(NOTI-RIO) La Comisión Nacional de Valores (CNV) oficializó la medida que permite a chicos desde los 13 años operar bonos y acciones. Si bien se busca la inclusión financiera, el sistema educativo aún corre por detrás: 8 de cada 10 jóvenes piden aprender finanzas en la escuela, pero hoy dependen casi exclusivamente de sus padres.
El Gobierno nacional, a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), dio luz verde definitiva a una medida que cambia las reglas del juego para el dinero de los adolescentes. Mediante la Resolución General 1023/2024, publicada recientemente en el Boletín Oficial, los menores de edad a partir de los 13 años ya están habilitados para invertir en el Mercado de Capitales. Esto significa que no solo podrán proteger sus ahorros en billeteras virtuales, sino que ahora podrán comprar y vender acciones, bonos, CEDEARs y suscribir Fondos Comunes de Inversión (FCI) de riesgo variable.
Hasta ahora, los jóvenes estaban limitados a los fondos money market (de bajo riesgo y liquidez inmediata) que ofrecen aplicaciones como Mercado Pago o Ualá. Con esta nueva normativa, se abre la puerta a instrumentos de renta variable, lo que implica la posibilidad de obtener mayores ganancias, pero asumiendo el riesgo real de perder capital si el mercado baja.
“Autonomía económica”: el argumento oficial
Roberto Silva, presidente de la CNV, defendió la medida señalando que el sistema necesitaba modernizarse para acompañar la realidad digital de los jóvenes.
“Creemos que el acceso temprano y guiado a herramientas de ahorro e inversión fomenta hábitos responsables, promueve autonomía económica y acerca a las nuevas generaciones a un mercado más moderno y participativo”, sostuvo el funcionario.
Según el comunicado del organismo, la norma busca reconocer la “autonomía progresiva” de los adolescentes, permitiéndoles administrar su patrimonio bajo un marco regulado, en lugar de empujarlos a la informalidad o a plataformas no reguladas (como las de criptoactivos fuera del radar local o sitios de apuestas).
La letra chica: cómo deben operar
La resolución es clara respecto a los salvaguardas: no es una “canilla libre”. Para que un menor de 13 a 17 años pueda comprar una acción de YPF o un bono del Tesoro, debe contar con la autorización de sus representantes legales.
- Cuenta Comitente: Los padres o tutores deben solicitar la apertura de una subcuenta en un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC).
- Declaración Jurada: Se exige una declaración jurada con los datos del adulto responsable, quien supervisará la operatoria.
- Límites: Aunque pueden operar instrumentos de renta variable, la normativa busca que el origen de los fondos sea lícito y trazable, generalmente vinculado a transferencias de los padres o ahorros propios justificados.
El dato preocupante: billeteras llenas, aulas vacías
La medida llega en un contexto de explosión digital. Según un informe reciente de Junior Achievement y la Universidad Torcuato Di Tella, el uso de billeteras virtuales en adolescentes pasó del 51% en 2022 al 89% en 2024. La exclusión financiera en esta franja etaria cayó drásticamente.
Sin embargo, la “alfabetización financiera” no creció al mismo ritmo. El mismo estudio revela una brecha educativa alarmante:
- El 79% de los adolescentes considera necesario recibir educación financiera en la escuela secundaria.
- Sin embargo, en la gran mayoría de las provincias no existe una asignatura obligatoria específica. Si bien la Ciudad de Buenos Aires implementó prácticas educativas y módulos financieros, a nivel nacional la Ley de Financiamiento Educativo no se traduce aún en una currícula uniforme.
En la práctica, los chicos se lanzan al mercado guiados por dos fuentes principales: sus padres (70%) e Internet/Influencers (52%).
Riesgos y desafíos
Expertos en educación y finanzas advierten que habilitar instrumentos volátiles (que pueden subir o bajar de precio bruscamente) sin una base teórica sólida en las escuelas expone a los menores a frustraciones tempranas o a comportamientos de “apuesta”.
“La CNV sigue profundizando la participación de nuevos actores sin desprotegerlos”, asegura el organismo oficial. No obstante, sin docentes capacitados ni horas cátedra dedicadas a explicar qué es un bono, una acción o el interés compuesto, la responsabilidad final recae, una vez más, exclusivamente en el seno familiar.
