Los bloques de la oposición dialoguista y La Libertad Avanza lograron imponer su mayoría para emitir un dictamen en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados que declara a la educación como “Servicio Estratégico Esencial”, con el fin de garantizar 180 días de clases en las escuelas públicas del país y evitar que los alumnos pierdan días de clases por los paros docentes.
La decisión se adoptó en una reunión de comisión que tuvo momentos de tensión por las acusaciones cruzadas entre diputados del macrismo, La Libertad Avanza y Unión por la Patria que rozaron el escándalo y por el cual el presidente de la comisión, Alejandro Finocchiaro amenazó en varias oportunidades con suspender el encuentro.
El dictamen de comisión -que reunió 18 firmas- se elaboró en base a las iniciativas impulsadas por Finocchiaro, Carla Carrizo (UCR-Caba) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica-Caba), y quedó listo para ser tratado en el recinto.
La iniciativa declara a la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidas en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo.
En ese sentido señala que el Estado Nacional y las provincias deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante los días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente y deberán establecer un sistema de guardias mínimas obligatorias.
Finocchiaro dijo que “la educación debe proveer a nuestros chicos de libertad y por eso nuestro proyecto declara a la educación como servicio estratégico esencial” y señaló que “El Estado tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer los medios para garantizar una educación integral, permanente, gratuita y de calidad”.
El diputado Santiago Santurio (LLA-Buenos Aires) dijo que “en los últimos años la educación se ha degradado, venimos retrocediendo en alfabetización. Es importante que el dictamen sea tratado para que la educación sea un servicio esencial”
Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, señaló que “la propuesta del dictamen es un equilibrio que intenta resolver esa tensión de dos derechos que están en pugna, no hay en nuestro encuadre constitucional, normativo ningún tipo de derecho absoluto. Entonces nosotros buscamos y encontramos una redacción que equilibra y, de alguna manera, quita la tensión de dos derechos en pugna, pero que un derecho, que nosotros queremos poner en valor: el derecho del interés superior de los niños y niñas y adolescentes en nuestro país”.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, se quejó que no se hayan realizado reuniones informativas y denunció que están pasando cosas “raras con los giros a las comisiones, y algunos son innecesarios principalmente con los que somos opositores al Gobierno”.
La legisladora Carla Carrizo (UCR-Caba) aseguró que el proyecto “tiene su enfoque en los derechos de la infancia, no tiene que ver con el derecho laboral. No hay nada en contra de ningún docente ni del derecho de huelga, queremos docentes bien pagos y chicos estudiando. Es un enfoque avalado internacionalmente por los derechos de la Convención Internacional del Niño”
En cambio, la diputada Romina del Pla (FIT-Buenos Aires) expresó que “el objeto de estos proyectos es un engaño gigante porque si quieren garantizar la educación tiene que asegurar su financiamiento” y aseveró que “las familias padecen las políticas de los distintos gobiernos, no los paros docentes”.
Por su parte, la diputada Blanca Osuna (Unión por la Patria-Buenos Aires) lamentó que “en un contexto de desfinanciamiento de la educación, y de un presidente que declara que viene a destruir el Estado, y la escuela es el Estado, el oficialismo dictaminó desde una mirada restringida de esencialidad que impide el derecho a huelga de los docentes”.
“La pregunta es inevitable: ¿Cómo pueden definir esencial aquello que quieren destruir? La esencialidad, tal como lo plantea el dictamen del oficialismo, restringe la posibilidad de pedir por mejoras de la calidad educativa que necesita de mejores condiciones también laborales”, planteó.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se reunió este jueves y dictaminó el proyecto de ley que declara “servicio estratégico esencial” a la educación. El texto lleva las firmas de La Libertad Avanza, el Pro, el radicalismo, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal -en disidencia parcial-.
El dictamen fue unificado entre ocho iniciativas impulsadas por el titular de la comisión, Alejandro Finocchiaro y Martín Maquieyra, del Pro; las diputadas radicales Carla Carrizo y Danya Tavela; Maximiliano Ferraro de la CC; y los exdiputados Gustavo Hein y Victoria Morales Gorleri.
En el comienzo de la reunión, desde Unión por la Patria acusaron al oficialismo de actuar de forma irregular y apuntaron contra la Secretaría Parlamentaria. Germán Martínez, jefe de bancada, señaló que “es insólito esto que está pasando”, en alusión a la rapidez con la que los dictámenes agilizaron los giros en otras comisiones para ser dictaminados.
En el mismo sentido, la diputada nacional Romina Del Plá, quien se despidió del Cuerpo ya que dejará su banca, denunció una maniobra “gravísima”, y apuntó que este tratamiento “tiene ánimos de venganza” por el avance del FONID. Además, planteó que “no se busca resolver problemas de fondo, sino prohibir la huelga docente”.
Hubo fuertes cruces entre los bloques Pro y Unión por la Patria. En medio de los gritos, chicanas e interrupciones de ambos lados, Finocchiaro amagó con levantar la reunión. Finalmente, el proyecto que declara servicio esencial estratégico a la educación quedó listo para ser tratado en una posterior sesión en el recinto de la Cámara de Diputados.
