(NOTI-RIO) La reciente decisión de la Justicia rionegrina de dictar prisión preventiva a un empleado municipal condenado por abuso sexual abrió el escenario para que el Poder Ejecutivo de Río Colorado concrete su desvinculación definitiva del Estado. Según pudo confirmar este medio (NOTI-RIO) a partir de fuentes extraoficiales, el intendente Duilio Minieri y sus colaboradores más cercanos ya resolvieron avanzar con las acciones administrativas necesarias para exonerar al agente.
La decisión judicial que destrabó la medida
El jueves 4 de septiembre, en el marco de una audiencia judicial, el juez interviniente ordenó que el acusado cumpla prisión preventiva hasta que el Superior Tribunal de Justicia confirme la sentencia. La medida cautelar se adoptó tras los planteos de la fiscalía, que sostuvo que existía riesgo de fuga y que el imputado ya había agotado todas las instancias recursivas en la provincia.
Esta resolución judicial fue interpretada por el Ejecutivo municipal como la oportunidad de ejecutar la decisión política que se venía evaluando desde hacía meses. Hasta ese momento, se había aguardado un pronunciamiento judicial firme que diera sustento jurídico al procedimiento administrativo de exoneración.
El peso de los antecedentes
El agente, identificado con las iniciales M.H., ingresó a la planta municipal durante la gestión del exintendente Carlos Pilotti, del Partido Justicialista. Desde entonces, acumuló múltiples causas judiciales, que incluyen abuso sexual con acceso carnal, desobediencia a órdenes judiciales, amenazas y distintos hechos de violencia.
El cúmulo de antecedentes, sumado a la reciente confirmación de la prisión preventiva, inclinó la balanza hacia la desvinculación definitiva. Según fuentes cercanas al Ejecutivo, la exoneración es vista no solo como una medida administrativa, sino también como una señal política frente al reclamo social por mayor transparencia y responsabilidad institucional.
La figura de la exoneración
La sanción que aplicará el municipio es la de exoneración, la más grave que contempla la normativa de empleo público. Esta implica la separación definitiva del cargo, la pérdida de beneficios previsionales y la inhabilitación para volver a ocupar funciones en la administración estatal.
En palabras de un funcionario municipal consultado, “la prisión preventiva dictada ayer fue el paso que faltaba para dar por concluidas las dudas jurídicas y avanzar con un procedimiento que la comunidad esperaba”.
La voz de la víctima
La joven denunciante celebró la resolución judicial en redes sociales, donde relató el sufrimiento que arrastra desde marzo de 2023, cuando ocurrió el hecho. “Hoy sí se hizo justicia, porque una persona con más de veinte causas no podía seguir insertada en esta sociedad. Sé que me va a costar sanar muchas cosas, pero voy a hacer todo por salir adelante y volver a encontrarme”, escribió.
Sus palabras fueron replicadas y acompañadas por colectivos feministas y organizaciones sociales, que desde el inicio reclamaron tanto a la Justicia como al municipio una postura firme y ejemplificadora.
Clima en la comunidad
La medida de prisión preventiva y la inminente exoneración fueron recibidas con alivio en Río Colorado, donde el caso había generado una fuerte reacción social en los últimos meses. Vecinos y referentes barriales coincidieron en que “no podía seguir cobrando un sueldo del Estado” una persona con semejante historial judicial.
El desenlace, aunque aún restan instancias judiciales a nivel nacional, deja planteado un precedente en la relación entre las decisiones del Poder Judicial y las medidas políticas que deben adoptar las instituciones públicas frente a casos de extrema gravedad.
