(NOTI-RIO) La jueza federal Mariel Borruto emitió una aclaración que reduce el alcance de su resolución, generando confusión entre productores y cuestionamientos desde el ámbito jurídico.
El debate en torno a la habilitación del ingreso de carne con hueso a la Patagonia sumó un nuevo capítulo esta semana, luego de que la jueza federal de Tierra del Fuego, Mariel Borruto, emitiera una aclaración que restringe los efectos de su reciente fallo judicial exclusivamente al territorio fueguino.
La medida inicial, que suspendía por 30 días la Resolución N° 460 del SENASA, había sido interpretada por distintos sectores como de alcance nacional. Sin embargo, este miércoles la magistrada aclaró que la decisión no anula la disposición del organismo sanitario, sino que se limita a su aplicación dentro de la provincia de Tierra del Fuego.
La aclaración dejó perplejos a los abogados de entidades rurales, quienes habían solicitado expresamente la nulidad absoluta de la normativa. Según indicaron, la jueza “se apartó del objeto del amparo” y adelantaron que analizan presentar un recurso de reposición para insistir en una interpretación más amplia del fallo.
Mientras tanto, organismos internacionales como la Unión Europea y Chile monitorean con atención el manejo sanitario de Argentina en la región patagónica, lo que podría repercutir directamente en las exportaciones de carne.
El proceso judicial también mostró algunas irregularidades procedimentales. El viernes pasado, el Juzgado había encomendado a la Sociedad Rural de Tierra del Fuego que notificara la sentencia al SENASA, una tarea que finalmente debió ser corregida el lunes por el secretario del juzgado, Ulises Ponte, quien reconoció que la notificación debía realizarse “por Secretaría”.
Este episodio generó desconcierto en los puestos de control del SENASA, que quedaron sin instrucciones claras para actuar ante el ingreso de camiones con carne del norte.
Riesgos para la producción fueguina
La propia jueza Borruto reconoció en su escrito que la medida judicial no protege automáticamente a los productores locales, ya que sus cargamentos, en tránsito internacional, deben pasar por territorio chileno. En ese contexto, advirtió que Chile podría rechazar los envíos si considera que la zona ha perdido su estatus sanitario.
“Tratándose de mercadería en tránsito internacional, esta queda sometida a las normas y controles del país de paso”, señaló la magistrada, dejando en evidencia que el problema trasciende la jurisdicción argentina y que sin una postura firme del SENASA, la situación de los productores fueguinos sigue siendo incierta.
La respuesta chilena
De hecho, el gobierno chileno ya tomó medidas concretas: mediante una resolución oficial, su Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) decidió cerrar sus fronteras a diversos productos patagónicos, citando que la aplicación de la Resolución 460 representa un “cambio en las condiciones evaluadas previamente”.
Esta suspensión incluye carnes bovinas, ovinas, porcinas y aviares, así como lácteos y derivados, que ahora no podrán ingresar a Chile salvo que provengan de una región que mantenga el estatus de “libre de fiebre aftosa sin vacunación”, condición que se considera alterada por la decisión del gobierno argentino.
La disposición chilena, que ya rige desde su publicación en el Diario Oficial, se ampara en las “medidas sanitarias de emergencia” autorizadas por la OMC.
Así, la controversia por el ingreso del asado con hueso a la Patagonia, lejos de aclararse, sigue escalando y pone en juego la confianza internacional en el sistema sanitario argentino, especialmente en un momento clave para los mercados exportadores.
