Un año después de la denuncia impulsada por el gobierno de Río Negro por presunta falsificación de certificados médicos, la investigación judicial avanza con importantes definiciones: tres profesionales han sido identificados como responsables de la maniobra y al menos 129 empleados estatales habrían utilizado documentación apócrifa para justificar licencias por razones de salud.
La denuncia fue presentada en junio del año pasado por el gobernador Alberto Weretilneck ante el fiscal de Viedma, Juan Pedro Peralta, junto al fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y su adjunto, Luciano Minetti Kern. Desde entonces, la causa ha ido sumando pruebas y personas involucradas.
Los primeros procedimientos incluyeron allanamientos y secuestros de dispositivos electrónicos y documentación en domicilios de una médica de General Roca y su pareja —un agente del servicio penitenciario—, así como de un psiquiatra de Villa Regina. La investigación luego se extendió a los beneficiarios de los certificados, entre los que se encuentran 90 policías, 28 agentes penitenciarios, cinco docentes y seis empleados municipales de Roca.
Actualmente, el proceso judicial está centrado en notificar formalmente a los empleados involucrados, quienes serían considerados partícipes necesarios. Por su parte, la responsabilidad penal directa recaería sobre los profesionales de la salud que firmaron los certificados.
Debido a la magnitud del caso, en febrero se conformó un equipo especial de fiscales para acelerar las tareas de investigación. Este grupo está integrado por el fiscal Juan Pedro Peralta, su par Mariana Giammona, y los adjuntos Francisco Marano y Candelaria Molineux. Según fuentes judiciales, cerca de 50 notificaciones ya fueron entregadas a los implicados.
La denuncia no solo apuntó a las irregularidades puntuales, sino también a cuestionar el funcionamiento general del sistema de licencias médicas, que el Ejecutivo considera excesivamente laxo. Aunque se anticiparon nuevas presentaciones contra más profesionales, hasta el momento no se han concretado otras acciones judiciales relevantes.
Una de las líneas actuales de la investigación busca determinar si los empleados que presentaron certificados falsos efectivamente se ausentaron de sus funciones, lo cual podría configurar un perjuicio adicional para el Estado.
