(NOTI-RIO) El Gobierno provincial detectó que casi el 40% de los edificios públicos analizados pagaba tarifas incorrectas. La gestión ante las distribuidoras permitió optimizar recursos sin recortar servicios.
En un contexto donde la eficiencia fiscal y el control del gasto se han vuelto pilares de la agenda política, el Gobierno de Río Negro cerró el balance 2025 de su plan de Eficiencia Energética en el Estado.
El resultado es una cifra contundente: $38.349.930 de ahorro anual gracias a la corrección de categorías tarifarias en inmuebles públicos.
La medida, ejecutada a través de la Secretaría de Energía y Ambiente, no se basó en un ajuste tradicional, sino en una auditoría técnica y administrativa. El foco estuvo puesto en los usuarios de categoría T2 (Medianas Demandas), donde se detectaron desajustes entre la potencia contratada y el consumo real.
De los 66 edificios estatales relevados inicialmente, la inspección técnica arrojó que 24 de ellos estaban mal encuadrados. Esto significa que el Estado rionegrino estaba abonando cargos fijos por una capacidad energética que no utilizaba o, en su defecto, mantenía contratos obsoletos con la distribuidora EDERSA.
El secretario de Energía Eléctrica, Néstor Pérez, fue claro al respecto: “No se trata solo de apagar las luces, sino de pagar lo que corresponde. Los resultados fueron alentadores y demuestran el valor de revisar las categorías para hacer más eficiente el gasto público”.
| Concepto | Cifras Oficiales |
| Total de edificios auditados | 66 |
| Inmuebles con reencuadre correcto | 42 |
| Inmuebles con facturación incorrecta | 24 |
| Ahorro total anualizado | $38.349.930 |
La estrategia rionegrina marca un cambio de paradigma en la administración de los recursos. Lejos de ser una acción aislada, el monitoreo es mensual y permanente. Este seguimiento permite detectar desviaciones en tiempo real y gestionar ante las distribuidoras las recategorizaciones necesarias antes de que los sobrecostos se acumulen.
Desde el entorno de la Gobernación señalan que este proceso es la consolidación de un camino iniciado en 2024. La meta para 2026 es ambiciosa: incorporar nuevos organismos estatales y empresas públicas al esquema de seguimiento, ampliando la cobertura de la auditoría a todos los puntos de consumo de la provincia.
Para la administración actual, este ahorro de más de $38 millones funciona como un activo político frente a la demanda social de transparencia. En un escenario nacional de quita de subsidios y aumentos tarifarios, que la provincia logre reducir su factura eléctrica mediante gestión inteligente le permite aliviar la presión sobre el presupuesto general sin afectar la operatividad de hospitales, escuelas o ministerios.
