(NOTI-RIO) El gobernador anunció que en 2026 comenzará la reforma del reparto tributario con los intendentes. El objetivo: actualizar los índices con el Censo 2022 para favorecer a distritos como Dina Huapi y El Bolsón, pero diseñando un blindaje financiero para que Viedma y Villa Regina no pierdan recursos masivos de golpe.
El gobernador Alberto Weretilneck puso fecha límite a uno de los temas más sensibles y postergados de la gestión provincial: la redistribución de la coparticipación federal y provincial a los municipios.
En una declaración pública realizada durante un acto de licitación en Dina Huapi, el mandatario confirmó que convocará a los 33 intendentes de Río Negro en febrero para presentar un proyecto de “actualización de los índices” que el Ejecutivo elevará posteriormente a la Legislatura.
La medida busca corregir una distorsión de dos décadas: los porcentajes con los que se reparten los fondos se congelaron en un contexto poblacional muy diferente al actual.
Sin embargo, la corrección técnica encierra un alto riesgo político, ya que el gobierno deberá sortear el conflicto con los municipios que, de un día para el otro, verían reducida su porción de la torta fiscal.
La batalla de los números: ganadores y perdedores El debate se enciende tras los datos definitivos del Censo 2022, que mostraron un crecimiento desparejo en el territorio rionegrino.
Según el Ministerio de Hacienda, en 2025 se distribuyó una masa coparticipable histórica, cercana a los 276.361 millones de pesos (sumando impuestos nacionales, provinciales y regalías), pero el reparto de ese dinero sigue respondedores de hace 20 años.
La propuesta del Gobierno busca aplicar justicia tributaria para comunas que tuvieron un “crecimiento exponencial”, como calificó Weretilneck.
Es el caso de Dina Huapi, que aumentó su población más de un 36% en la última década, o El Bolsón, que superó el 33% y se consolidó como el centro urbano de mayor dinamismo en la cordillera.
También Fernández Oro, con un incremento superior al 21%, reclama desde hace años una cuota acorde a su realidad demográfica y de servicios que debe brindar.
Pero la aritmética fiscal es implacable: para que unos ganen, otros deben ceder. Las proyecciones oficiales indican que grandes centros urbanos como Viedma y Villa Regina serían los más perjudicados si solo se aplica el criterio poblacional.
La capital provincial creció apenas un 7,6% (menos de la mitad de la media provincial del 17,4%), mientras que Regina rondó el 9%.
La estrategia del “blindaje” temporal Consciente de que un recorte abrupto podría colapsar las finanzas de las cabeceras departamentales, Weretilneck adelantó que la reforma incluirá mecanismos de compensación.
“Con el nuevo Censo, hay municipios que percibirían menos y hay municipios que percibirían más. El punto es cómo atenuamos el impacto sobre los que van a percibir menos”, analizó el mandatario, quien trabaja en el articulado junto al ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez.
Fuentes oficiales indicaron que se evalúa la creación de un Fondo de Convergencia o una compensación temporal del tesoro provincial.
Esto implica que el Estado provincial inyectará recursos extra para suavizar la caída en los municipios “perdedores”, permitiendo una transición gradual de varios años hasta que los nuevos índices se apliquen al 100%.
La necesidad de actualizar la coparticipación es una deuda democrática que el propio gobernador había admitido como una prioridad en su discurso de apertura de sesiones legislativas en marzo pasado. Sin embargo, las urgencias electorales y la complejidad política del año anterior postergaron la discusión.
Durante el acto en Dina Huapi, donde compartió mesa con el intendente Hugo Cobarrubia -uno de los jefes comunales que más presionaron por el cambio-, Weretilneck marcó el calendario político para el año entrante: primero el diálogo político con los intendentes en febrero y luego el envío del proyecto a las comisiones de Hacienda y Asuntos Municipales de la Legislatura.
El desafío del gobernador será encontrar el equilibrio necesario para no desatar un conflicto con los intendentes de las ciudades más grandes, quienes ya han advertido que cualquier pérdida de recursos coparticipables impactará directamente en los servicios a la población, en un contexto donde las inflación municipales también erosionan los presupuestos locales.
