En una conferencia de prensa reciente, el Gobierno nacional, a través del vocero Manuel Adorni y el Ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, anunció una serie de medidas orientadas a la modernización y reducción del aparato estatal. Estas acciones incluyen la prohibición de los cargos hereditarios en la administración pública y la subasta de más de 400 inmuebles pertenecientes al Estado.
La resolución que prohíbe la transmisión hereditaria de cargos en la administración pública fue presentada como un cambio profundo en la cultura de gestión del Estado. La medida impide que familiares o cónyuges de empleados estatales fallecidos puedan ocupar sus puestos en reemplazo. “En esta Argentina, nadie tiene sangre azul”, afirmó Adorni, destacando que los cargos públicos deberán ser asignados a partir del mérito y el esfuerzo. Según el vocero, esta disposición busca eliminar “resabios de privilegios de sangre y medievales” que aún persistían en diversos organismos, como la Aduana, la AFIP y ANSES, donde se daba prioridad a familiares de empleados fallecidos para acceder a puestos permanentes.
Sturzenegger, por su parte, recordó que la abolición de títulos nobiliarios fue un principio establecido en la Asamblea de 1813 y que estos cambios se alinean con la Constitución de 1853. Además, subrayó que la medida forma parte de una estrategia de racionalización del tamaño del Estado, que ya incluyó un recorte del 15% de la planta de personal público y la aceleración de las jubilaciones para aquellos que se encuentran en edad de retiro.
En paralelo, el Gobierno, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lanzará la subasta pública de más de 400 inmuebles. Esta iniciativa se enmarca en la política de ajuste y reducción de “gastos innecesarios”, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la gestión de los bienes del Estado y generar recursos para las arcas nacionales. Se espera que la subasta de estas propiedades, muchas de las cuales estaban en desuso o implicaban altos costos de mantenimiento, aporte alrededor de 800 millones de dólares.
Entre los inmuebles a subastar se encuentran un terreno de 919 m² en la Av. Cerviño, CABA, donde actualmente operan oficinas del INTA e INTeA S.A., y un predio de 5.233,94 m² en la Av. de los Italianos, donde funcionan dependencias de ciberseguridad. Según el gobierno, ambos inmuebles exceden el espacio necesario para las actividades que allí se desarrollan, generando gastos innecesarios de custodia y mantenimiento. Las primeras subastas se realizarán antes de fin de año, y las propiedades se publicarán progresivamente en el sitio web oficial de la AABE.
La subasta también incluirá inmuebles vinculados a causas de corrupción y narcotráfico, así como el ex edificio del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, tasado en más de 12,5 millones de dólares. Se contempla la posibilidad de ceder algunos de estos bienes bajo la figura del derecho real de superficie, permitiendo que se transfiera su uso hasta por 70 años, aunque la titularidad se mantendría en manos del Estado.
Estas medidas, que combinan la optimización de la administración pública con la racionalización de los recursos estatales, buscan, según el Gobierno, instaurar un nuevo paradigma de eficiencia y transparencia en la gestión pública, con un claro enfoque en la meritocracia y el aprovechamiento de los recursos del país.
