En una decisión sorpresiva, el Gobierno de Chubut solicitó el embargo de las cuentas de la provincia de Río Negro en el Banco de la Nación Argentina (BNA). El pedido surge de un antiguo conflicto relacionado con un convenio firmado el 15 de agosto de 1991 entre Chubut, Río Negro y la entonces estatal Gas del Estado, que tenía como objetivo la ampliación del Gasoducto Cordillerano, en el tramo Pilcaniyeu – Esquel. El monto exigido por Chubut asciende a 15.026.950.360 pesos, incluyendo intereses.
Origen del conflicto
El litigio entre ambas provincias se remonta a la firma del acuerdo en 1991, cuando se comprometieron a llevar adelante la construcción del Gasoducto Cordillerano. Chubut alega que hubo un incumplimiento por parte de Río Negro en el financiamiento de la obra, lo que llevó a la provincia a tomar acciones legales. Este conflicto tuvo un fallo favorable a Chubut en abril de 2021 por parte de un Juzgado Contencioso Administrativo de Capital Federal, que ordenó a Río Negro el pago de 400 millones de pesos, cifra que con los años se ha incrementado significativamente debido a los intereses acumulados.
El acuerdo de 1991 involucraba no solo a las dos provincias sino también a la extinta Gas del Estado, en un esfuerzo conjunto por mejorar la infraestructura energética en la Patagonia. A pesar de los avances iniciales, las diferencias en la financiación del proyecto generaron tensiones que se arrastraron durante más de tres décadas.
La reactivación del conflicto
La solicitud de embargo realizada por Chubut se produce en un contexto político tenso, luego de que el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto con su par de Neuquén, Rolando Figueroa, no apoyaran al candidato propuesto por el gobernador chubutense Ignacio Torres para el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Torres había impulsado la candidatura de Ignacio Lamothe para liderar el CFI, pero fue derrotado tras la votación en la que Weretilneck y Figueroa respaldaron a un candidato diferente. Esto parece haber generado un nuevo impulso para reactivar la vía judicial en el conflicto con Río Negro.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, decidió avanzar en la medida judicial contra Río Negro como una forma de exigir el cumplimiento del convenio de 1991. La apoderada legal de Chubut presentó el pedido de embargo, que busca afectar cualquier suma de dinero que la provincia de Río Negro tenga depositada en el Banco de la Nación Argentina, incluidas las cuentas destinadas a la Coparticipación Federal de Impuestos.
Impacto en las relaciones interprovinciales
La decisión de Chubut ha generado preocupación en el ámbito político y financiero, no solo en Río Negro sino también en otras provincias que observan de cerca el desarrollo de este conflicto. El embargo solicitado incluye recursos provenientes de la Coparticipación Federal, lo que podría impactar gravemente las finanzas de Río Negro, que depende en gran medida de estos fondos para financiar sus operaciones y proyectos.
Desde el gobierno de Río Negro, aún no ha habido una respuesta oficial a la medida, pero se espera que la provincia presente un recurso de apelación para frenar el embargo. La reactivación del litigio judicial añade una nueva capa de tensión entre las provincias de la Patagonia, que han mantenido una relación generalmente cooperativa en términos de infraestructura y desarrollo regional.
Contexto político
La disputa se da en un momento delicado para las relaciones entre las provincias del sur argentino. Los desacuerdos sobre la elección del presidente del CFI fueron vistos como una ruptura en la alianza informal que solían mantener las provincias patagónicas en temas de política económica y desarrollo. La falta de apoyo al candidato de Chubut, Ignacio Lamothe, por parte de Weretilneck y Figueroa, ha sido interpretada como un revés político para Torres, quien ahora parece decidido a presionar judicialmente a Río Negro.
Este conflicto judicial y político podría tener implicancias más amplias, ya que involucra no solo cuestiones legales históricas sino también la dinámica de poder regional en un momento de reordenamiento político a nivel nacional.
Futuro del litigio
El futuro de este litigio dependerá en gran medida de las decisiones judiciales que se tomen en los próximos meses. Chubut confía en que el fallo de 2021 y los intereses acumulados respaldan su posición legal, mientras que Río Negro buscará resistir el embargo de sus fondos, lo que podría llevar a un prolongado proceso judicial. Entretanto, la relación entre ambas provincias enfrenta una etapa crítica, en la que la política y los viejos acuerdos de infraestructura se entrelazan en un conflicto que pone en riesgo no solo las finanzas provinciales, sino también la estabilidad política regional.
El desenlace de este enfrentamiento será clave para entender el futuro de las relaciones interprovinciales en Argentina y cómo se resolverán los antiguos conflictos de infraestructura que aún persisten en varias regiones del país.
