El Gobierno nacional, liderado por el presidente Javier Milei, envió al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca, una iniciativa que busca derogar 70 leyes consideradas “inútiles, obsoletas o que restringen nuestras libertades”. Así lo confirmó Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien explicó que la propuesta apunta a simplificar el marco legal vigente y eliminar regulaciones sin aplicación práctica.
Una iniciativa en busca de reformas estructurales
El proyecto había sido anunciado por el presidente Milei en julio pasado, cuando afirmó que la Ley Hojarasca eliminaría normas que “entorpecen el sistema económico” y que, pese a derogar 70 leyes, su impacto sería equivalente al de una gran reforma estructural. “El objetivo es despejar el camino para una economía más libre y eficiente”, sostuvo Milei en declaraciones a LN+.
Entre los ejemplos citados por Sturzenegger figuran la regulación de carreras de palomas y la Ley del Mochilero, una normativa de la década de 1970 que exigía un carnet para circular por las rutas, medida creada en su momento como parte de la lucha contra el terrorismo. El ministro también destacó que muchas de las leyes seleccionadas para su derogación se remontan a la época de Juan Domingo Perón y, en la actualidad, carecen de aplicación.
Motivos para la derogación
En un hilo publicado en X (anteriormente Twitter), Sturzenegger explicó los seis criterios que guiaron la selección de las leyes a eliminar:
- Limitación de libertades individuales y del derecho de propiedad.
- Trámites burocráticos innecesarios que complican la gestión pública.
- Leyes superadas por otras normas más actualizadas.
- Normas obsoletas por avances tecnológicos.
- Leyes vinculadas a instituciones que ya no existen.
- Normas que crean organismos estatales innecesarios, que podrían ser autosuficientes sin financiamiento público.
Ejemplos de leyes a eliminar
Entre las normas que podrían quedar derogadas, Sturzenegger mencionó:
- Ley 14.034 (1951): Sanciona con prisión a quienes defiendan los derechos humanos en foros internacionales.
- Ley 18.312 (1969): Limitaba la libertad de prensa al controlar el acceso al papel para diarios.
- Ley 20.959 (1975): Otorga libre circulación y estacionamiento a senadores y diputados.
- Ley 22.964 (1983): Permite la internación forzosa de enfermos de lepra, estigmatizando a los afectados y violando derechos constitucionales.
Sturzenegger calificó algunas de estas leyes como “medievales” y subrayó que la iniciativa busca modernizar el entramado legal, adecuándolo a los estándares actuales de derechos y eficiencia.
El camino de la Ley Hojarasca en el Congreso
La Ley Hojarasca comenzará su tratamiento parlamentario en las próximas semanas. Según el proceso legislativo, el proyecto deberá pasar por comisiones y ser debatido en ambas cámaras. En la Cámara de Diputados, el quórum se alcanza con 129 legisladores presentes, y la norma deberá ser votada artículo por artículo. Tras su eventual aprobación, el proyecto pasará al Senado, donde también necesitará el voto positivo de la mayoría simple. Si ambas cámaras lo aprueban, la ley será promulgada por el Poder Ejecutivo mediante decreto.
Desde que asumió Milei, el Congreso ha aprobado dos leyes clave impulsadas por su administración: la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, sancionada en junio de 2024, y el Paquete Fiscal, que introdujo medidas de alivio impositivo. Sin embargo, el presidente ya ha utilizado su facultad de veto en dos ocasiones: bloqueando la Ley de Movilidad Jubilatoria y la Ley de Financiamiento Universitario.
Un proyecto ambicioso para transformar el Estado
El ministro Sturzenegger sostuvo que la Ley Hojarasca es parte de una estrategia más amplia de desregulación y transformación del Estado, alineada con la visión del gobierno de Milei. “La acumulación de regulaciones absurdas no solo afecta la economía, sino que también restringe libertades esenciales”, afirmó el ministro en sus declaraciones a Radio Mitre.
El Ejecutivo confía en que esta ley abrirá el camino para un marco normativo más moderno y eficiente, permitiendo a la Argentina enfocarse en las reformas estructurales necesarias para la recuperación económica. Sin embargo, el proyecto podría enfrentar resistencia en sectores de la oposición que cuestionan la amplitud y el impacto de las derogaciones propuestas.
El proyecto denuncia que debido a esto se instala una lógica en la que se presume que todo está prohibido, salvo lo que está expresamente permitido, a pesar de que el artículo 19 de la Constitución Nacional establece que “…ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”, desprendiéndose de los artículos 28 y 33 que para los individuos, todo está permitido, salvo lo expresamente prohibido. El proyecto establece que “debe regir un principio de máxima libertad y no de máximo control” y que muchas de las normas que se proponen derogar provienen de una “concepción militar”, que encuentra en “la sobrerregulación un orden que se busca como fin en sí mismo, aun cuando ello implica destruir la libertad, la actividad económica e incluso la vida misma”.
Lo cual es verdad: en su mayoría estas leyes fueron sancionadas durante gobiernos militares como el de Agustín Lanusse, Juan Carlos Onganía, Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone, Edelmiro Farrell y José Uriburu. Aunque también hay normativas sancionadas bajo gobiernos elegidos por el pueblo como la de Arturo Frondizi, Raúl Alfonsín, Arturo Illía, Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, Héctor Cámpora y Juan Domingo Perón.
