En una reciente auditoría llevada a cabo por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sobre las pensiones por invalidez otorgadas durante administraciones anteriores, se descubrió una “actividad fraudulenta a gran escala” con un desvío de fondos estimado en 3.400 millones de dólares solo en el último año.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó estos hallazgos, mientras que la auditoría fue liderada por el Director Ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo. Esta auditoría reveló que durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015, el número de pensiones no contributivas por invalidez laboral aumentó de 79.000 a 1.000.045.
El Gobierno denunció un “esquema de corrupción y desvío de fondos mediante la facturación de prestaciones médicas falsas” en la ANDIS, lo cual podría alcanzar un total de 3.400 millones de dólares. Según los datos proporcionados por las nuevas autoridades del área, se estima que el desvío de fondos fue del 40% del monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad. Diego Spagnuolo presentó la denuncia, que ahora está siendo investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.
Se ha informado que entre las actividades fraudulentas se están investigando casos en distintas localidades de la provincia de Río Negro. Según la auditoría, solo el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplen con los requisitos establecidos. Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa, señaló que en un expediente se presentó como prueba de incapacidad laboral una radiografía de un perro.
Desde la ANDIS se manifestó que existen “radiografías de un mismo hombro roto en 157 expedientes”, así como “radiografías bajadas directamente de Google”. También se encontraron constancias de análisis de laboratorio repetidos y un certificado médico que reproducía un poema de Arias Uriburu titulado ‘La Herida’ en lugar de describir la dolencia del paciente.
Las autoridades indicaron que entre el 30% y el 50% de las pensiones otorgadas durante los gobiernos kirchneristas podrían ser dadas de baja tras una exhaustiva auditoría a nivel nacional. Se denunció que las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándolas a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad.
De los 2.559 casos auditados, solo el 7% (185 casos) cumplen con los requisitos establecidos. Durante los años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 80.000 a 1.050.000. Durante la presidencia de Mauricio Macri, esta cifra se mantuvo constante, pero volvió a aumentar hasta 1.250.000 pensiones al 10 de diciembre de 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández. Actualmente, el valor de la pensión es de $203.100.
En su denuncia, Spagnuolo aportó pruebas de personas que cobraban pensiones sin tener invalidez laboral o discapacidad, incluyendo individuos con bienes como aviones, embarcaciones, más de un automóvil y hasta 59 inmuebles. Según los datos de ANDIS, alrededor del 35% de las pensiones otorgadas presentan incompatibilidades, con un 5% del total (casi 60.000 pensiones) en condiciones de incompatibilidad por poseer bienes y trabajo, mientras que el 30% restante presenta incompatibilidades médicas.
La investigación se inició después de que Spagnuolo comparara los datos de asignación de pensiones: en 2003 había 79.581 pensiones no contributivas por invalidez, y para 2023 esta cifra se había disparado a 1.222.882. La auditoría también reveló que existían canales paralelos en la gestión y una demora tal que muchos solicitantes morían esperando su pensión, mientras que otros sin dolencia alguna obtenían el beneficio en cuestión de meses.
Según la denuncia de ANDIS, “a partir de 2020 comenzaron una serie de Resoluciones y Decretos flexibilizando el otorgamiento de las pensiones. En enero de 2023 se eliminó la condición de invalidez laboral, reemplazándola por criterios muy subjetivos. En octubre de ese mismo año, pocos días antes de dejar el poder, se publicó un decreto que eliminaba el requisito de incapacidad para trabajar, creyendo que así se cubrían de todas las pensiones otorgadas irregularmente en su gestión”.
