(NOTI-RIO) La Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, presentó ante la Legislatura su informe anual de gestión correspondiente al período 2024-2025, en coincidencia con los treinta años de existencia del organismo. El documento, que resume más de cinco mil doscientos trámites iniciados por vecinos de toda la provincia, ofrece un panorama detallado sobre los problemas que más afectan a la población y expone desafíos que contrastan con las prioridades del proyecto de Presupuesto Provincial 2026, actualmente en tratamiento legislativo.
El informe destaca que el setenta y tres coma cinco por ciento de los trámites iniciados ya fueron finalizados y, de ellos, más del noventa y un por ciento tuvieron una resolución favorable. Sin embargo, la magnitud y repetición de los reclamos dejan en evidencia déficits estructurales en áreas clave del Estado provincial.
Salud pública, el eje de mayor conflicto
La salud volvió a encabezar la lista de consultas y denuncias ciudadanas. Los casos vinculados a la atención sanitaria pública, al funcionamiento de la obra social provincial Ipross y a situaciones críticas en salud mental constituyeron el núcleo dominante de las intervenciones realizadas por la Defensoría.
Las principales dificultades señaladas incluyen demoras prolongadas en la entrega de medicamentos esenciales, atrasos en autorizaciones médicas y fallas en la provisión de prótesis e insumos quirúrgicos. En lo que respecta a Ipross, se observa una caída drástica en el nivel de cobertura real, que se ubica entre el nueve y el once por ciento, muy lejos de lo que establece la normativa provincial.
El área de salud mental presenta un panorama especialmente delicado. El informe registra cuatrocientas sesenta y una internaciones, de las cuales cuatrocientas catorce fueron involuntarias, muchas de ellas de menores de edad. La Defensoría advierte que, pese a algunos avances, todavía falta infraestructura especializada, personal y planificación integral para abordar estas problemáticas.
Tarifas y servicios públicos: un aumento de reclamos en toda la provincia
Los servicios públicos constituyen otro de los focos más conflictivos del período analizado. Usuarios de electricidad, gas y agua denunciaron incrementos extraordinarios en la facturación, segmentación tarifaria deficiente y errores en mediciones o estimaciones de consumo.
En el servicio eléctrico, más de la mitad de los reclamos se vincularon con aumentos inesperados y dificultades en la lectura. En gas, se registraron subas que en algunos casos superaron el cuatrocientos por ciento, lo que generó un fuerte impacto en los hogares y en pequeñas y medianas actividades económicas. En agua, casi la mitad de los planteos surgieron por facturación incorrecta y fallos en la medición.
La Defensoría remarcó la ausencia de gradualidad y equidad territorial en los ajustes tarifarios, una situación especialmente sensible en regiones con temperaturas extremas o menor infraestructura.
Usuarios y consumidores: estafas digitales y problemas bancarios
El organismo también alertó sobre el crecimiento sostenido de casos vinculados a débitos indebidos, créditos no solicitados y fallos en la atención bancaria. Las estafas digitales aumentaron de manera significativa y representan un porcentaje creciente de los trámites, afectando especialmente a personas mayores o con menor acceso a herramientas digitales.
Educación: infraestructura deficiente y necesidad de modernización ética
El informe incorpora un relevamiento de noventa y ocho edificios escolares donde se detectaron inconvenientes serios de mantenimiento: filtraciones, fallas en sistemas de calefacción, problemas estructurales y demoras en refacciones. También se registraron reclamos por falta de apertura de cursos y saturación en la matrícula en algunas localidades.
La Defensoría subraya la necesidad de una transformación profunda del sistema educativo, que incluya nuevas herramientas y directrices frente a los desafíos éticos que plantea la Inteligencia Artificial.
Modernización institucional y canales de atención
El organismo destacó avances en su propio proceso de modernización, entre ellos la digitalización de trámites, la implementación de nuevos canales de contacto y mejoras en áreas de comunicación y administración. El uso de mensajería digital se consolidó como una herramienta clave para el acceso rápido de la ciudadanía a mecanismos de reclamo.
Un informe que dialoga con el Presupuesto 2026
La presentación del informe coincide con el debate del Presupuesto Provincial 2026, que proyecta un gasto de tres coma tres billones de pesos y declara como prioridad la inversión en obras estratégicas, acompañada de un superávit financiero y la reducción de deuda pública.
Sin embargo, los datos aportados por la Defensoría plantean tensiones entre las prioridades de inversión y las urgencias sociales. Las falencias en salud, educación y servicios básicos evidencian la necesidad de que la ejecución presupuestaria se traduzca de manera efectiva en mejoras concretas para la población. El desafío para la administración provincial será equilibrar la apuesta por grandes obras con políticas que garanticen derechos fundamentales y atiendan las demandas más urgentes expresadas por los vecinos a lo largo de todo el territorio.
