El Juzgado de Faltas de la provincia de Río Negro ha decidido anular todas las multas de tránsito que no habían sido pagadas, y anunció que a mediados de noviembre, al cumplirse 90 días hábiles administrativos, se reactivará el uso de radares en la provincia, conforme a lo establecido en la Ley provincial 5.726. Este proceso se inició tras la suspensión temporal del uso de radares, que fue implementada el pasado 22 de julio tras la firma del decreto de promulgación de la ley por parte del gobernador Alberto Weretilneck.
Detalles de la Situación
En una entrevista reciente con Radio Nacional Viedma, el legislador provincial Javier Acevedo (CC ARI) brindó detalles sobre la medida. “Se dieron de baja todas las multas que no habían sido pagadas”, explicó. Sin embargo, aclaró que las multas que ya fueron abonadas no serán reembolsadas, ya que se considera que los infractores cumplieron con la normativa vigente. Este proceso de anulación de multas afecta aproximadamente al 10% del total, lo que equivale a unos 450.000 casos.
Acevedo destacó que los organismos nacionales y provinciales han sido informados de la anulación de estas multas. Además, para quienes lo necesiten, se emitirá un certificado de libre deuda que cubrirá las multas de radares aplicadas en rutas provinciales y nacionales, excluyendo aquellas emitidas en ejidos urbanos municipales.
Problemática del Uso de Radares a Nivel Nacional
El legislador también abordó la problemática del uso de radares por parte de algunos municipios en todo el país. Según Acevedo, “este sistema se ha transformado en una caja negra y una avivada de cazabobos, en complicidad con empresas privadas que se benefician de la instalación de radares y el cobro de multas”. En el caso de los municipios rionegrinos de General Conesa y Darwin, enfatizó que “deben retirarlos” y aclaró que si desean instalar radares, deben hacerlo bajo la supervisión de la Agencia de Seguridad Vial, ya que en la provincia no se permite a los municipios emitir multas de este tipo. “El propio Juzgado Provincial lo confirmó”, concluyó Acevedo.
Este proceso marca un cambio importante en la política de control de tránsito de la provincia y busca ajustar la normativa para garantizar la transparencia en el uso de los radares y el cobro de multas.
