El deterioro de la Ruta Nacional 151 volvió a quedar en el centro del debate público tras el fallo del juez federal Hugo Greca, quien declaró admisible el amparo colectivo presentado por el gobernador Alberto Weretilneck junto a intendentes y cámaras empresariales de Río Negro. La medida abre la vía judicial para que se realice un relevamiento técnico sobre los tramos más críticos de la traza, ante los reiterados reclamos por accidentes y la falta de obras.
Greca sostuvo que el “presunto alto estado de deterioro de la ruta 151 no sería en absoluto hipotético”, y subrayó que la omisión de mantenimiento podría generar daños irreversibles. En ese marco, ordenó pericias y reconocimientos sobre el terreno. Las medidas cautelares solicitadas incluyen señalización inmediata, bacheo provisorio y la elaboración de un plan de obras con presupuesto definido.
Desde el Gobierno provincial destacaron la decisión judicial como un avance en la exigencia de respuestas al Estado Nacional y a Vialidad. “No vamos a permitir que la desidia nacional siga poniendo en riesgo vidas humanas”, afirmó Weretilneck, quien remarcó que “Río Negro no pide privilegios, exige lo que corresponde: rutas seguras, inversión y respeto por nuestra gente”.
La discusión también escaló en el plano político. El presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, cuestionó duramente a la Nación: “Excusas y más excusas, sólo eso obtenemos de Buenos Aires que abandona a Río Negro. Las rutas no se abandonan, se cuidan. Abandonar las rutas es abandonar a nuestra gente”.
El legislador señaló además la contradicción de que un candidato a senador por el oficialismo nacional haya sido el responsable de Vialidad en los últimos años: “Si en el Senado va a defender a los rionegrinos como lo hizo en su gestión, nuestros vecinos están en serios problemas. Esa designación es un reflejo de lo que le importamos a Nación”.
El conflicto por la Ruta 151 pone en evidencia la tensión entre la administración rionegrina y el Gobierno central, en un reclamo que mezcla la urgencia de la seguridad vial con el impacto económico que supone el deterioro de una de las principales vías de comunicación del Alto Valle y el norte provincial.
El fallo de Greca no resuelve de fondo la cuestión, pero instala un nuevo escenario en el que la Justicia obliga al Estado a dar respuestas concretas. Mientras tanto, los vecinos y automovilistas siguen circulando por una traza deteriorada que cada día incrementa los riesgos.
