Usuarios, cámaras productivas y representantes sociales se opusieron al incremento del 13% solicitado por la distribuidora eléctrica, alegando falta de transparencia, impacto regresivo y riesgos injustamente transferidos a la ciudadanía.
Más de 40 voces se alzaron con firmeza durante la audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) para analizar el pedido de la empresa EdERSA de actualizar sus ingresos tarifarios. La distribuidora eléctrica pretende un incremento del 13% en la tarifa media del servicio, bajo el argumento de afrontar costos extraordinarios generados por fenómenos climáticos extremos y la inflación acumulada.
La respuesta ciudadana y sectorial fue contundente: tanto usuarios particulares como referentes del sector productivo y representantes institucionales expresaron su rechazo a la propuesta de trasladar esos costos a la factura eléctrica. Entre los principales cuestionamientos, destacaron la falta de claridad en la información presentada por la empresa, el efecto regresivo del aumento en los hogares de menor consumo y el impacto negativo que supondría para la competitividad de las economías regionales.
El argumento de EdERSA: costos excepcionales y obras ejecutadas
Durante su intervención, el gerente comercial de EdERSA, Fernando Salice, justificó la solicitud en base a una serie de inversiones realizadas para reparar la infraestructura afectada por eventos climáticos recientes.
Según datos presentados por la empresa:
- El temporal de enero en el Alto Valle implicó una inversión de $1.272 millones para reconstruir 5.800 metros de líneas de media tensión, 1.200 de baja tensión y 10 subestaciones transformadoras.
- Los incendios forestales en El Bolsón generaron costos por $6.049 millones, abarcando la reposición de 9.000 metros de media tensión, 5.000 metros de baja y 23 subestaciones, con 60 operarios, 27 vehículos y 40 días de trabajo continuo.
- En lo que va de 2024, EdERSA asegura haber realizado más de 90 obras en 40 localidades, con una inversión total de $14.000 millones, cuatro veces más que el año anterior, y proyecta destinar otros $16.980 millones a nuevas obras antes de fin de año.
Resistencia colectiva: un rechazo transversal
La audiencia, celebrada de forma virtual, sirvió de plataforma para que usuarias y usuarios, legisladores, sindicatos y entidades productivas manifestaran su desacuerdo. Entre ellos, se destacaron:
- Adriana Santagati, Defensora del Pueblo de Río Negro.
- Antonio D’Angelo, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Negro y Neuquén.
- Representantes de la Cámara de Comercio de Villa Regina, CAIC de General Roca, Consorcio de Regantes de Allen y Fernández Oro, Asociación de Productores del Alto Valle, entre otros.
La crítica principal se centró en la intención de trasladar los costos empresariales al usuario final. “El impacto de este aumento sería grave tanto para las familias como para el entramado productivo regional, ya fuertemente castigado por la inflación y la presión fiscal”, coincidieron los representantes sectoriales.
Santagati: “No se puede socializar la ineficiencia empresaria”
Uno de los análisis más estructurados y críticos fue el de la Defensora del Pueblo, Adriana Santagati, quien reclamó mayor transparencia en la presentación de los pedidos tarifarios:
“No corresponde hablar exclusivamente del Valor Agregado de Distribución (VAD) sin aclarar cómo se traduce dicha pretensión en la tarifa final. Eso no garantiza el derecho de los usuarios a recibir información clara y veraz”.
Además, denunció que los mayores aumentos recaen sobre los cargos fijos, lo cual afecta especialmente a los hogares de menor consumo y contradice el principio de equidad tarifaria:
“Este esquema perjudica a los sectores más vulnerables y evidencia un diseño regresivo del sistema tarifario”.
Santagati también cuestionó las bases de cálculo empleadas por EdERSA, que en algunos casos se apoyan en el “modelo de empresa ideal” del EPRE y en otros en “costos de mercado”, como en los rubros de alquileres y vehículos:
“La empresa no puede tomar lo que le conviene de cada modelo sin justificarlo técnicamente”.
Finalmente, remarcó que los eventos climatológicos no pueden considerarse ajenos a la previsión financiera habitual:
“Son fenómenos recurrentes en la región. Incluir ahora esos costos como extraordinarios implica trasladar riesgos empresariales que deben estar asumidos por la compañía”.
El papel del EPRE: evaluación técnica y social antes de decidir
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad anunció que analizará con profundidad todas las presentaciones realizadas antes de emitir una resolución definitiva sobre el pedido. El organismo dejó en claro que buscará alternativas que eviten un aumento tarifario injustificado y considerará el impacto social y económico de cualquier medida.
Por ahora, no hay una fecha definida para la decisión final, pero el clima social e institucional parece inclinarse hacia una evaluación crítica del planteo empresarial.
Un debate clave para el futuro del servicio eléctrico
Lo que está en juego trasciende la coyuntura: la discusión abre interrogantes sobre el modelo de financiación del servicio eléctrico, la gestión del riesgo empresarial y el papel del Estado como garante de la equidad social en el acceso a un recurso esencial como la energía.
En una provincia golpeada por la inflación y con sectores productivos que luchan por mantenerse a flote, el pedido de EdERSA aparece como una alerta sobre la necesidad de rediseñar los criterios tarifarios con mayor justicia, previsión y transparencia.
El documento de la exposición completa se puede ver en https://defensoriarionegro.gov.ar/drn/audiencia-publica-por-el-aumento-de-la-tarifa-de-luz-santagati-fundamento-su-desacuerdo-y-pidio-al-epre-que-rechace-la-pretensión-de-edersa/
