(NOTI-RIO) El Ministerio de Salud de Río Negro reclamó más de $5.500 millones por prestaciones brindadas a afiliados en el sistema público. Las intimaciones alcanzan a entidades con deudas que superan los $1.200 millones.
El Gobierno de Río Negro inició una ofensiva legal contra 140 obras sociales por las deudas acumuladas por la atención médica que sus afiliados recibieron en hospitales públicos de la provincia. El monto total exigido supera los 5.500 millones de pesos, cifra que representa un importante desfinanciamiento para el sistema sanitario provincial.
El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, firmó esta semana las cartas documento enviadas a las entidades deudoras, en el marco del Régimen de Recupero de Fondos por Servicios Asistenciales contemplado en la Ley Provincial Nº 5754.
“El recupero de fondos es una herramienta clave para el sostenimiento del sistema público”, explicó Thalasselis. “Cuando una obra social devuelve el dinero que se utilizó para atender a un afiliado, ese recurso vuelve al sistema para beneficiar a otra persona que lo necesita”.
El ministro también subrayó que “aplicar este mecanismo no es una opción, es una responsabilidad”, y que la ley otorga al Estado los instrumentos necesarios para defender los recursos públicos y garantizar una distribución justa.
Deudas que van desde $600 mil hasta más de $1.200 millones
Por su parte, la subsecretaria de Asuntos Legales del Ministerio de Salud, Paula Columbro, detalló que las intimaciones fueron realizadas tras una verificación exhaustiva de cada deuda, a través del área de Fondos de Obras Sociales (FOS).
Las 140 obras sociales intimadas presentan deudas que oscilan entre los $600.000 y los $1.200 millones, abarcando tanto prestadoras nacionales como provinciales que, durante años, omitieron reintegrar al Estado provincial los costos de atención de sus beneficiarios.
Destino de los fondos recuperados
La ley establece que los fondos que se recuperen deberán destinarse al fortalecimiento del sistema público, incluyendo mejoras en el equipamiento hospitalario, incentivo al personal de salud y la redistribución de recursos entre los distintos servicios provinciales.
Este proceso de intimación se considera una primera etapa, y no se descarta que se sumen nuevas acciones si las obras sociales no regularizan su situación en los plazos estipulados.
Río Negro se encamina a cobrarle a los extranjeros no residentes salud y educación
En el marco de la Reforma Migratoria impulsada por el Gobierno nacional de Javier Milei, la provincia de Río Negro podría en los próximos días aprobar el cobro de aranceles en materia de salud y educación a los extranjeros no residentes en la Provincia. El proyecto se trataría en la sesión que se llevará adelante el próximo 5 de junio en la Legislatura a partir de las 9.00.
Sin embargo, y más allá de lo mencionado anteriormente, todavía no está definido el temario de cara a la sesión que se realizará dentro de una semana. Según pudo saber La Tecla Patagonia, los legisladores fueron convocados a plenario de comisiones el martes que viene, donde se decidirán los temas a debatir.
El proyecto ya fue analizado en el marco de las comisiones y estaba listo para ser tratado, aunque finalmente se decidió su postergación para la semana entrante debido a que había más de una iniciativa de características similares: la del oficialismo (Juntos Somos Río Negro) y la de la Coalición Cívica ARI-Cambiemos, las cuales fueron fusionadas.
Con respecto a la Reforma Migratoria a nivel nacional que brinda el marco para lo que se busca hacer en Río Negro, vale destacar que la misma fue oficializada este jueves a través del Boletín Oficial, y contempla endurecimiento de los requisitos para obtener la ciudadanía argentina, la expulsión de inmigrantes ilegales o con condenas y variantes en los accesos a los servicios de salud y educación a los extranjeros.
A propósito de la jurisdicción patagónica, en marzo de este año los diputados Lucas Pica y Facundo López (Juntos Somos Río Negro) impulsaron el proyecto para establecer el arancelamiento de los servicios de salud y educación terciaria para los extranjeros que no sean residentes en la Provincia.
El proyecto establece que los extranjeros deberán abonar por la atención en hospitales, centros de salud y puestos sanitarios, salvo en casos de emergencia. En el ámbito educativo, la iniciativa contempla el cobro de aranceles en los institutos de formación docente y técnica superior de gestión pública. Los fondos recaudados se destinarán exclusivamente a la mejora edilicia, adquisición de equipamiento y gastos operativos de los establecimientos, sin afectar los salarios del personal.
Con respecto a la iniciativa presentada desde la CCARI-Cambiemos, el titular de la bancada, Javier Acevedo explicó: “Se dio un debate primero a un proyecto que nosotros habíamos presentado hace un año para el cobro a extranjeros que están en la Provincia en forma precaria o transitorios, no para los residentes o temporarios. Después se sumó un nuevo proyecto de ley, donde se agregó el cobro a extranjeros en educación superior. Eso ya fue una idea de los legisladores Lucas Pica y Facundo López”.
El proyecto ya obtuvo dictamen favorable por la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura. Como se mencionó al principio de la nota, podría tratarse en la sesión del jueves que viene. “Creería que entrará”, le dijo un diputado a este medio.
Santa Cruz, Salta, Jujuy y Mendoza son las cuatro provincias que ya comenzaron a cobrarle aranceles en salud y educación a los extranjeros no residentes.
