(NOTI-RIO) La capital provincial será sede de un hecho sin precedentes en la historia judicial de la región. El próximo lunes 16 de marzo, la cúpula judicial buscará determinar las responsabilidades de más de un centenar de agentes acusados de falsear licencias laborales.
El Auditorio del Poder Judicial de Viedma se prepara para una jornada que quedará grabada en los registros tribunales.
A las 10:00 horas, se dará inicio a la audiencia de formulación de cargos contra 128 efectivos de la Policía de Río Negro, señalados por integrar una red de defraudación basada en la presentación de certificados médicos falsos para obtener licencias de salud improcedentes.
Lo que comenzó como una investigación focalizada por el fiscal Juan Pedro Peralta sobre tres agentes, terminó destapando una olla de irregularidades sistémicas.
La magnitud del fraude obligó a la creación de un equipo fiscal de refuerzo, integrado por Mariana Giammona y Francisco Marano (Fiscalía N°8) junto a Candelaria Molineaux (Fiscalía N°7), quienes procesaron un volumen de pruebas que vincula a los uniformados con diagnósticos apócrifos.
La denuncia inicial fue impulsada directamente por el gobernador Alberto Weretilneck, quien junto al fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y el adjunto Luciano Minetti Kern, se presentaron como querellantes con el patrocinio de Federico Rosbaco.
El objetivo político y judicial es claro: sanear las cuentas públicas y castigar el perjuicio contra la administración provincial.
La ruta del dinero y los diagnósticos
La investigación no se limitó a la simple detección de los certificados. La fiscalía implementó una estrategia de cotejo de información financiera que resultó clave.
Se analizaron informes bancarios de diversos profesionales de la salud, detectando movimientos de dinero que coincidirían con los pagos realizados por los efectivos a cambio de los falsos diagnósticos.
Este engranaje delictivo no solo afecta la operatividad de la fuerza policial, sino que supone un desvío de fondos públicos destinados a salarios de agentes que, en teoría, estaban incapacitados para prestar servicio.
Logística y defensa técnica
Dada la cantidad inédita de imputados, el juez a cargo, Adrián Dvorzak, dispuso una modalidad mixta. Si bien el Auditorio estará operativo, gran parte de los acusados y sus abogados defensores se conectarán vía Zoom.
Esta medida responde no solo a la capacidad física de la sala, sino a que muchos de los policías residen en distintos puntos del territorio rionegrino.
El despliegue defensivo será igualmente masivo. Se espera la participación de más de veinte defensores oficiales y abogados particulares de renombre, entre ellos:
- Oscar Pineda y Fernando Ramoa: Reconocidos por su intervención en casos de alto perfil, como la defensa de Alejandro Gattoni en la causa Mandagaray.
- Nicolás Suárez Colmán: El abogado vinculado al sector libertario, quien también asumirá la representación de varios de los implicados.
La sociedad rionegrina observa con atención este proceso. No se trata solo de un caso de ausentismo laboral, sino de un presunto delito de fraude a la administración pública en una de las instituciones más sensibles del Estado.
La audiencia del 16 de marzo será el primer paso para determinar cuántos de estos 128 policías enfrentarán un juicio oral y qué consecuencias tendrá para la estructura de seguridad de la provincia.