(NOTI-RIO) En un escándalo sin precedentes, el Concejo Deliberante de Río Colorado protagonizó un acto que ha dejado en evidencia el caos legislativo y la creciente polarización política en la ciudad. Los bloques opositores del Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR) impulsaron, modificaron, aprobaron y, sorprendentemente, derogaron en la misma sesión la ordenanza N.º 2283/22, que buscaba establecer mayores controles sobre la asignación de terrenos a vecinos para la construcción de viviendas. Este insólito desenlace ha generado un vacío legal, dejando a decenas de familias sin un marco normativo que les permita acceder a las tierras que necesitan para construir sus hogares.
El episodio ha sido calificado como un “bochorno político” tanto por analistas como por la propia comunidad. La prisa por aprobar la ordenanza, sin un análisis profundo de las modificaciones, terminó generando un fiasco que ahora afecta directamente a la planificación urbana y a los vecinos que dependían de esta política habitacional. El hecho de que la misma oposición que impulsó los cambios decidiera derogarlos minutos después ha dejado atónitos a muchos, generando una fuerte sensación de inestabilidad política.
Aprobación y derogación en tiempo récord
El corazón del conflicto radica en la ordenanza N.º 2283/22, la cual fue promovida por los concejales del PJ (Ángel Calvete, Paula Mele, Walter Wertmuller) y respaldada por la UCR (Vanesa Picabea). Esta ordenanza proponía cambios en el proceso de selección de beneficiarios de terrenos, con el objetivo de otorgar mayor transparencia al Poder Ejecutivo. Sin embargo, lo que comenzó como una medida de control terminó en un completo despropósito.
Tras un acalorado debate y una rápida aprobación, la misma ordenanza fue derogada en la misma sesión debido a contradicciones internas en su redacción. El Artículo 9, por ejemplo, afirmaba que no se modificarían aspectos no mencionados de la ordenanza original, pero simultáneamente decretaba la derogación total de la misma, generando confusión entre los ediles y la comunidad. Esta situación dejó al municipio sin la normativa necesaria para adjudicar terrenos en tenencia precaria, afectando a quienes ya estaban inscritos en el Registro de Demanda de Parcelas y esperando su asignación.
Un fiasco legislativo que agrava la crisis política
Este insólito episodio ha puesto de relieve la polarización política que atraviesa Río Colorado. Los bloques opositores, que en los últimos meses han intensificado sus críticas a la gestión del intendente Duilio Minieri, ahora se encuentran bajo el escrutinio público por haber protagonizado un acto de contradicción que, lejos de mejorar la situación, ha dejado al municipio en un limbo normativo.
La rapidez con la que se aprobó y derogó la ordenanza, sin el tiempo necesario para un análisis riguroso, ha provocado indignación en la comunidad. La misma oposición que acusaba al Poder Ejecutivo de falta de transparencia ha terminado sumida en un escándalo que agrava la falta de confianza en la dirigencia política.
Impacto social: familias en la incertidumbre
El mayor impacto de este bochorno legislativo recae sobre las familias que, ante la derogación de la ordenanza, se encuentran sin una vía legal para acceder a terrenos en tenencia precaria. La falta de normativa afecta directamente el futuro de quienes dependen de estas tierras para construir sus hogares, generando incertidumbre y preocupación en una comunidad que espera respuestas inmediatas.
Además, la derogación de la ordenanza también pone en riesgo la planificación urbana del municipio, afectando la estabilidad de los proyectos habitacionales. Con el Poder Ejecutivo maniatado y sin un marco normativo para actuar, el acceso a la vivienda en Río Colorado se encuentra paralizado, y el futuro de las adjudicaciones de terrenos queda en manos de un Concejo Deliberante que, hasta el momento, no ha mostrado capacidad para resolver sus propias contradicciones.
¿Qué sigue ahora?
La comunidad de Río Colorado enfrenta una situación crítica, donde la falta de una normativa clara y la creciente polarización política han puesto en peligro los sueños de muchas familias. El Concejo Deliberante deberá reunirse nuevamente para buscar una solución que llene el vacío legal generado por la derogación de la ordenanza N.º 2283/22, pero la pregunta que surge es si podrán hacerlo con el nivel de responsabilidad y compromiso que la comunidad demanda.
Lo que queda claro es que la confianza en la dirigencia política ha sido erosionada por este episodio sin precedentes, y la comunidad exige respuestas concretas. El futuro de las adjudicaciones de terrenos y el acceso a la vivienda está en juego, y es fundamental que los actores políticos dejen de lado sus diferencias y trabajen juntos para resolver esta crisis que amenaza con desvanecer las esperanzas de quienes necesitan un terreno para construir su futuro.
Al mismo tiempo, el bloque del PJ ha denunciado que la ordenanza N.º 2283/22 presentaba errores de redacción antes de la última reforma. Según afirman, la presidenta del cuerpo, Zonia Gallego, realizó una modificación de la ordenanza sobre tabla, sin haberla enviado a comisión para su análisis en el 2022. Se ha comenzado a reconocer que la redacción de la norma fue defectuosa desde un principio y que, a pesar de haber estado vigente durante dos años, contenía fallos importantes. Desde la oposición, los ediles aseguran que el texto modificado fue copiado literalmente de la versión anterior de la norma, lo que ha contribuido a la confusión actual.
- Aprobación y derogación de la ordenanza: Los bloques opositores del PJ y la UCR en el Concejo Deliberante redactaron, modificaron, aprobaron y derogaron la ordenanza N.º 2283/22, lo que ha generado una situación en la que ya no existe un marco legal para la entrega de terrenos en tenencia precaria.
- El rol del Concejo Deliberante: Según el Artículo 1, una vez que se realice la inscripción en el Registro de la demanda de parcelas, la documentación debe ser enviada al Concejo Deliberante para su análisis y puntaje. Esto significa que, a partir de ahora, la preadjudicación de terrenos queda en manos de la Comisión de Desarrollo Económico y Producción del Concejo. Esto otorga al Concejo un mayor control sobre el proceso, reforzando la intervención legislativa en una función que antes recaía en el Poder Ejecutivo.
- Contradicción entre artículos: El Artículo 9 establece que no se modifican artículos no mencionados de la ordenanza 2283/22. Sin embargo, en el mismo artículo, se afirma que se deroga la ordenanza original, lo que genera una contradicción: si la ordenanza original queda sin efecto, cualquier mención a su vigencia resulta confusa y contradictoria con lo estipulado en los primeros artículos. En otras palabras, el artículo 9 afirma mantener aspectos de la ordenanza anterior, pero al mismo tiempo declara su derogación total.
- Efectos de la derogación: Con la derogación de la ordenanza, el Poder Ejecutivo no tiene un marco normativo vigente para continuar con la adjudicación de terrenos. Esto provoca un vacío legal que deja en suspenso la posibilidad de que los ciudadanos accedan a terrenos en tenencia precaria.
- Impacto social: La eliminación de esta ordenanza afecta directamente a las familias que esperaban acceder a terrenos para construir sus viviendas, generando incertidumbre sobre cómo se resolverá el problema habitacional mientras el Concejo se debate entre sus propias contradicciones legislativas.
