2016 y 2019.
- Una nueva modificación legislativa en 2020
En diciembre de 2020, el Congreso aprobó el convenio de transferencia progresiva de las funciones de Seguridad no federales a la Ciudad. Esta ley devolvió el coeficiente a 1,4%, ya que el decreto dictado por Fernández 3 meses antes había establecido que, una vez aprobada la ley de traspaso, se volvería a ese coeficiente.
La ley, además, estableció la transferencia de la Nación a la Ciudad de un monto de $ 24 mil millones anuales y con actualización trimestral, hasta tanto se acordara un monto entre ambas jurisdicciones.
- ¿Qué resolvió la Corte Suprema?
El máximo tribunal resolvió sobre la ley aprobada por el Congreso en diciembre de 2020, ya que la Ciudad presentó 2 demandas: contra el decreto de septiembre de 2020 y contra la ley que aprobó el convenio de traspaso. En su fallo, la Corte ordenó que hasta tanto no se llegue a un fallo definitivo en este expediente, la Nación debe enviarle a la Ciudad otro coeficiente: el 2,95% de los fondos coparticipables.
Es decir, la Corte estableció un coeficiente menor al que se había fijado en el gobierno de Cambiemos, pero superior al que se estableció en el decreto y la ley impulsadas en el gobierno del Frente de Todos. ¿Por qué? Como aún no se definió la cuestión de fondo y el Gobierno nacional también introdujo demandas en sentido contrario, la Corte ajustó el alcance de la cautelar “para distribuir” entre la Nación y la Ciudad “la carga de soportar los eventuales perjuicios vinculados con la duración del proceso”.
Consultado por Chequeado, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien formó parte del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público durante 2020, señaló que la Corte no dio ninguna explicación técnica de cómo llegó al coeficiente de 2,95% que plasmó en el fallo.
La Corte, además, le ordenó al Estado nacional que hasta tanto no se resuelva este expediente se abstenga de aplicar la ley sancionada en diciembre de 2020.
“Lo dice la Constitución de modo explícito: en este tipo de cuestiones, si se van a sacar fondos a una provincia (N. de la R.: en este caso la Ciudad de Buenos Aires), esa provincia tiene que dar el acuerdo”, señaló en una entrevista en el canal Todo Noticias (TN) el abogado y profesor titular de Derecho Constitucional Roberto Gargarella. Esto está establecido en el artículo 75 inciso 2 de la Constitución nacional.
- ¿Qué respondió el Gobierno nacional?
En un comunicado emitido en la noche del jueves, el Gobierno nacional criticó el fallo de la Corte y señaló: “En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe”.
Además, anunció que recusará a los miembros del máximo tribunal y presentará un pedido de “revocatoria in extremis de la resolución cautelar dictada”. ¿En qué consiste este recurso? “No existe en la ley un recurso con ese nombre ni está previsto ni ‘mapeado’ procesalmente, ni tiene reconocimiento jurisprudencial. Más allá del nombre que le quieran dar, toda decisión cautelar puede ser objeto de recursos pues no es definitiva (y lo de la Corte es una decisión cautelar)”, explicó a Chequeado Gustavo Arballo, abogado constitucionalista y profesor de Derecho en la Universidad Nacional de La Pampa.
Y agregó: “En tribunales normales ese recurso es ‘de apelación’ porque eventualmente hay un tribunal superior. Pero la Corte no tiene un tribunal superior. Lo único que le queda a una parte entonces es el recurso de ‘revocatoria’ (que es un recurso genérico interpuesto ante el propio tribunal que dictó la sentencia, para que la cambie)”. Esto es lo que anunció que hará el Poder Ejecutivo.
La iniciativa fue duramente criticada por la oposición, que acusó al Gobierno nacional por no acatar los fallos de la Corte y violar la división de poderes. Rodríguez Larreta señaló: “El Presidente decidió violar, atentar contra el Estado de derecho, contra la democracia. Desde la vuelta de la democracia en el ‘83 que no hay antecedentes de un Presidente que no cumpla un fallo de la Corte”.
Si bien no es un caso idéntico, porque no involucra al Gobierno nacional, existe el antecedente de incumplimiento de un fallo de la Corte por parte de una provincia. Es el caso del procurador de la provincia de Santa Cruz, Eduardo Sosa. En 1995, durante el gobierno de Néstor Kirchner, la Legislatura provincial aprobó una reforma judicial que desdobló las funciones de Sosa, por entonces procurador general: por un lado el agente fiscal y, por el otro, el defensor de pobres. A Sosa no se le dio ninguno de los 2 cargos y recurrió a la vía judicial. La Corte Suprema le dio la razón en varias oportunidades, pero el gobierno santacruceño, con Kirchner a la cabeza o con quienes lo sucedieron, nunca le devolvió el cargo.