(NOTI-RIO) Tres exfuncionarios de la gestión de Arabela Carreras fueron imputados por presunto abuso de autoridad en el marco de la compra irregular de un avión sanitario Cessna Citation V Ultra, adquirido en 2022 por 4,2 millones de dólares. La operación, que generó cuestionamientos por sobreprecios y falta de transparencia, está siendo investigada por la Fiscalía, que formalizó cargos contra José María Apud (exsecretario general), Gonzalo Regueira (exsecretario de Administración) y José María Scheverin (exdirector de Aeronáutica).
El gobernador actual, Alberto Weretilneck, ordenó la venta de la aeronave, señalando la falta de justificación en una compra que tuvo un costo superior al valor de mercado.
Irregularidades señaladas por la Fiscalía
La Fiscalía sostiene que los exfuncionarios involucrados habrían incumplido la normativa vigente, promoviendo una licitación con sobreprecios y sin los debidos informes técnicos de respaldo. Entre las irregularidades, se destaca que Scheverin presentó un informe incompleto y sin fundamentación sobre los costos, sobrestimando el precio de la aeronave y otros ítems, como el internet satelital y el equipamiento médico.
Apud y Regueira, por su parte, habrían aprobado la licitación sin realizar una evaluación exhaustiva de las ofertas ni justificar los gastos de manera transparente, violando principios de eficiencia, economía y transparencia establecidos en las normativas provinciales.
Investigación en marcha y pruebas presentadas
La acusación se basa en múltiples documentos y testimonios recopilados por la Fiscalía:
- Expedientes administrativos que revelan irregularidades en la compra del avión.
- Informes del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que confirmaron las anomalías.
- Peritaje de la Universidad Nacional de La Plata, que concluyó que el valor real de la aeronave era muy inferior al pagado.
- Multas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los imputados, quienes ya abonaron las sanciones.
También se cuestiona que la aeronave fue adjudicada en un receso administrativo, entre enero y febrero de 2022, en un contexto que generó sospechas sobre la celeridad del proceso. Según el fiscal jefe, esto ocurrió después de que una primera licitación fuera declarada fracasada el 6 de enero, solo para ser adjudicada el 1 de febrero, sin justificación clara y en plenas vacaciones de varios organismos provinciales.
Defensa de los imputados y apertura de la investigación penal
Durante la audiencia, los abogados defensores solicitaron la ampliación de los informes presentados y rechazaron las acusaciones, aunque no se opusieron formalmente a la formulación de cargos. El juez Adrián Dvorzak resolvió avanzar con la apertura de una investigación penal preparatoria, estableciendo un plazo de cuatro meses para reunir nuevas pruebas y escuchar a los testigos.
Si se comprueba el abuso de autoridad, los exfuncionarios podrían enfrentar una condena en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Mientras tanto, se mantendrán en libertad durante el proceso judicial.
Este caso refleja la necesidad de garantizar transparencia en la gestión pública y controlar el uso eficiente de los recursos del Estado, en un contexto en el que las compras públicas se encuentran bajo el escrutinio de la ciudadanía y las instituciones de control.