Desde el Ministerio de Desregulación, a cargo del ministro Federico Sturzenegger, aseguran que el gobierno, entre las leyes que busca derogar, “se busca fomentar actividades, como el cine, con acciones que implican cobrarle impuestos a esa actividad. En otras, como el teatro, se imponen prohibiciones que, lejos de proteger a la actividad, estorban y dificultan su adaptación”.
En un comunicado difundido por la cartera que conduce Sturzenneger aseguraron que se trata de derogar “normas que contribuyeron a la decadencia de la Argentina en el pasado”, trajeron “costos inútiles para los contribuyentes” y además “afectaron las libertades individuales”.
“La ley promueve a seguridad jurídica y remueve obstáculos para el desarrollo personal y conjunto del país”, se señaló desde el Ministerio de Desregulación; al tiempo que la “ley hojarasca” parte del principio de que “todo aquello que está permitido por la Constitución Nacional no necesita leyes específicas”.
En los fundamentos del proyecto, se indicó que la ley surge de “la necesidad de eliminar toda legislación que no se condice con los tiempos que corren ya sea por su carácter obsoleto, inútil, o por hacer sido superado por normas posteriores, por tratarse de legislación sobre temas de escasa relevancia o trámites inútiles que generan o incrementan costos para los ciudadanos”.
“Los derechos no requieren leyes. Nuestra Constitución Nacional establece una serie de derechos fundamentales que son inherentes a las personas”, apuntó el PEN y agregó que “lamentablemente, las corrientes ideológicas más intervencionistas, predominantes durante el siglo XX, revirtieron ese paradigma e impusieron la visión de que para la ‘adquisición’ de un derecho era necesaria una ley que otorgara ese derecho”.
Según el Gobierno, esto llevó a “abusos y arbitrariedades”, además de “una sobrerregulación”. También se remarca que “muchas de las normas cuestionadas en este proyecto provienen de una concepción militar”.
En un listado de un conjunto de seis tipos de leyes que se pretenden dejar sin efecto, figuran en primer lugar leyes que fueron sustituidas y englobadas por otras más completas y modernas. “Así, por ejemplo, no tiene sentido una ley sobre vacunación propia de la viruela, cuando posteriormente se dictó una ley de vacunación que establece las obligaciones y recursos puestos a disposición para un plan de vacunación integral. Lo mismo ocurre con normas sobre hidrocarburos que fueron superadas por la Ley N° 17.319 de Hidrocarburos y sus sucesivas modificaciones. De la misma manera otras resultan obsoletas, como la que establece para la figura del ‘Padrinazgo Presidencial’ la gratuidad de la educación, siendo que la educación pública gratuita ya es un beneficio general en nuestro país, junto con otras prestaciones sociales”, se explicó.
Dentro de esta categoría se contemplaron las leyes 94, 3.863, 16.789, 17.557, 20.843, 21.778, 22.109, 23.678 y 24.675.
En un segundo punto, habla de leyes que fueron superadas por la tecnología, el avance del conocimiento, de la economía o el paso del tiempo. En ese sentido, se señaló que “una de ellas es la ley que autoriza las emisiones de televisión a color cuando hoy vemos imágenes de video en nuestras redes sociales. Otras resultan ridículas vistas desde hoy, como utilizar la microfilmación para guardar documentos gubernamentales. También, podemos mencionar el otorgamiento de un premio en metálico a quien descubra una mina de carbón, instaurado en la época de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, cuando hoy se busca descarbonizar la economía”.
Las leyes que consideraron obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo son las nros. 448, 3.235, 16.879, 18.569, 19.648, 20.114, 20.577, 21.895, 23.756 y 23.888.
En tercer lugar aparecen las “leyes que limitan la libertad individual”. “Por ejemplo, la ley que autoriza al Estado a supervisar y prohibir reuniones en lugares privados resulta una aberración frente a la Constitución Nacional, o la que establece el ‘carnet de mochilero’, obligatorio para quienes viajen ‘a dedo’, lo que, si bien parece inofensivo, buscaba poner en falta a quien transitaba libremente por el territorio nacional”, entre otras.
De acuerdo a la clasificación del Gobierno, en esta se encuentran las leyes nros. 14.034, 18.312, 19.787, 20.120, 20.400, 20.802, 20.959, 20.983, 22.875 y 22.964.
También, leyes cuya derogación implica avanzar con el programa de desburocratización eliminando organismos y normas sobre regulatorias, alivianando el presupuesto público, sin perder la eficiencia (14.041, 14.800, 17.752, 19.340, 19.363, 20.308, 20.496, 20.876, 21.056, 21.145, 21.159, 22.426, 22.963, 23.419, 23.634, 24.057, 24.127, 24.298, 24.960, 25.750, 26.227, 26.688 y 27.171); leyes que ya no tienen razón de ser, ya que los organismos o instituciones responsables dejaron de existir en los hechos (11.245, 11.380, 12.307, 13.521, 14.578, 17.584, 20.085, 20.299, 20.327, 20.543, 20.956, 23.671 y 24.731, Decreto Ley N° 12.795/44 y Decreto N° 1.262/03); y leyes que crean organismos para integrantes del sector público, solventados con recursos del Estado Nacional (20.984 y 24.807).