Fuerte debate en comisiones
El primero en exponer fue el radical Fabio Quetglas, quien defendió el proyecto impulsado por su bloque y cargó contra la actividad gremial docente: “El 90% de la pérdida de días de clases son motivadas por razones sindicales”. Asimismo, indicó que “la educación es lo único que puede garantizar la movilidad social transgeneracional”.
Luego de mencionar a los diputados heridos en los incidentes del miércoles en las afueras del Congreso durante el debate de la ley Bases en el Senado, Germán Martínez repasó los proyectos del temario y mencionó la fecha en que se presentó cada uno y los giros correspondientes de cada texto. “Están pasando cosas raras con los giros en Diputados, algunos innecesarios principalmente con los que somos opositores al Gobierno”, arrancó.
Citó, para ello, que el martes pasado se trató ludopatía y ciberapuestas -un mismo tema- en dos reuniones diferentes. “Creo que el presidente de la Cámara (Martín Menem) debería prestar atención a lo que está pasando con Secretaría Parlamentaria porque esto no puede pasar desapercibido y nosotros siempre hemos dado todos los debates”, sostuvo.
Del mismo modo, cuestionó que no se haya convocado a una reunión informativa con invitados sobre el tema. Fue allí cuando el clima se empezó a caldear tras recordar que “fui presidente de bloque oficialista y nunca avalé tratamientos así”.
No había terminado la exposición de Martínez que las diputadas del Pro, Silvia Lospennato y Sabrina Ajmechet, cargaron contra el jefe de bloque kirchnerista. En defensa del santafesino, la diputada Paula Penacca les contestó: “Fue su gobierno el que endeudó a la Argentina por 100 años”.
Impulsora de uno de los proyectos, la diputada radical Carla Carrizo aclaró que “no hay nada en contra del derecho a huelga porque queremos docentes bien pagos y chicos estudiantes”. “Este es un enfoque avalado por la Convención de los Derechos del Niño”, sumó.
Tras cruzarse en reiteradas oportunidades con UP, Lospennato señaló que “estamos reunidos acá para defender el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes y, si tenemos una mayoría que nos acompañe, estaremos dando una solución a millones de padres con un paso muy importante”.
También, autor de uno de los proyectos, Maximiliano Ferraro manifestó que “en la Argentina hoy tenemos un 57% de pobreza infantil, a su vez en los sectores más desfavorecidos las desigualdades económicas o las brechas se consagran aún más”. “Sabemos que en lengua solo alcanzan los resultados esperados 5 de cada 10 estudiantes y en matemática 4 de cada 10”, explicó.
“Hay brechas de este colapso en los tipos de gestión de la educación tanto gestión pública como privada. En matemática en privada 7 estudiantes de cada 10 alcanzan los niveles satisfactorios, en pública 5 de cada 10, en privada 9 de cada 10 alcanzan los niveles satisfactorios en lengua y 6 de cada 10 en pública”, amplió.
A su vez, añadió que “la modificación que nosotros estamos planteando de la Ley de Educación Nacional no rompe en ningún sentido el criterio armonioso, y que siempre, en coincidencias o diferencias, tratamos de cuidar a la hora de dictaminar en acuerdo o en desacuerdo”.
A su turno, Hugo Yasky cargó contra la gestión del Gobierno Nacional y consideró que “es el mayor ajuste de la historia”. Por otro lado, se opuso al proyecto y aseveró que “le exigimos título universitario a los docentes y le pagamos como un trabajador de la categoría más baja de la construcción. Respetemos lo que es ser docente y alumno de la escuela pública”.
Por el lado del oficialismo, Santiago Santurio señaló que “se dijeron varias barbaridades”, y agregó que en los últimos 20 años “se aumentó un 35% la cantidad de empleados públicos en un Estado grande y deficitario que da servicios pésimos como la educación”.
Asimismo, cargó contra la oposición: “Nos vienen a dar clases de Constitución o reglamentos, pero yo les hablo de esta ley para cuando haya un gobierno kirchnerista no cierren las escuelas”, en relación a la cuarentena del 2020. “Me parece importante el dictamen que sale de la comisión, pero es una medida que no va a ser suficiente”, afirmó.
Brevemente, la diputada libertaria Mercedes Llano defendió el dictamen y explicó que “es para que la educación sea el eje del progreso después de años de declive”. Además, detalló que “en los últimos 35 años, se perdieron 2,3 años de escolaridad a raíz de los paros docentes”.
“Cada año resulta en deterioro de los estudiantes y menos días de clases afecta a los sectores más vulnerables”, subrayó. En el cierre, cargó contra el secretario gremial del SUTEBA: “Vamos a pasar de un modelo Baradel a un modelo ‘sarmientino’ para que la educación sea un modelo de ascenso social”.
Con el anuncio del dictamen firmado por 18 diputados del oficialismo y los bloques dialoguistas, Alejandro Finocchiaro despidió a Romina Del Plá, quien dejará su banca en los próximos días y será reemplazada por Mónica Schlotthauer.