(NOTI-RIO) La Fundación Chadileuvú (FuChad) encendió las alarmas ante la iniciativa del presidente Javier Milei, impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo, para que las provincias redefinan las zonas protegidas. En Mendoza, el Distrito Minero Malargüe ya aprobó decenas de proyectos de cobre que podrían afectar al río Grande, el corazón hídrico del Colorado.
La cuenca del río Colorado enfrenta una amenaza existencial que podría redefinir el mapa hídrico de la región. La Fundación Chadileuvú (FuChad) emitió este viernes un duro comunicado advirtiendo que la modificación de la Ley de Glaciares (26.639), anunciada por el Gobierno nacional, tiene un objetivo claro: desregular las zonas periglaciares para permitir el avance de la minería a gran escala en las nacientes del río Grande.
La advertencia llega apenas una semana después de que el presidente Javier Milei confirmara, en un discurso ante empresarios, su intención de enviar al Congreso un proyecto para “devolver el federalismo a las provincias”. En la práctica, esto permitiría que cada jurisdicción determine qué considera “zona periglaciar”, eliminando el estándar mínimo de protección nacional que hoy impide la actividad extractiva en estas reservas de agua estratégicas.
El “modelo Mendoza” y la presión por el cobre
La FuChad señaló directamente al gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, como el ideólogo de esta reforma. “La idea original de una ‘Ley de Periglaciares’ fue del gobernador mendocino”, recordaron desde la entidad.
El contexto no es casual. Mendoza avanza a paso firme con el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO). Tras la aprobación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para 34 proyectos de exploración de cobre, la provincia busca eliminar las trabas legales para la explotación.
“Milei expresa: ‘qué mejor que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar y de una vez por todas nos pongamos a aprovechar las riquezas naturales’”, citó la Fundación, criticando que esta visión económica ignora la función hidrológica de los Andes.
El Río Grande: la arteria en peligro
El punto crítico del conflicto es geográfico e hidrológico. En el departamento de Malargüe nace el río Grande, que se alimenta de los glaciares y ambientes periglaciares de Valle Hermoso, a 3.500 metros de altura.
Los datos técnicos respaldan la preocupación pampeana:
- El río Grande es el principal afluente del río Colorado.
- Aporta el 66% del caudal total de la cuenca.
- Sin este aporte, el Colorado se transformaría en un curso de agua intermitente o salinizado, inviable para el riego y el consumo en La Pampa y el sur bonaerense.
“En su cuenca se comenzarán a hacer decenas de exploraciones mineras en búsqueda de cobre y oro”, alertaron desde la FuChad. Si se modifica la definición de periglaciar (suelo congelado que regula el agua), las mineras podrían operar en zonas hoy vedadas, aumentando el riesgo de contaminación y afectación de las nacientes.
Un retroceso legal con historia
Desde la Fundación Chadileuvú recordaron que la protección actual de los glaciares ya fue ratificada por el máximo tribunal del país. En 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una demanda de Barrick Gold y la provincia de San Juan, quienes pretendían declarar inconstitucional la Ley 26.639.
En aquel fallo histórico, la Corte sentenció que las empresas “no habían demostrado que el sistema de preservación de los glaciares les generase algún tipo de daño”, priorizando el derecho al agua sobre el derecho a la explotación minera. La nueva estrategia del oficialismo busca sortear ese fallo judicial mediante una nueva ley que delegue la autoridad de aplicación a las provincias mineras.
“Una provincia inviable”
El comunicado de la FuChad cierra con un tono dramático, exhortando al gobierno de La Pampa y a todas las fuerzas políticas a movilizarse. La entidad considera que la pasividad ante esta maniobra condenaría el futuro de la provincia.
“Las provincias que comparten el Colorado no podemos permanecer impasibles ante la maniobra que pondrá en peligro nuestras principales fuentes de agua para bebida y riego”, recalcaron.
La conclusión es tajante: “La Pampa, sin el Colorado, corre el riesgo de ser una provincia inviable”.
¿Qué puedo hacer por ti ahora?
Para complementar esta cobertura periodística, te ofrezco las siguientes opciones:
- Mapa Interactivo: Buscar y procesar coordenadas para graficar dónde se ubican los proyectos del “Distrito Minero Malargüe” en relación con el río Grande.
- Archivo Legal: Resumir los 3 puntos clave del fallo de la Corte Suprema de 2019 para un recuadro de “Antecedentes”.
- Fact-Checking Hídrico: Buscar los datos más recientes del COIRCO sobre el caudal actual del río Colorado para dimensionar la crisis hídrica vigente.
¿Qué se modificaría?
• La Ley de Glaciares actual prohíbe exploración y explotación minera en glaciares y zonas periglaciares.
• El proyecto mencionado permitiría que cada provincia defina qué áreas considera periglaciares.
• El temor principal es que esas definiciones flexibilicen los límites y liberen zonas para la actividad minera.
Un conflicto que no es nuevo
Ya en 2019, el intento de avanzar con proyectos mineros en zonas glaciares llegó hasta la Corte Suprema, que falló en defensa de la Ley de Glaciares y de la competencia nacional para regular estos territorios. Aquella decisión frenó el avance de empresas mineras y de sectores provinciales que consideraban la ley demasiado restrictiva.
Hoy, más de una década después de la sanción de la norma, la discusión vuelve a escena impulsada por discursos que defienden el “federalismo” y la necesidad de que las provincias decidan sobre sus propios recursos naturales.
Sin embargo, para organizaciones ambientales, esa lógica puede resultar peligrosa cuando el bien en cuestión -el agua- no conoce fronteras políticas y afecta directamente a varias provincias aguas abajo.
Un debate que recién empieza
Mientras Mendoza impulsa proyectos mineros en Malargüe y se prepara un eventual marco legal más flexible, otras provincias miran con preocupación. La discusión sobre cómo gestionar los glaciares y zonas periglaciares vuelve a mostrar la tensión entre desarrollo económico y protección ambiental.
La pregunta de fondo sigue abierta:
¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por explotar recursos minerales en lugares donde nace el agua que sostiene a regiones enteras?
