La Cámara de Diputados vivió este miércoles una jornada tensa y desbordada en la primera audiencia presencial por el proyecto que modifica la Ley de Glaciares (26.639), que ya cuenta con media sanción del Senado. Con más de 100.000 inscriptos, las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales definieron un formato restrictivo: apenas 200 ponencias en vivo, presenciales y virtuales, dejando afuera a la abrumadora mayoría de los ciudadanos que querían participar. Infobae El resultado fue una audiencia cargada de gritos, interrupciones, cruces políticos, acusaciones y una impugnación formal presentada antes de que arrancara el debate.
Una audiencia que nació cuestionada
Antes de que comenzaran las exposiciones, un grupo de diputados opositores presentó una impugnación formal. Encabezada por Maximiliano Ferraro y firmada por Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brügge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías, el escrito sostiene que el proceso resulta inválido por una serie de graves irregularidades en la metodología adoptada, que restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Ámbito
“Estamos frente a una audiencia pública que se transformó en una farsa. Hay más de 100.000 personas inscriptas para opinar sobre un tema de enorme relevancia y en lugar de garantizar la escucha, La Libertad Avanza eligió limitar la participación al 0,3% y silenciar las voces”, afirmó Ferraro. Los legisladores dejaron asentada también la posibilidad de acudir a la Justicia si persisten las restricciones.
Al abrir la sesión, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, defendió el formato y aclaró que todas las presentaciones escritas y en video formarían parte del expediente con igual tratamiento. Sobre la impugnación, dijo que se le daría curso por los canales administrativos correspondientes, y precisó que las presentaciones judiciales previas “han sido todas rechazadas”. Sin embargo, anunció un recorte adicional que encendió los ánimos: el tiempo de exposición pasaría de cinco a cuatro minutos por orador, lo que provocó un estallido de protestas en la sala.
El primer desbande
No llevaba una hora la audiencia cuando el orden se quebró por primera vez. Tras la encendida intervención de César Rolando Flores, de la organización Resistencia Diaguita —oriundo de Andalgalá, Catamarca—, quien advirtió que “podrán dictar todas las leyes que quieran, pero por Andalgalá no van a pasar”, un grupo de diputadas de Unión por la Patria encabezadas por Paula Penacca, Lucía Cámpora, Gabriela Estévez y Sabrina Selva se acercó al estrado para reclamar que había personas que no podían ingresar. El presidente de la Comisión de Recursos Naturales, José Peluc, intentó contener la situación entre cruces y acusaciones, hasta que finalmente se acordó que Mayoraz acompañara a las legisladoras para resolver el conflicto en el acceso. Afuera, mientras tanto, una multitud se había concentrado frente al Congreso con sillas y pancartas exigiendo protección para los glaciares.
Voces contra la reforma: agua, federalismo y derechos
Entre los expositores que rechazaron el proyecto, la exdiputada Marta Maffei, autora de la ley original de 2010, fue una de las voces más contundentes. Definió el proyecto como “absolutamente regresivo” y cuestionó la modalidad de la audiencia: tras señalar que más del 99% de los inscriptos quedaron afuera, cruzó al diputado oficialista Alejandro Fargosi, quien la interrumpió, con una respuesta fulminante: “Lea, instrúyase porque va a votar cualquier cosa”. Maffei advirtió que la reforma “no tiene presupuestos mínimos, viola el Convenio 169 de la OIT” y tiene “una fachada de federalismo” que en la práctica habilita la discrecionalidad provincial sobre el agua. Antes de concluir, anunció que se reserva el derecho de iniciar acciones legales.
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, también tomó la palabra y alertó que “el agua no es una mercancía, es un derecho y este derecho se le quiere quitar al pueblo”. Denunció que la convocatoria viola el Acuerdo de Escazú y señaló que hay “una presión del gobierno de los Estados Unidos” detrás de la iniciativa. “Por favor piensen cuando voten qué votan”, concluyó.
La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, tuvo una intervención confrontativa: se acercó al estrado portando una pila de inscripciones impresas que depositó frente a Mayoraz y Peluc, acusó al titular de Asuntos Constitucionales de “caradurez” y expresó sentir “escozor y angustia” ante el avance del proyecto. “Les pedimos por una razón humana que no avancen con esto porque esto es irreversible”, cerró.
La secretaria de Ambiente de La Pampa, Vanina Basso, advirtió que en su provincia el 70% de la población depende del río Colorado, “alimentado por ambientes glaciares y periglaciares en la cordillera de Mendoza”, y recordó el caso del río Atuel como “una historia de decisiones unilaterales aguas arriba que generaron desertificación y desplazamiento de poblaciones”. “La Pampa rechaza la modificación de la Ley de Glaciares, porque sin agua no hay presente ni futuro”, afirmó.
