(NOTI-RIO) Un proyecto de ley propone reformar el Código Contravencional para que el acoso escolar deje de ser un problema puertas adentro de la escuela.
La Justicia de Paz podrá intervenir directamente y aplicar sanciones económicas y comunitarias a los tutores que no se involucren.
El giro normativo: de la amonestación a la sanción legal
La Legislatura de Río Negro tiene sobre la mesa una iniciativa que promete cambiar las reglas del juego en la convivencia escolar. Los legisladores Javier Acevedo y Roberta Scavo (CC ARI) impulsan una reforma a la Ley N° 5592 (Código Contravencional) para incluir formalmente al acoso escolar como una contravención.
El objetivo es claro: trasladar la responsabilidad legal a los adultos. Si el entorno pedagógico no alcanza para frenar la violencia, la Justicia de Paz entrará en acción para garantizar que los padres o tutores asuman un rol activo en la corrección de las conductas de sus hijos.
¿Qué propone el proyecto? Puntos clave
La normativa busca dotar al sistema de herramientas que hoy las escuelas, desbordadas por la conflictividad, no poseen:
- Intervención directa: Los familiares de la víctima o la institución educativa podrán acudir a un Juez de Paz sin necesidad de una denuncia policial previa (siempre que no se trate de delitos penales).
- Sanciones progresivas: Si los tutores ignoran los protocolos escolares o las directivas del juez, se aplicarán:
- Amonestaciones.
- Asistencia obligatoria a cursos de formación y prevención.
- Trabajos comunitarios.
- Multas económicas que, según la gravedad y persistencia, podrían alcanzar montos millonarios.
- Destino de los fondos: Todo lo recaudado por multas será transferido a los Organismos Proteccionales de Niñez y Adolescencia para financiar campañas de concientización.
Un contexto alarmante: la sombra de las amenazas
La urgencia del proyecto no es casual. El texto advierte que la violencia áulica ya no puede ser “banalizada ni naturalizada”.
El fundamento principal conecta esta problemática con la actualidad nacional, donde las amenazas de ataques armados en escuelas han encendido las alarmas.
“No se trata de un mero juego de bromas ni de ‘cosas de chicos’. Estamos ante conductas agresivas e intencionales que buscan someter y dañar”, argumentan los autores del proyecto.
El antecedente del estudiante en Santa Fe (víctima de bullying que terminó en un episodio trágico) sirve como recordatorio de que el acoso escolar es, en muchos casos, la antesala de incidentes de violencia mayor que paralizan el normal desarrollo de las clases y generan psicosis en la comunidad educativa.
Definición de Bullying según la propuesta
Para evitar ambigüedades legales, el proyecto incorpora una definición técnica:
“Una conducta agresiva, violenta, intencional y repetitiva, verbal, física o psicológica contra un estudiante al que busca intimidar, someter y dañar su autoestima, generando inseguridad y miedo en el entorno escolar”.
Con este marco, Río Negro intenta dar una respuesta institucional a un fenómeno que, hasta ahora, parecía quedar atrapado en el limbo de la “buena voluntad” de las familias y la capacidad limitada de los docentes.
De aprobarse, el bolsillo y la responsabilidad legal de los padres serán los nuevos límites del acoso en las aulas.
