(NOTI-RIO) La Justicia rionegrina comenzó esta semana la exhaustiva reformulación de cargos en una de las investigaciones más emblemáticas por presunta corrupción en el uso de fondos públicos: la megacausa Techo Digno. Este proceso, que continuará en los próximos días debido a la complejidad de la documentación involucrada, busca allanar el camino hacia el juicio oral antes de que finalice el año.
Entre los imputados destaca Daniel Belloso, exintendente de Choele Choel y actual legislador provincial del Partido Justicialista, acusado de defraudación a la administración pública y peculado en calidad de autor. La audiencia se inició el lunes en los tribunales de Roca, donde la fiscal jefa Graciela Echegaray, junto a las fiscales Mónica García y Jessica González, comenzaron a detallar meticulosamente los nuevos cargos.
Además de Belloso, están implicados Alberto Manuel Olivera, exdirector de Obras Públicas e Infraestructura municipal, y el empresario Longinos Pacífico de Dios, titular de la firma ECA. Ambos enfrentan cargos por defraudación en perjuicio de la administración pública en calidad de partícipes necesarios.
El proceso debió interrumpirse y se reanudará la próxima semana, ya que los fiscales deben presentar una gran cantidad de documentación y pruebas, cumpliendo con los requisitos establecidos por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro. Cabe recordar que en mayo de 2022 el STJ ordenó que todas las formulaciones de cargos en esta causa incluyeran un nivel de detalle más riguroso, lo que obligó a revisar en profundidad los expedientes.
El caso de Belloso, Olivera y Longinos es el primero en aplicarse bajo estos nuevos parámetros, con el objetivo de acelerar los tiempos judiciales y llegar al juicio oral antes de fin de año. Posteriormente se realizará el control de acusación, etapa previa indispensable para llevar adelante el debate oral.
La megacausa Techo Digno investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas sociales entre 2013 y 2015, involucrando a 12 municipios de Río Negro: Bariloche, San Antonio, Conesa, Cervantes, Godoy, Choele Choel, Río Colorado, Fernández Oro, Cinco Saltos, Cipolletti, Campo Grande y Sierra Grande.
Hasta la fecha, Bariloche es el único municipio que ha alcanzado la instancia de juicio oral, con proceso ya fijado contra el exintendente Gustavo Gennuso (JSRN), mientras que la exjefa comunal María Eugenia Martini (FpV) ya superó el control de acusación.
En paralelo, se preparan nuevas audiencias de reformulación de cargos en municipios como Cipolletti y Sierra Grande, en lo que se perfila como una fase clave para el avance de esta compleja investigación judicial que mantiene expectante a la provincia.
Los cuatro delitos imputados al exintendente
También dirigente del PJ, en este caso la acusación fue por los delitos de peculado, falsificación de documentos públicos, utilización de los mismos y administración fraudulenta.
Luego de más de una semana de debate oral y público, para la Fiscalía no quedaron dudas sobre la culpabilidad de Reggioni, que debía haber construido 12 viviendas y no lo hizo, habiendo recibido el dinero para ejecutar los trabajos.
En el debate declararon 12 testigos por parte de la Fiscalía y 7 de la defensa. Durante el proceso desarrollado en Cipolletti, hoy se escucharon a los últimos dos y luego se desarrollaron los alegatos.
La Fiscalía, a cargo de Gustavo Herrera, pidió que se declare culpable a Reggioni, a una de sus colaboradoras y a dos hombres que presidieron dos de las cooperativas implicadas. Pidió en cambio la absolución de un tercero.
Más de 5,7 millones de pesos
El fiscal jefe destacó que el acuerdo suscripto con la Nación implicó la recepción por parte del intendente de una suma superior a los 5.470.000 pesos, que transfirió a una serie de cooperativas que debían construir un plan de 12 viviendas.
Los desembolsos federales ingresaban al Banco Nación y allí debían permanecer.
No obstante “el exintendente los transfirió al Banco Patagonia sustrayendo y ocultando el dinero en otra cuenta, confundiéndolo con aquel que ingresaba de otros programas de viviendas e infraestructura, entre ellos Techo Digno”.
El dinero del plan investigado ingresó desde Nación a las arcas municipales en tres desembolsos realizados entre 9 de diciembre del 2014 y el 10 de diciembre del 2015. Enfatizó la Fiscalía en que “se usaron nombres de presuntos beneficiarios para quedarse con la plata de los planes”.
«Violó absolutamente todas las cláusulas»
En ese contexto, «Reggioni violó absolutamente todas las cláusulas impuestas en el acuerdo que él mismo había firmado con Nación», enfatizó el fiscal.
“No hizo las 12 viviendas, no capacitó a desocupados, desvió la plata del programa de uno a otro banco, no preservó durante 10 años la documentación imposibilitando control posterior alguno”, ejemplificó el acusador.
“Había una contabilidad paralela, el exintendente tuvo el dominio total del dinero que entraba de Nación, hizo rendiciones falsas”, agregó.
Destacó la Fiscalía, además, que “de 12 personas, hay 6 a las que no les construyeron su casa” y “las restantes tampoco están culminadas”.
Todos los beneficiarios estuvieron presentes en el debate en calidad de testigos.
La versión del exintendente
En cuanto a la versión dada por Reggioni, la acusación dijo que “no tuvo argumentos” y “sólo habló de que esto era una persecución política».
«Nosotros venimos a presentar una teoría del caso jurídica, no política”, respondió el fiscal.
“Él no podía confundir la plata de un plan con la del otro, no hubo control – al menos- del último plan. En función de la prueba que tengo puedo demostrar el lucro indebido, porque Reggioni tuvo la disposición total del dinero. Por ello considero que es autor de los delitos de peculado, de falsificación y uso de documento público y administración fraudulenta agravada por ser contra la administración pública”, destacó.
“Hay aquí una falsedad ideológica más que clara, el entonces intendente tuvo el dominio total del plan y traicionó la confianza que le otorgó el pueblo para conducir el Estado”, culminó.
Los testigos valorados
Entre los testigos valorados por la fiscalía en la búsqueda de probar su acusación enfatizó en el agente de policía que hizo una investigación sobre el estado de las casas, un análisis informático del terreno que incluyó imágenes satelitales, la versión de los funcionarios de Nación intervinientes.
También valoró el trabajo del contador del Ministerio Público que efectuó la pericia y del perito calígrafo que demostró que la firma de las declaraciones juradas eran originales y eran de Reggioni.
La defensa del dirigente peronista repasó también las palabras de cada uno de los testigos, asegurando que esto es una disputa política, que no hay base para esta acusación; que no existe dolo directo y que no llegó a completar las últimas cuatro viviendas del plan porque faltaba un último desembolso.