El abogado ambientalista Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, calificó la jornada como “la audiencia pública más loca del mundo”, señaló que “101 mil personas quedaron afuera” y apuntó contra empresas como Glencore, BlackRock, BHP y Río Tinto como principales beneficiarias de la reforma. Además, acusó a la senadora salteña Flavia Royón de tener “una consultora que asesora a Río Tinto” y anunció que la denunciará penalmente este jueves “por incompatibilidad en la función pública”. Desde el entorno de la senadora, que responde al gobernador Gustavo Sáenz, se respondió que esas afirmaciones “carecen de sustento probatorio” y que Royón “no posee vínculo alguno” con dicha empresa, aunque fuentes del Senado confirmaron que la consultora en cuestión —Zelandez— efectivamente contó con sus servicios, de los que habría renunciado el 9 de diciembre de 2025, antes de asumir la banca.
El director de Greenpeace Argentina, Diego Salas, fue otro de los críticos de fondo: “Las provincias pueden tener potestad sobre los cuerpos de hielo, pero el recurso del agua es del país porque los ríos atraviesan muchas provincias y de ellos viven más de 7 millones de personas”. Juan Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, fue más directo: “El proyecto busca seguridad jurídica para los inversores, no para la población” y sostuvo que la única consecuencia serán “cientos de demandas y un litigio abierto por mucho tiempo”.
El exsenador y exfuncionario del área de Ciencia y Tecnología del Frente de Todos Daniel Filmus, presente en el Anexo C, recordó que la Ley de Glaciares fue votada por unanimidad y avalada por la Corte Suprema: “No vamos a permitir que la minería arrase con las reservas estratégicas de agua”.
Las voces a favor: federalismo productivo y seguridad jurídica
Desde el otro lado del debate, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Emilio Fernández, respaldó la reforma en nombre del gobernador Marcelo Orrego —lo que despertó abucheos— y rechazó la “falsa dicotomía entre minería y agua”. Argumentó que en su provincia el 81% del agua se consume en agricultura, el 16% en uso humano y solo el 3% en concesiones mineras, y que la minería está contribuyendo a mejorar la infraestructura de riego que el kirchnerismo habría abandonado por veinte años. Roberto Moreno, secretario de Gestión Ambiental y Control Minero de la misma provincia, aportó la dimensión técnica: aclaró que “el ambiente glaciar no está en discusión su protección”, pero sostuvo que la significancia hídrica del ambiente periglacial debe demostrarse mediante estudios específicos. “No se trata de proteger menos, sino de proteger mejor”, resumió.
El glaciólogo Gabriel Cabrera, exintegrante del IANIGLA, sumó argumentos técnicos a favor de la modificación: afirmó que “la ley es defectuosa” porque “el ambiente periglacial está mal definido, directamente no está definido, es abstracto jurídicamente”. Fernando Godoy Carrizo, presidente de Caprimsa —que nuclea más de 300 empresas mineras de San Juan— pidió a los diputados que “no dejemos pasar esta oportunidad única” y sostuvo que la reforma puede dar seguridad jurídica a las inversiones sin afectar los glaciares. En el oficialismo reconocen que el cambio de la norma es necesario para habilitar proyectos que están esperando para ingresar al RIGI. Infobae
Un clima que no cedió
A lo largo de más de siete horas, la sala no encontró calma. Uno de los picos de tensión involucró a la diputada libertaria Karen Reichardt, quien, durante la exposición de la ambientalista chubutense Flavia Broffoni, le espetó en tono chicanero: “¿Por qué no te tomás una pastillita?”. Broffoni lo expuso públicamente al final de su intervención y otras expositoras lo confirmaron. Horas después, Reichardt salió a defenderse en redes sociales acusando a sus críticos de “recurrir a la violencia cuando no tienen argumentos”.
Pasadas las 16.30, el desorden volvió al acceso del Anexo C cuando varios expositores que habían salido a buscar algo de comer no pudieron reingresar. Los diputados del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño y Romina Del Plá se sumaron al tumulto hasta que se reestableció el orden. Las autoridades del plenario implementaron entonces un sistema de pulseras rotativas para controlar el aforo.
La segunda jornada, con exposiciones virtuales, se realizará este jueves 26 de marzo. El debate legislativo continúa, con la votación en el recinto como horizonte inmediato y un conflicto judicial y político que ya no tiene marcha atrás.
