El archivo legislativo que complica la candidatura de María Emilia Soria a la gobernación

(NOTI-RIO) Con la carrera hacia la gobernación de Río Negro ya lanzada en forma, la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, enfrenta un flanco incómodo que sus adversarios no están dispuestos a dejar pasar. Un registro del Congreso de la Nación de noviembre de 2016 circula con renovada intensidad en los últimos días y abre un debate que promete instalarse en la agenda de la campaña que viene.

La sesión en cuestión tuvo lugar el 23 de noviembre de ese año en la Cámara de Diputados. En el recinto se debatía el Orden del Día N° 924, una reforma a la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad cuyo corazón era la eliminación de beneficios como salidas transitorias, semilibertad y libertad condicional para condenados por delitos graves contra la integridad sexual, garantizando la prisión efectiva para violadores.

La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría. Sin embargo, 69 diputados votaron en contra. Entre ellos figura, según los registros oficiales disponibles en el sistema de votaciones de la Cámara de Diputados, el nombre de María Emilia Soria.

En aquella votación la entonces legisladora del Frente para la Victoria rionegrino acompañó a figuras del kirchnerismo duro, la izquierda, Libres del Sur y el socialismo, en un bloque que quedó en minoría frente al resultado final.

Ese dato, que había permanecido en el archivo, volvió a la superficie en los últimos días en el contexto de la discusión en torno a la candidatura de Myriam Bregman y el caso Agostina Vega, cuando medios de alcance nacional repasaron la nómina completa de los 69 votos negativos. El nombre de Soria apareció en esa lista, y a partir de ahí comenzó a circular en la política provincial.

Un voto registrado en los archivos oficiales del Congreso coloca a la intendenta de General Roca en la misma nómina que Máximo Kirchner, Wado de Pedro y Myriam Bregman al momento de rechazar la prisión efectiva para condenados por delitos sexuales.

El dato adquiere peso político específico porque Soria ya confirmó que será candidata a gobernadora de Río Negro en 2027. Lo hizo sin ambigüedades. “Voy a ser candidata”, dijo en una entrevista reciente con el Diario Río Negro, donde planteó su objetivo de “transformar Río Negro” y representar a todos los rionegrinos. Su hermano Martín, senador nacional y principal articulador del armado peronista provincial, fue más directo aún cuando dijo estar “pavimentando el camino para llegar a Viedma”.

En ese escenario de prelanzamiento, el antecedente legislativo llega en el peor momento. La seguridad ciudadana se consolidó como una de las principales preocupaciones del electorado rionegrino y nacional, y cualquier historial que pueda leerse como garantismo en materia penal se convierte en munición política de fácil uso.

Sus detractores no tardaron en señalar la contradicción que perciben entre ese voto de 2016 y el perfil que Soria intenta construir hoy, que incluye apelaciones al feminismo y a la defensa de derechos humanos como ejes de su discurso de campaña.

La lectura política de los sectores críticos es directa: quien hoy se presenta como la alternativa progresista al dominio de Juntos Somos Río Negro avaló, en los hechos, que los condenados por delitos sexuales graves pudieran acceder a beneficios penitenciarios.

El argumento técnico-jurídico que en 2016 esgrimían los opositores a esa reforma, centrado en garantías constitucionales y en evitar el punitivismo, tiene escaso rendimiento electoral en un contexto donde la demanda social de seguridad domina la conversación política.

La intendenta tampoco llega a este debate desde una posición de fortaleza en su propio territorio. La oposición en General Roca viene señalando que la gestión municipal acumula tres ejercicios deficitarios en cuatro años de gobierno. El presupuesto 2026 recibió críticas por trasladar costos a los vecinos a través de contribuciones de mejoras que se dispararon un 8.900 por ciento respecto al año anterior. Desde las filas del oficialismo provincial, el ministro de Desarrollo Económico de Río Negro, Carlos Banacloy, diagnosticó que la administración Soria produjo “mucho Estado y poco desarrollo económico” y que Roca perdió tiempo valioso.

Con todo ese escenario sobre la mesa, el peronismo rionegrino de todos modos avanza detrás de su candidata. El armado incluye al sorismo, sectores de Patria Grande y referentes vinculados a Patria y Futuro. La unidad alcanzada tras el buen resultado en las legislativas de octubre pasado —tres bancas entre Senado y Diputados— funcionó como cemento del espacio, aunque persisten tensiones en la distribución de lugares y en el rol de las distintas corrientes internas.

Lo que cambia ahora es que la oposición tiene un argumento concreto, verificable en fuente oficial, para instalar una narrativa sobre la coherencia de la dirigente. En política, los archivos no prescriben. Y en una provincia donde la hegemonía del oficialismo de Weretilneck se sostiene desde hace más de una década, cualquier flanco que debilite la construcción del peronismo será explotado sin piedad.

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