(NOTI-RIO) Un informe del Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral detectó serias deficiencias en la rendición de cuentas del Partido Justicialista de Río Negro correspondientes al ejercicio 2023. La falta de documentación respaldatoria impidió verificar el origen y destino de los fondos partidarios, lo que generó preocupación en el ámbito político y judicial.
El informe, que fue remitido al Juzgado Federal con Competencia Electoral en la provincia, expone que la fuerza política, presidida en el distrito por Sergio Hernández, presentó únicamente un informe de ingresos y gastos, sin los estados contables completos ni el dictamen de un contador público independiente. Además, se constató la ausencia de libros contables y registros detallados de egresos, elementos fundamentales para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos.
Sanción y pérdida de financiamiento público
Ante estas irregularidades, la justicia electoral determinó sancionar al Partido Justicialista rionegrino. A través de una resolución dictada el 27 de agosto de 2024, se decretó la pérdida del derecho a recibir aportes públicos por el plazo de un año, en cumplimiento del artículo 62 de la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos.
El juez Hugo Greca, a cargo del fallo, fundamentó la medida en la omisión de la presentación del estado patrimonial anual y de las cuentas de ingresos y egresos del ejercicio 2022, lo que incumple las normativas vigentes en materia de financiamiento partidario.
Irregularidades contables y falta de documentación clave
El dictamen subraya que la auditoría se realizó conforme a las normas establecidas, pero que la falta de un auditor externo y de certificaciones contables comprometió la validez de los documentos presentados.
Asimismo, el informe destaca que no se encontraron registros de donaciones privadas, comprobantes de bienes de uso ni libros contables rubricados, lo que impidió completar la tarea de auditoría solicitada.
Este escenario plantea un serio desafío institucional para el Partido Justicialista de Río Negro, que deberá regularizar su situación contable si pretende recuperar el acceso al financiamiento público y fortalecer su credibilidad ante la justicia electoral.
