(NORI-RIO) El Poder Ejecutivo firmó la Ley N° 5.855, que responsabiliza económicamente a los conductores que provoquen accidentes bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.
También alcanza a quienes cometan infracciones graves al volante. La norma ya tiene vigencia y aguarda reglamentación.
El gobernador Alberto Weretilneck promulgó esta semana la Ley N° 5.855, que obliga a los conductores responsables de siniestros viales a reintegrar al Estado provincial los gastos de atención médica generados a partir del accidente, cuando esos costos no sean cubiertos por obras sociales o compañías aseguradoras.
La norma, impulsada desde la Legislatura y sancionada con debate, convierte a Río Negro en una de las pocas provincias del país en avanzar con este tipo de mecanismo de recupero de fondos públicos.
Una ley con largo recorrido legislativo
El proyecto había obtenido su primera sanción en una sesión extraordinaria celebrada en diciembre de 2025. Meses después, en la segunda vuelta legislativa obtuvo 24 votos a favor y 17 en contra.
La iniciativa fue presentada por el legislador Fernando Frugoni, del bloque CC ARI Cambiemos, y refleja una discusión que viene ganando terreno en distintas jurisdicciones del país en torno a la responsabilidad económica de quienes ponen en riesgo la vida ajena al volante.
Quiénes quedan alcanzados por la norma
La ley establece que los conductores que hayan ocasionado un siniestro vial bajo los efectos del alcohol o estupefacientes deberán reintegrar al Estado los gastos en que este haya incurrido para la atención médica y asistencial, tanto del propio conductor como de los terceros afectados.
Pero la norma va más allá del consumo de sustancias. Entre las conductas consideradas irregulares graves también se incluyen no respetar la luz roja del semáforo, conducir a mayor velocidad de la máxima legal permitida o de forma temeraria, y conducir sin licencia vigente.
En todos estos casos, la obligación de reintegro se activa únicamente cuando obras sociales o seguros no cubran los gastos.
Es decir, el Estado no busca cobrar dos veces, sino recuperar lo que efectivamente erogó del bolsillo público.
El Ministerio de Salud, a cargo del recupero
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud, que contará con facultades para avanzar judicialmente en caso de incumplimiento.
La norma se apoya en un mecanismo ya probado por la misma cartera: la ley N° 5.754, que habilitó al Ministerio a recuperar deudas de obras sociales mediante presentaciones judiciales.
Bajo ese mismo esquema, una vez vencido el plazo de pago voluntario, la autoridad de aplicación podrá emitir una certificación de deuda que tendrá carácter de título ejecutivo.
Capacitación obligatoria como parte de la sanción
Junto al reintegro económico, la ley incorpora una dimensión educativa. Quien haya provocado el siniestro y requirido atención del sistema público de salud deberá realizar una capacitación en seguridad vial, cuyo contenido será determinado por la autoridad de aplicación al momento de reglamentar la norma.
El destino del dinero recuperado
Uno de los aspectos más destacados de la ley es el destino que se le dará a los fondos obtenidos. El 20% de los recursos recuperados se distribuirá de la siguiente manera: el 10% irá a programas oficiales de prevención y concientización en seguridad vial, y el otro 10% se destinará como aporte no reintegrable a organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto esté directamente relacionado con la seguridad vial.
El diagnóstico que motivó la ley
En sus fundamentos ante la Legislatura, Frugoni trazó un cuadro preocupante. En la Argentina, las muertes viales representaron entre 2014 y 2019 la categoría con mayor cantidad de víctimas en el país, con una tasa promedio de 10,26 fallecidos por cada 100.000 habitantes, por encima del suicidio y los homicidios. En el caso de Río Negro, los datos ubican a la provincia con una tasa de 10,80 puntos, por encima de la media nacional.
El legislador también citó un relevamiento local: un informe del Observatorio de Consumos Problemáticos del año 2021 detectó que, en una muestra de 734 conductores, 139 presentaban marcados índices de alcohol en sangre, y que los siniestros se concentran mayoritariamente los fines de semana.
A nivel global, los números no son menos contundentes. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se pierden 1,35 millones de vidas en siniestros viales, y sus consecuencias económicas representan entre el 2 y el 7% del PBI de los países.
Un modelo que ya existe en la región
Con esta ley, Río Negro se suma a otras jurisdicciones como Neuquén, donde los conductores alcoholizados que provoquen accidentes ya deben hacerse cargo de los gastos que origine la emergencia. La tendencia apunta a romper con la lógica de que los costos del comportamiento irresponsable al volante recaigan exclusivamente sobre el erario público y las víctimas.
La norma ya tiene vigencia jurídica, aunque su aplicación efectiva dependerá de la reglamentación que elabore el Poder Ejecutivo, que establecerá plazos, nomencladores de costos y los mecanismos concretos de cobro.
